Desde hace cuatro años los catalanes estamos viviendo una situación política excepcional y muy inesperada. Tal vez por eso puede ser de interés repasar algunos precedentes históricos para sacar lecciones de ellos, a pesar de las grandes diferencias de situación. Hace 96 años, entre noviembre de 1918 y febrero de 1919, el movimiento catalanista vivió uno de los momentos más agitados y esperanzadores de su historia. El logro del autogobierno parecía una posibilidad: “Había llegado la hora de Cataluña”, llegó a decir Francesc Cambó. Aquella fue una movilización políticamente mucho más fuerte y cohesionada que la de Solidaritat Catalana de 12 años antes, aunque bastante efímera.
Durante estos cuatro meses se produjeron una serie de hechos notables. En primer lugar, la elaboración y debate de tres proyectos políticos referentes a Cataluña muy diferentes, pero lo suficientemente reveladores de las posiciones existentes. Las proposiciones iban desde una simple descentralización -texto de la comisión extraparlamentaria nombrada por el gobierno Romanones- hasta la defensa de una cosoberanía catalana y española -Bases para la autonomía-, pasando por una propuesta de autonomía política -proyecto de Estatuto del 1919-. En segundo lugar, hay que destacar el notable protagonismo político jugado en todo el proceso por los parlamentarios catalanes, por la Mancomunidad y, sobre todo, por los ayuntamientos de Cataluña. También hubo, ciertamente, una notable movilización de la sociedad civil, dado que numerosas entidades, desde el Barça hasta la Caixa de Pensions, dieron pleno apoyo a la reivindicación autonomista. Y, en tercer lugar, hay que mencionar que en estos meses tuvo lugar el primer gran debate político abierto a la prensa, en mítines y en el Congreso de Diputados sobre el significado de la autonomía catalana. Nunca como entonces se habían empleado tanto conceptos políticos como soberanía, libertades colectivas, derecho de autodeterminación, relaciones bilaterales Cataluña-España, etc.
No es fácil sintetizar qué pasó aquellos cuatro meses apasionantes. Tal vez habría que destacar algunos rasgos significativos, como que la iniciativa catalana se vio favorecida para un marco político internacional propicio: el final de la Gran Guerra con hundimiento de los grandes imperios plurinacionales -Austria-Hungría, Rusia, Alemania y Turquía- y la emergencia de nuevos estados nación fruto de la doctrina Wilson sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y también la crisis política del régimen monárquico español, iniciada en 1917, parecía favorable a las demandas autonomistas catalanas: división interna de los partidos dinásticos, fin del sistema del turno en el gobierno, ofensiva política de las izquierdas -republicans y socialistas- contra el régimen monárquico, malestar en el ejército -Juntas militares-, agravamiento de la situación en Marruecos, ofensiva sindical de UGT y la CNT por la carestía de vida…
‘Bases para la autonomía’
Hay que destacar la gran unidad política lograda en Cataluña, materializada en el sorprendente apoyo obtenido por el texto más soberanista, las Bases, que fue aprobado en un plebiscito por el 95% de los municipios de Cataluña. Este texto fue entregado el 28 de noviembre de 1918 al presidente del gobierno García Prieto por una comisión mixta de la Mancomunidad y de parlamentarios de todas las fuerzas políticas de Cataluña. Esta gran unidad se renovará dos meses después con el apoyo al proyecto de Estatuto de 1919, como lo mostró el espectacular Asamblea de Municipios de Cataluña, celebrada en el Palau de la Música el día 26 de enero de 1919. Allí el proyecto de Estatuto fue aprobado por aclamación por 1.046 alcaldes de todas las tendencias políticas: sólo 30 no fueron. Otra muestra de esta unidad excepcional fueron los discursos favorables al Estatuto pronunciados en este acto por políticos tan diferentes como Francesc Cambó, Francesc Macià, Alejandro Lerroux, Marcelino Domingo, Miquel Junyent y Francisco Largo Caballero.
Las Bases para la autonomía era el texto más ambicioso y audaz, y también el más complejo, elaborado hasta entonces por los catalanistas. Era una propuesta pratiana (en la línea de Prat de la Riba, nota del traductor) de autogobierno, nacionalista, pero no independentista. Delimitaba los ámbitos de la soberanía española y catalana de forma que las competencias del poder catalán no podían ser fiscalizadas ni por las Cortes ni por ningún tribunal español. Una comisión mixta de los dos gobiernos era el único organismo que intervenía en los conflictos. Además, existía la posibilidad de que se integraran territorios vecinos: era la “Cataluña grande” soñada por Prat de la Riba. La filosofía central del texto significaba la coexistencia de dos naciones, la catalana y la española, que se reconocían y se respetaban dentro del mismo marco estatal, que de hecho se consideraba federalista.
La primera tercera vía
En cambio, el texto elaborado por la comisión extraparlamentaria, redactado sólo por mauristas y liberales, era una propuesta que no iba mucho más allá de lo que ya tenía la Mancomunidad, dado que el gobierno de la Diputación de Cataluña, bautizado también de “Generalitat” el texto, estaba bastante mediatizado por la existencia de un gobernador general que haría de casi de virrey. La tercera vía fue el Estatuto de Autonomía elaborado en enero de 1919, también por los parlamentarios catalanes y la Mancomunidad. Era un texto más posibilista que implicaba la renuncia a la soberanía catalana y aceptaba la supeditación a las Cortes y los tribunales españoles. Atribuía al gobierno catalán importantes competencias, desde la educación hasta el orden público, pero se renunciaba a la política social por presión de los socialistas y de la patronal catalana, que preferían que dependiera de Madrid.
La campaña autonomista catalana pronto fue contrarrestada por una fuerte reacción españolista protagonizada fundamentalmente por la mayoría de las diputaciones provinciales castellanas, que redactaron un manifiesto totalmente opuesto, entregado al rey Alfonso XIII y al presidente del gobierno, el conde de Romanones, el día antes de iniciarse el debate en el Congreso de Diputados. La Asamblea de las Diputaciones de Castilla, con el apoyo de la Unión Mercantil y de la Cámara de Industria de Madrid, incluso anunciaron que empezaban una campaña de boicot “a los pedidos de las casas industriales catalanas”.
Los debates que tuvieron lugar en el Congreso entre diciembre de 1918 y febrero de 1919 sobre los tres textos mencionados antes no tienen precio. Aparecieron desde apasionadas muestras de españolismo hasta sensatas reflexiones políticas sobre las libertades de los pueblos, pasando por todo tipo tacticismos más o menos oportunistas. Así, el entonces liberal Niceto Alcalá Zamora defendió con vehemencia la existencia de “un solo Estado nacional, con soberanía exclusiva”, dado que esta soberanía “no se negocia”, mientras que el reformista Melquíades Álvarez defendía con pasión “la unidad de España, la nación verdadera”. Por su parte, el viejo Antonio Maura, dirigiéndose a los catalanistas, sostenía con severidad que “no se elige la patria, como no se elige la madre”. Menos trascendente fue el republicano Marcelino Domingo, que afirmaba que “Sólo la república federal hará una Constitución que dará libertad a Cataluña”. El socialista Julián Besteiro precisaba que el hecho catalán “no es un problema de soberanía, sino de libertad”.
En el debate, Cambó aludió al marco europeo de entonces: “Un pueblo en pie, unánime, que formula una aspiración, que se refiere al régimen de su vida interior, ¿creeis que en 1919, cuando se está forjando la Sociedad de Naciones, no tiene derecho a lo que solicita?” Y también irritó a los políticos dinásticos poniendo de manifiesto su rechazo a toda reforma con frases claramente provocadoras: “Si Cataluña se separa de España, no pasaría nada, todo seguiría igual, pero con la autonomía de Cataluña se transforma España y por ello la autonomía suscita más reticencias que la separación”.
La demanda de un referéndum
En enero de 1919, ante las grandes dificultades y el ambiente hostil creado por la demanda catalana, Cambó recurrió a su conocido tacticismo. Tras sostener que los diputados españoles se asustaban demasiado ante una demanda como la catalana en la que si bien “la música es revolucionaria, la letra es conservadora”, propuso al presidente del gobierno, el conde de Romanones, que hiciera lo mismo que había hecho Dato en 1913 con la Mancomunidad: un decreto que permitiera iniciar el proceso de autonomía y, después, durante los tres meses siguientes, ya acuerdarían su contenido. Ante la negativa de Romanones, Cambó pidió al gobierno que autorizara hacer un plebiscito en Cataluña para confirmar la voluntad popular en favor de la autonomía. Días después, el 19 de febrero, ante las afirmaciones de algunos diputados españolistas, como Alfonso Sala y Enrique de Olano, según los cuales la Mancomunidad había coaccionado a los ayuntamientos para que votaran a favor del Estatuto, se presentó en el Congreso una propuesta de siete diputados -los regionalistas Cambó, Ventosa y Rodés; los republicanos Pi Sunyer, Nougués i Moles, y el jaimista Trias- que pedía la inmediata convocatoria de un referéndum para que los catalanes opinaran sobre el Estatuto elaborado por la Mancomunidad. La total negativa del gobierno fue acompañada, pocos días después, el 27 de febrero, por el cierre de las Cortes con la excusa de la agitación social que había en Cataluña. Así, cerradas las Cortes durante unos meses, bajó la presión autonomista y reaparecieron las divisiones catalanas.
Los límites españoles
De las muchas cosas que pasaron entonces podemos sacar no pocas lecciones y reflexiones. El primer lugar, una evidencia: el año 1919, la vía legal y parlamentaria española se mostró totalmente estéril y la autonomía catalana no fue posible debido a la oposición radical de los dos partidos dinásticos españoles. Las propuestas autonomistas catalanas sólo tuvieron el apoyo de las fuerzas españolas contrarias al régimen monárquico: los republicanos y los socialistas. Era, sin embargo, un apoyo interesado y sin mucho convencimiento sobre la naturaleza auténtica del problema. Durante la Segunda República se vería hasta dónde estaban dispuestos a llegar estas fuerzas: negativa total al Estatuto soberanista de Nuria de 1931 y aceptación resignada del recortado Estatuto autonomista de 1932.
En 1919 el frente catalán acabó debilitado también por divisiones internas. Un primer ruptura estaba ya prevista para todos: la defección de la derecha más españolista, la Unión Monárquica Nacional de Sala i Olano. La otra división fue más grave: la fractura entre las izquierdas y las derechas provocada por la crisis social. Como durante la Semana Trágica, de nuevo en 1919, con la huelga de La Canadiense, la Liga y los jaimistas iniciaron el repliegue para defender ese modelo social y político, y dieron apoyo a la política de orden sin libertades del gobierno de Madrid. Y las izquierdas catalanas quedaron otra vez impotentes a la hora de ofrecer una alternativa política propia. El elemento político más nuevo que surgirá de esta situación será que el independentismo de Macià abandonará la marginalidad y empezará a convertirse en una causa que se verá favorecida por el descrédito creciente de la Liga. De todas formas, deberían pasar 12 años y esperar a la caída del régimen monárquico español, en abril de 1931, para que apareciera una nueva y gran oportunidad para el autogobierno catalán.
Una nueva oportunidad
Hoy es evidente que la coyuntura internacional, sobre todo la europea, no parece tan favorable al derecho de autodeterminación de los pueblos como entonces. Ahora bien, la defensa del derecho democrático de los ciudadanos a ser consultados sobre su futuro forma parte del ADN europeo. Por otra parte, la coyuntura española empieza a ser también bastante crítica. Es ya notable la crisis política del régimen creado en 1977 debido a la baja calidad de la democracia española, el desprestigio de los políticos y partidos involucrados en numerosos casos de corrupción, la ausencia de políticas públicas que detengan los graves efectos de la crisis económica, etc. Todas las encuestas empiezan a manifestar que estamos en las postrimerías del sistema bipartidista PP-PSOE y que parece abrirse un proceso de cambios políticos lleno de incógnitas, y también de oportunidades.
En febrero de 1919, Francesc Cambó puso el dedo en la llaga cuando, en tono pesimista, llegó “a la triste conclusión de que un pleito de libertad colectiva no tenía solución jurídica, como nunca lo ha tenído, por desgracia, en España”. Ahora, 96 años después, nos encontramos en una situación similar: la existencia de un marco legal español, acordado hace muchos años y fruto de una relación de fuerzas ya obsoleta, impide que de forma democrática un colectivo como el catalán pueda ejercer el derecho a decidir su futuro.
¿Tendremos que esperar también nosotros que una gran crisis política española, como la de abril de 1931, permita que las demandas catalanas se hagan realidad?
ARA
