En principio, las elecciones del 27-S han reforzado el proceso hacia la independencia. Ahora se trata de gestionar bien el resultado en términos de decisiones, estrategia y lideraje. La mayoría parlamentaria de JxSí y la CUP supone un hecho inédito que impulsa un nuevo escenario político. Se trata de un cambio profundo con respecto a periodos anteriores. Nunca había habido en la historia del catalanismo político una mayoría institucional legitimada electoralmente a favor de la independencia.
Hasta ahora la situación política de Catalunya responde al “síndrome de la reina roja”, formulado por los biólogos evolucionistas para describir los cambios de la selección natural de las especies. En el conocido pasaje de A través del espejo (Through the Looking-Glass) de Lewis Carroll, Alicia comenta que cuando uno corre mucho y durante mucho tiempo lo más normal en su país es que se llegue a algún lugar. La reina roja le responde: ¡“Un país muy lento! Aquí, como ves, hace falta correr todo lo que puedas para poder permanecer en el mismo lugar”. Es lo que ha ocurrido en Catalunya: invertir energías, tiempo y recursos para tratar de contrarrestar la falta de reconocimiento nacional y las constantes invasiones del poder central en un migrado autogobierno y una financiación escasa e injusta. Y el síndrome se mantiene mande quien mande en el poder central del Estado. La falta de reconocimiento y las políticas recentralizadoras hacen que el país tenga que correr con el fin de, como máximo, no moverse de sitio. Y esta es una descripción optimista, ya que en bastantes ámbitos de autogobierno no es que el país no se mueva de lugar sino que está retrocediendo. Resulta así más que racional en términos lógicos y más que razonable en términos políticos y morales que una mayoría de catalanes haya llegado a la conclusión de que están cansados de correr para acabar no moviéndose o yendo hacia atrás, y prefieran tener ellos la capacidad de dictar la dirección, las reglas y el ritmo de las carreras.
Es más que probable que a partir del 2016 entremos en un periodo presidido por lógicas más divergentes entre la Generalitat y las instituciones del Estado. Desde la Generalitat la perspectiva es clara: a) mantener el centro de gravedad político en Catalunya, sin entrar en terceras vías, de hecho inexistentes, o en reformas constitucionales de lógica española que podrían acabar incluso peor para Catalunya que la situación actual; b) sentar las bases para la desconexión política y jurídica del Estado, para hacerla no ahora, sino cuando se pueda mantener y desarrollar (política internacional, estructuras de Estado, inicio de un proceso constituyente ciudadano), quedando siempre abiertos a improbables ofertas del Estado para la realización de un referéndum a la escocesa (y a una mediación internacional); c) establecer políticas cotidianas desde enfoques propios, cosa que quizás a veces requerirá situarse más allá de la estricta legalidad autonómica (economía productiva y competitividad, medidas contra varios tipos de pobreza y de desigualdad, políticas educativas, de salud, de acción exterior). El reto es hacer estas cosas con recursos disminuidos, en un Estado política y jurídicamente hostil a los intereses de la mayoría de ciudadanos del país, y ocupando una posición secundaria en el mundo internacional.
Es previsible que el nuevo Gobierno central bascule entre: a) mantener la misma tónica que hasta ahora (presentación de recursos al TC, ahogo económico y fiscal, incremento de los déficits de infraestructuras, amenazas y discurso del miedo, ofensiva mediática de los medios políticamente afines situados en la capital –que de hecho lo son todos–, etcétera; y b) intentar reconducir el proceso con una estrategia que hoy ya resulta políticamente imposible: impulsar una reforma constitucional sobre la que no hay consenso ni entre los partidos españoles, ni con respecto a contenido, ritmo y métodos para establecer acuerdos. Unos acuerdos que para que fueran estables deberían ser profundos en términos de reconocimiento nacional, de autogobierno (incluyendo la política simbólica, europea e internacional), así como procedimientos de garantía de que los pactos se cumplirían (no cómo ahora). Un programa que les viene muy grande a los partidos españoles (los de derechas, los de izquierdas y los que no saben qué son).
El reto es grande y el camino no será fácil, pero no lo era hace cinco años estar situados políticamente donde estamos ahora. Desde Catalunya hay que actuar con sentido de Estado (el propio) y con unidad de acción de los partidos que apoyen al Govern de la Generalitat. Un Govern que debería ser fuerte, muy fuerte, en la presidencia, la vicepresidencia o conselleria en cap, y en todas las conselleries.
La racionalidad política implica sobre todo hoy, más que nunca, no cometer errores, especialmente cuando no eres la parte más fuerte. La posición más conveniente no es casi nunca la más radical. Si fuera así, las decisiones políticas serían muy fáciles de establecer. No hay que ponérselo fácil a las instituciones del Estado que puedan actuar represivamente y encima contando con el aplauso internacional. Las cosas hace falta hacerlas bien y después deprisa, pero en este orden, no al revés. La independencia significa huir del país de la reina roja. En este caso, un Estado que no es precisamente un país de las maravillas, ni en términos democráticos, liberales, culturales, de progreso, de modernidad y de bienestar. Para una mayoría de los ciudadanos de Catalunya el Estado español es más bien un Estado de malestar.
LA VANGUARDIA
