EL pasado 26 de abril el presidente del Gobierno de La Rioja presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que equipara las normas fiscales de las diputaciones forales a las leyes ordinarias, el mal llamado blindaje del Concierto vasco. Hay razones jurídicas de peso para ello, pero molesta al Partido Popular y molesta a las comunidades autónomas vecinas, especialmente La Rioja y Castilla y León.
Pero más allá de la refriega jurídica, las razones económicas que se aducen son tan toscas y de tan escaso fuste teórico que difícilmente encubren el motivo real del recurso, cual es obstaculizar, cuando no frenar, el ejercicio de las competencias fiscales por parte de las diputaciones forales. Y seguramente les gustaría poder hacer lo mismo con las normas fiscales navarras: menos mal que está el lehendakari Sanz para, con su permanente trabajo de zapa de la autonomía navarra, no dar que hablar.
En la presentación del recurso de inconstitucionalidad acompañó al presidente Sanz (el de La Rioja) una corte de agentes sociales, entre los que estaba Julián Doménech, presidente de la FER (la patronal riojana), quien declaró que “no queremos que España tenga paraísos fiscales a tres kilómetros de nuestras fronteras. Es indigno”. Sería conveniente que este señor revisara los elementos definitorios de un paraíso fiscal (tax haven; véanse, por ejemplo, los de la OCDE en su página web), porque los regímenes fiscales forales no se ajustan en absoluto a tales criterios. Paraísos fiscales de verdad son las SICAV o esas rentas (fundamentalmente empresariales) cuyo tipo impositivo es nulo porque se mueven en el viscoso e insolidario limbo de la ocultación y el fraude fiscal.
¿Por qué se insiste en la idea de los paraísos fiscales? Para empezar, seguramente porque es un término efectista y con connotaciones negativas para la opinión pública. Pero también porque es el arranque del nudo argumental contra la autonomía fiscal vasca: la existencia del paraíso fiscal vasco o, al menos, de un tratamiento fiscal mucho más favorable para las empresas, conduce, se dice, a la deslocalización de actividades hacia los territorios forales. Que el argumento sea débil e inconsistente importa poco en política, cuando de lo que se trata es de inundar de demagogia los medios, descalificar al contrario y procurar el perjuicio ajeno aunque ello ni siquiera suponga réditos propios.
El concepto de deslocalización es resbaladizo y difícil de concretar. En la acepción más admitida hace referencia a decisiones de las empresas, normalmente multinacionales, de desplazar su actividad hacia determinados países, principalmente por sus menores costes del trabajo, pero también por la mayor laxitud en materia laboral o ambiental. No obstante, cuando el Gobierno de La Rioja se refiere a la deslocalización, la achaca a una causa que no suele ser contemplada en los estudios al uso, como es la fiscal. Pero este motivo no se sostiene empíricamente. Como no hay datos desagregados, recurriremos a los de la industria española. El resultado del ejercicio (beneficios o pérdidas) se ha movido en los últimos años (eliminando 2008 por la crisis) entre el 4,5% y el 5,5% de los gastos de explotación. Aunque el tipo del Impuesto sobre Sociedades se aplicara íntegramente sobre esa cuantía en La Rioja y fuera cero en la comunidad vasca, el ahorro se quedaría en apenas el 1,75% de los gastos totales. Pero las tan denostadas vacaciones fiscales suponían rebajar el tipo impositivo del 35% al 32,5%: es decir, las empresas se podrían ahorrar, en el mejor de los casos, el 0,125% de sus gastos totales. Para ese viaje no hacen falta tales alforjas, cargadas de demagogia y populismo.
Y si el razonamiento puramente pecuniario no avala lo que el Gobierno y los agentes sociales riojanos (ahí están UGT y CCOO con su guerra permanente contra la autonomía fiscal vasca y navarra) se empecinan en manifestar, tampoco lo hace el económico.
Una de las constantes en la evolución de la localización de actividades económicas es su difusión desde los centros en que se originan. Estas tendencias centrífugas obedecen a diferentes causas, como la madurez tecnológica o de los procesos productivos, la búsqueda de menores costes laborales o, simplemente, de espacio. Tales procesos no son uniformes sino selectivos, tanto en cuanto a las actividades que se desplazan como respecto a las localizaciones de destino.
Esto es aplicable a la industria guipuzcoana y vizcaina, que se va a expandir inicialmente hacia Navarra y Álava y, posteriormente, hacia otras áreas limítrofes de Castilla y León y La Rioja.
Por tanto, no sólo no es cierto que el régimen fiscal vasco perjudique a La Rioja y genere deslocalizaciones, sino que, por el contrario, el tejido industrial riojano se debe, en gran medida, a la proximidad de la región al núcleo vasco. De hecho, a pesar de las bravatas, no se han proporcionado datos de deslocalización, no porque no existan, sino porque dicen otra cosa. Lo mismo ocurre en Castilla y León. La revista Castilla y León Económica publicó en su número 113 (octubre 2005) un artículo sobre “la deslocalización en las regiones españolas”. Según el mismo, el País Vasco está en segundo lugar como origen de las empresas que llegan a la región: “Aquí viene la gran sorpresa”, dice la revista, “lo que evidencia el escaso éxito de las vacaciones fiscales vascas”, para concluir que, “en la decisión de los emprendedores pueden más otros factores, como la paz social y la estabilidad política”. Manipulación aparte, ¿en qué quedamos? Para colmo, del citado estudio se desprende que el primer destino de las empresas que se marchan de la región es Madrid (uyuyuy).
La deslocalización de actividades afecta fundamentalmente a áreas industriales. Y entre 2000 y 2004 la única comunidad autónoma española que incrementa claramente el empleo en sectores afectados por la deslocalización (sobre todo en textil) es La Rioja.
Este resultado debería hacer meditar a los gobernantes riojanos sobre la política industrial que están llevando a cabo y la calidad del tejido económico que están suscitando, esto es, asumir sus responsabilidades, en lugar de preocuparse de lo que hace el prójimo y malgastar su tiempo en oscuras maniobras políticas.
