La lista hecha pública por el Gobierno del Estado del periodo 1998-2015 no es la solución a un problema de orden público cuando implica la reclamación de cientos de bienes indebidamente apropiados por la puerta de atrás
el Estado acaba de hacer público el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia española desde 1998 hasta 2015. Suman casi 35.0000 de los que 1.034 son de Navarra y se conocen cuatro años después de que la plataforma Recuperando, liderada por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, presentara una iniciativa en el Congreso al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Aquella demanda, que hizo suya el PSOE, fue aprobada en abril de 2017. El Gobierno de Rajoy no dijo la verdad durante meses asegurando que no disponía de esos datos y posteriormente, con el PSOE en el poder y tras varias maniobras dilatorias, ha salido finalmente a la luz. Un listado parcial, con muchas limitaciones, dado que nada se sabe de los registros anteriores a 1998 como tampoco se dispone de las anotaciones para poder identificar muchos de estos bienes, por ejemplo la fecha en la que fueron inscritos. En Navarra se estima que son más de 5.000 los bienes inmatriculados por la Iglesia (unos 2.645 registros), de ellos 1.431 entre 1946 y 1998, según datos proporcionados en su día por el Ministerio de Justicia al Gobierno de Navarra. Iglesias, casas parroquiales, huertos, fincas, la inmensa mayoría bienes de dominio público o comunales. Los más sangrante si cabe son aquellas apropiaciones de bienes que han terminado en desahucios o la situación de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Sesma, cedida por el Arzobispado al Ayuntamiento en una situación de ruina lo que impide al pueblo asumir el coste de su mantenimiento. Y así quedarán muchas de las iglesias inmatriculadas, registradas como propiedad de la Iglesia, por falta de inversión. La plataforma Recuperando, que denuncia la complicidad de algunos registradores con la Jerarquía de la Iglesia, ha pedido al Gobierno del Estado que impulse una ley o un decreto que modifique la normativa vigente para que todas las titularidades retornen a su situación anterior y la Iglesia pueda inscribir las propiedades sobre las pueda acreditar su propiedad. La opción que plantea el Ejecutivo de Sánchez de acudir a los tribunales para reclamar los bienes resulta del todo inviable para miles de ayuntamientos expuestos a eternos litigios y supone una salida en falso al problema. Los programas electorales de ambos socios de gobierno, su propio pacto y el compromiso de Sánchez en su investidura abogaban por modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados por la iglesia. Ahora toca cumplirlas.
