Para determinar la opinión de los ciudadanos sobre el futuro de Cataluña con plenas garantías democráticas y, por tanto, con plena legitimidad interna e internacional, hay dos vías alternativas: la convocatoria de una consulta popular o la celebración de elecciones (con condiciones que las hagan equivalentes a la realización de un referéndum).
Las ventajas de una consulta son evidentes. La consulta del 9-N responde al anhelo masivo de los ciudadanos de Cataluña -demostrado en encuestas de opinión y en las manifestaciones de las últimas Diadas-. Es la herramienta más eficaz y, por tanto, más democrática (como nos recordaba el primer ministro británico al día siguiente del referéndum escocés) para que la gente pueda expresar su voluntad de manera directa y transparente. No está mediatizada por los tira y afloja, servidumbres y opacidades de la política de partidos. Evita todo tipo de populismo: hacer posible que la gente vote directamente impide que alguien se aproveche de una manera demagógica de sus aspiraciones (que es lo que precisamente define el populismo). Y, finalmente, produce un mandato claro (sobre todo si la pregunta es binaria, lo que, lamentablemente, no tenemos en Cataluña) que sólo hay que poner en práctica mediante una negociación más o menos extensa entre las partes interesadas (España y Generalitat).
La radicalidad democrática de la consulta topa, como todos sabemos, con la oposición de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas españolas. Más concretamente, la impugnación (y suspensión cautelar por el TC) de la ley de consultas plantea dos problemas importantes. En primer lugar, hace difícil (aunque no imposible) llevarla a cabo con plenas garantías. Para llevar adelante la consulta del 9-N (no simplemente como demostración de fuerza sino con la voluntad de generar una mayoría política en torno a una decisión inapelable), la Generalitat debe ser capaz de lograr tres cosas: ha de poder desplegar toda la estructura de la consulta (censo, mesas, intervención electoral, etc.) con normalidad; debe poder asegurar una participación amplia (entendida, aproximadamente, como la de todos los que se declaran partidarios de celebrarla o, al menos, alrededor de la participación usual en referéndums y elecciones en Cataluña), y ha de conseguir que observadores y prensa internacional bendigan la consulta al día siguiente de la votación.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta que la consulta (bajo una suspensión cautelar) es un acto de soberanía completa, hay que prever que Madrid la pueda utilizar para justificar la intervención o suspensión de la Generalitat antes del 9-N. Esto abriría dos escenarios alternativos: aceptación pasiva de políticos y votantes (y, como máximo, transformación de las municipales en un simulacro de referéndum, naturalmente sin líderes institucionales) o resistencia (con una movilización ciudadana similar a la del 11-S). Esta última posibilidad no es descartable pero exige una coordinación política y social (gobierno de concentración, implicación directa con las grandes organizaciones cívicas del país) que no he visto todavía (y que una parte del bloque pro-consulta rechaza). Y tiene un inconveniente a meditar: la ruptura con España tendría lugar antes de consultar a la ciudadanía y, por tanto, dificultaría la negociación posterior (e inevitable) con España y Europa.
Si el bloque pro-consulta entiende que las condiciones para ganar la partida de la consulta no existen, habría que recurrir a unas elecciones. En este caso, la suspensión de la autonomía sería difícil de justificar y practicar antes de los comicios (aunque no imposible). Ahora bien, estas elecciones deberían tener un carácter completamente extraordinario. Su único propósito consistiría en celebrarlas en sustitución de un referéndum y, por tanto, como un referéndum. Girarían en torno a una cuestión única. Y los partidos deberían pasar a ser secundarios e incluso invisibles. Los diputados elegidos deberían actuar como meros mandatarios de los votantes -sin libertad de voto más allá de declararse a favor o en contra de la separación-. Conseguir esto de nuestros políticos probablemente pediría la intervención activa de organizaciones como la ANC.
Todo ello implicaría, primero, una convocatoria electoral para el 9-N: el compromiso político existente es consultarnos ese día. Segundo, exigiría una promesa explícita de cada partido o lista electoral respecto a la independencia de Cataluña. De lo contrario, volveríamos a elegir el tipo de Parlamento, parcialmente nebuloso, que tenemos ahora mismo. Esta promesa obligaría al señor Duran (y aliados) a marcharse de Unió y crear su centro moderado o a los críticos de Unió a marcharse y unirse a CDC (o a ERC o en una lista unitaria). Obligaría a las voces críticas (parece que aisladas) de CDC a elegir entre callar o abandonar el partido. Y obligaría a Iniciativa a aclarar su posición. Tercero, se basaría en la promesa de hacer una declaración de independencia si ganaban las fuerzas del sí. Y, cuarto, se apoyaría en la capacidad movilizadora de la sociedad civil para hacer frente, con éxito, a la amenaza de suspensión desde el Estado.
ARA
