A medida que se acerca la fecha del 9 de noviembre va tomando forma en Madrid la idea de suspender la autonomía de Cataluña. El artículo 155 de la Constitución Española advierte que el gobierno español puede actuar en esta línea, en caso de que una Comunidad Autónoma “atente gravemente al interés general de España”, y ya hace tiempo que la idea les ronda por la cabeza y que la ven como la única posibilidad de detener el proceso catalán. Hay que tener en cuenta que para la mentalidad de una democracia totalitaria como la española, la suspensión de la autonomía catalana pondría las cosas en su sitio. Sería una solución ruidosa, ciertamente, pero inevitable dado el grado de “insolencia” al que consideran que ha llegado Cataluña. “Los ponemos de rodillas y se las pasará la tontería”, piensan. Y es que, desde su punto de vista, la autonomía es algo demasiado peligroso como para dejarla en manos insumisas.
Rebajar de categoría a una nación como Cataluña, por otra parte, dejándola incluso al mismo nivel que Ceuta y Melilla, es una tentación muy fuerte para el gobierno español, ya que satisfaría dos pulsiones: una, dar un golpe de efecto autoritario que presentara el PP como un partido capaz de demostrar que “con nosotros no se juega”; y dos, tener una excusa para humillar a Cataluña, que es lo que siempre, llueva o nieve, les pide el cuerpo. Sobre esto último, sin embargo, deberían reflexionar, porque es la viva expresión de un complejo de inferioridad: si verdaderamente fuéramos una pulga, como pretenden, ¿qué placer encontrarían en humillarnos?
Así las cosas, es prácticamente imposible que España escuche las continuas peticiones de respeto al Parlamento catalán que le hace el presidente Mas, pero hace bien en hacerlas porque muestran al mundo el absolutismo del régimen y proveen de razones democráticas las medidas que pueda tomar Cataluña, ya sea celebrando la consulta de acuerdo con su propia ley o convocando unas elecciones plebiscitarias que comporten una Declaración Unilateral de Independencia. España, además, ha tenido la mala suerte de que el modélico referéndum escocés ha puesto en evidencia el abismo que separa británicos y españoles en cultura democrática.
Por eso España no se da cuenta de que ha terminado cerrándose todas las puertas y que ya no puede dar marcha atrás; no se da cuenta de que ha llegado demasiado lejos en las amenazas contra la consulta para poder cambiar de parecer y autorizarla. El orgullo castellano viviría algo así como una humillación. Lo único que podría servirle de coartada ante los suyos -aparte de una quimérica resolución del Tribunal Constitucional-, sería que la decisión le viniera impuesta por Europa. Pero es difícil que Europa, aunque lo hiciera, quisiera que se supiera. Además, ya he explicado aquí muchas veces que hay tres razones supremas por las que España -siempre desde su óptica- no puede permitir la consulta: la primera, porque está convencida de que la pierde; la segunda, porque establecería un precedente de proporciones incalculables; y la tercera, porque significaría reconocer que Cataluña es una nación de Europa y que su pertenencia a España ha sido el resultado de una conquista armada y no de un designio divino, como se pretende.
Poco a poco, pues, España se puede ver empujada a suspender la autonomía de Cataluña. Y no necesita ningún argumento, porque si hay algo que el absolutismo no necesita son argumentos. Le basta con inventarse que los partidos catalanes no se pueden presentar a las elecciones con la promesa de proclamar la independencia y listos. Es propio de un régimen totalitario, sí, pero cualquier excusa es buena para impedir una derrota española en las urnas.
Situados en este extremo, es lógico preguntarse qué hará Cataluña. Yo no sé si los catalanes piensan, pero España sí lo hace, y ahora mismo está calibrando sus consecuencias. No duda de que una afrenta como el de la suspensión de la autonomía catalana no le saldría gratis y que podría haber una revuelta, pero tampoco eso le desagrada. De hecho, es lo que hace tanto tiempo que está buscando: que estalle la violencia y que el proceso catalán, que ha admirado el mundo por su civilidad, se convierta en un conflicto armado que pueda ser equiparado al del País Vasco. Hace sólo unos días, Pedro Iturgaiz, eurodiputado del PP, decía esto: “La consulta es un golpe de Estado, y ETA es un aliado de Mas”. Esta equiparación permitiría acusar de terrorismo a las figuras destacadas del independentismo catalán, tanto las figuras políticas como las figuras sociales, y detenerlas o encarcelarlas como se hizo sin argumentos y sin escrúpulos con los directivos del diario Egunkaria en 2003 o con Arnaldo Otegi en 2009. Tengamos presente también que si en 2004 acusaron de terrorismo a un niño de catorce años -Eric Bertran- por haber pedido a una cadena de supermercados que etiquetara en catalán, qué no harán en el caso de la independencia de Cataluña.
Ante esto, es necesario que las fuerzas políticas soberanistas, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural sean conscientes de que España nunca reconocerá los derechos nacionales de Cataluña. Nunca. Sólo hay una cosa que España quiere de nosotros: la rendición incondicional. No aceptará nada que no sea eso. Cataluña, por tanto, debe comprender que la libertad no es posible sin transgredir las leyes del gueto. Los cientos de agentes del CNI llegados a Cataluña, no han venido a hacer turismo, han venido a desestabilizar nuestro país, y cuanto más tiempo les concedamos para desarrollar sus repugnantes estrategias más perpetuaremos nuestra cautividad. Mariano Rajoy dice: “No consentiré que nadie viole la ley”. Cataluña le debe responder: “No consentiremos que nadie viole la democracia con leyes antidemocráticas”.
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