La crisis ha dejado en evidencia las manipulaciones de los dirigentes europeos. Empeñados en imponer un sistema sin fuerza como instrumento básico del ordenamiento jurídico de la Unidad europea, implantaron, finalmente, el tratado de Lisboa; metido con el calzador del autoritarismo, ante el desinterés de las sociedades europeas por un proyecto sin ambiciones.
Siempre han creído que podían salirse con la suya. Eran los políticos, atentos a los mandatos de los amos económicos. Lo importante era mantener la obsoleta estructura estatal –lo que ellos denominan naciones-. Era lo que reclamaban las grandes corporaciones constituidas en los Estados-Nación mediante monopolios, o permitiendo el ventajismo de la propia burguesía, en función de los denominados intereses estatales. Ahora sus detentadores reclaman de manera desaforada la implantación de la libertad de mercado ¡Qué lamentable el papel de quienes se consideran a sí mismos izquierdistas, sean los obsoletos partidos “comunistas” del estilo de Izquierda Unida u otras formaciones que se consideran más radicales ¿ Cuándo se darán cuenta que entre Robespierre y Stalin hay línea directa? Todavía hay quien reclama el mantenimiento del Estado, y ¿Para qué hace falta?
Europa puede causar risa. Quienes pretenden ser sus dirigentes no aprecian que la fuerza de los factores económicos les arrastra. Han sido tan cautos a la hora de dejar en manos de los Estados sus tradicionales poderes y competencias, que en el momento se encuentran atados para tomar decisiones. No son capaces de afrontar la crisis eficazmente. La crisis económica revela las insuficiencias del proyecto europeo. Ahora cada Estado intenta salvarse a sí mismo. Existe el riesgo de que los esfuerzos terminen por destruir a todos.
En este camino de sálvese quien pueda, Alemania, especialmente, expresa el recelo de ser la más perjudicada. Entienden los alemanes que ellos saben gestionar y no quieren pagar las insensateces de otros. Insensateces como las de España, éste Estado que se pavoneaba por ser la Octava potencia económica a nivel mundial y ahora se encuentra con que se encuentra a la cola de los 20 más grandes. Lo cierto es que la base fundamental en la que se ha pretendido basar la futura Unidad europea –el euro- se tambalea, y ¿Cómo reaccionar ante su fracaso? La disolución de Europa puede no ser un riesgo tan lejano. Lo que no tiene sentido es la acusación que hacen los defensores del actual sistema a sus detractores de falta de europeísmo.
Desde el punto de vista de los soberanistas navarros no existe otro camino que el de la fusión en Europa. Puede parecer contradictoria tal actitud en quienes plantean como ineludible la recuperación de la independencia para la Nación Navarra. Tal perspectiva es engañosa. Lo que se reclama es la desaparición de los actuales Estados-Nación –al menos los que están constituidos por el sometimiento de otras nacionalidades; particularmente los representados por los grandes Estados imperialistas, tales Francia, Inglaterra, España, Italia… Con estos mimbres no es posible la Unidad europea. Han contemplado ésta como un mero espacio de dominio, acorde con sus intereses nacionales. No han aprendido la lección que ha suministrado la evolución de Europa Oriental.
La Unidad europea tiene que ir en la dirección de constituir una nueva nación. Una Nación democrática; basada en un ordenamiento jurídico que permita la gestión directa e inmediata de los asuntos sociales y económicos por parte de las colectividades en todos los niveles territoriales de la Unidad europea. Los planteamientos existentes en el momento son los que establecen el predominio de los de las grandes corporaciones que recogen los intereses de las burguesías y oligarquías tradicionales. Como alternativa se presenta la actuación de un Estado y poder central fuertemente centralizado en el que piensan las fuerzas izquierdistas residuales de los viejos partidos marxistas ¡Tampoco es la solución! Los tradicionales prejuicios de unos y otros abocan a situaciones autoritarias. Desde el soberanismo se plantea una auténtica democracia, basada en unas estructuras administrativas que permitan a las colectividades el autocontrol de sus asuntos. Gestión pública de recursos y toma decisiones políticas ¡Sí! imposiciones de instancias ajenas a las colectividades, aunque se proclamen públicas ¡No!
