Hay una anomalía española –de las muchas que hay– que llama poco la atención, pero que, en mi opinión, lo cuenta casi todo. En toda Europa las capitales de los estados son más progresistas que el país que las rodea. París vota sistemáticamente más a la izquierda. En Berlín ha ganado ‘Die Linke’. Londres es un feudo laborista en medio de una Inglaterra que gira hacia la derecha dura. Amsterdam vota verde y rojo. Viena lleva un siglo como ‘Das Rote Wien’, ‘la Viena roja’… Las capitales son en todas partes el lugar donde llegan primero las ideas nuevas, los inmigrantes, los jóvenes que huyen de la asfixia de la provincia, las ideas revolucionarias. Son, por definición, la parte más abierta del Estado.
Pero he aquí que Madrid hace exactamente lo contrario. El PP gobierna la Comunidad de Madrid sin interrupción desde 1995 y el ayuntamiento, desde 1991, con el único paréntesis de Manuela Carmena. En las elecciones españolas de 2023, PP y Vox sumaron más de la mitad de los votos, concretamente el 54,15. Madrid no es la ciudad que empuja España hacia adelante, sino el ancla que la mantiene ligada a la reacción.
La explicación no es misteriosa. Las demás capitales europeas existieron antes que los estados que ahora encabezan y se hicieron grandes por sí mismas: por el puerto, por el comercio, por la industria, por una burguesía que a menudo tuvo que hacer frente al poder. Madrid, en cambio, fue elegida en 1561 por Felipe II precisamente porque no era nada: una villa sin puerto ni río navegable, en el centro geométrico de la península, sin ninguna burguesía capaz de hacer sombra en la corte. Es una ciudad hecha por el Estado y para el Estado. Y por un Estado refractario a la sociedad, bunquerizado. Por eso toda su prosperidad de hoy –las sedes de las grandes empresas, la red radial de autovías y de TAV, el efecto de capitalidad, el dumping fiscal que practica contra el resto– viene exclusivamente de ser el centro de un poder que pagan los demás. Y, como es lógico y comprensible, una ciudad así no tiene interés alguno en cambiar nada. Defiende lo que la hace vivir. El conservadurismo de Madrid no es una opinión: es el modelo de negocio.
Y una de las consecuencias recurrentes del modelo es que, de vez en cuando, la progresía española –la misma que ha despreciado sistemáticamente las reivindicaciones nacionales de los Països Catalans– vuelve la cabeza hacia nosotros y nos pide desesperada que le ayudemos a salvar España de Madrid. Lo hace, como mínimo, de hace un siglo y medio, y la historia siempre ha terminado igual: mal.
En 1868, un general de Reus, Joan Prim, encabezó la revolución que debía modernizar España. Dos años más tarde, le mataron a tiros en la calle Turco de Madrid. En 1873, dos catalanes, Estanislau Figueras y Francesc Pi i Margall, presidieron la Primera República. Figueras –dice la tradición– se retiró confesando que estaba “hasta los cojones de todos nosotros” y cogió un tren hacia París sin avisar a nadie. Cambó quiso hacer una «España grande» desde la Liga y los ministerios de Madrid, y acabó bendiciendo una dictadura que liquidó la Mancomunidad. En 1931, tres días después de la proclamación de la República Catalana por Macià, llegaron tres ministros de Madrid a convencerle de que la rebajara a la autonómica Generalitat para no poner en peligro la república española. En plena guerra, los Països Catalans tuvimos que condicionar nuestra defensa a la de Madrid mientras, desde Madrid, se saboteaba la defensa de Mallorca por la Generalitat. A la salida del franquismo, la ciudad de Madrid, llena de personajes con aquel bigotito, reclamaba el apoyo del resto, porque, de haber sido por ella, el franquismo no habría muerto ni siquiera con la muerte Franco. En 1986 todavía, la operación Roca quiso regenerar España desde Barcelona e hizo el ridículo –no obtuvo ni un solo diputado.
Pero no hace falta ir tan lejos. En 2004 y 2008 Cataluña dio, por el diferencial de voto, la victoria a Zapatero –en 2008, el PSC llegó a conseguir ¡veinticinco diputados! Sí, el propio Zapatero que había prometido que aceptaría el estatuto que aprobara el parlament, pero que después incumplió la promesa. En 2023, en fin, cuando Madrid ya había votado a Feijóo en masa, los votos catalanes volvieron a impedir que la derecha gobernara, esta vez ya con el concurso de todos: ERC, Compromís, Més, els Comuns e, incluso, Junts. En resumen: cada vez que hemos ido a salvar a España, el recibo lo hemos pagado nosotros.
Y ahora, mira por dónde, aquí nos tienen de nuevo. Nueve años después de la declaración de independencia, después de la violencia contra el 1-O, de la cárcel, del exilio, de la sentencia y de una represión que todavía perdura, ahora resulta que debemos volver a salvar España. Es tan ridículo que incluso da vergüenza. El 29 de noviembre Madrid votará en masa al PP y Vox. Y resulta que ERC, Compromís y Més deben ponerse a trabajar para compensarlo, a las órdenes de una izquierda madrileña incapaz de ganar en su país.
Y, por supuesto, el culpable ya está elegido por si la cosa no sale bien. No será Madrid, que habrá votado reaccionario con entusiasmo –patriótico, eso sí. Ni será el PSOE, que no ha sabido convencer ni a los suyos. Y menos aún, el Frente Amplio –o cómo se llame la invención esa que no tiene fuelle para nada. No. La culpa la tendrá Gabriel Rufián por no haber hecho exactamente lo que ellos querían, como ellos lo querían y en el momento que ellos querían. O la tendrá Compromís, por haber pensado en clave valenciana y no española. O la tendrá Junts, por no haberse dejado dominar y haber sido impertinente con Pedro Sánchez.
No tengan ninguna duda: al final seremos, en definitiva, nosotros quienes pagaremos los platos rotos. Porque el caso es culparnos como sea, mientras nos exigen que salvemos eso –la España eterna e irreformable– que ellos, la izquierda española quiero decir, nunca han sido capaz de cambiar. Ya hay que tener jeta, ya…
VILAWEB
