LA publicación por el diario británico The Guardian de los manuales de interrogatorio empleados por el Ejército británico -que incluyen tratos vejatorios, coacciones, privaciones sensoriales y acciones físicas contra los detenidos- apenas unos días después de que Wikileaks publicara pruebas de la aplicación sistemática del maltrato por parte de los soldados estadounidenses en Irak, así como la denuncia la semana pasada por el presidente del Comité Contra la Tortura de la ONU, Claudio Grossman, de que los abusos contra los detenidos son aún una dramática realidad en muchos de los 147 Estados que han ratificado la Convención contra la Tortura, constatan que incluso en el mundo desarrollado y en las llamadas democracias occidentales la estricta e imprescindible observancia de los derechos fundamentales no se preserva e incluso ha sufrido un injustificable retroceso en virtud de una mal entendida política de seguridad que ha venido fomentando en los últimos años determinadas actuaciones impunes y no precisamente individuales y aisladas. Que el actual relator especial de la ONU, Manfred Nowak, crea necesario recordar, ante los últimos datos conocidos, la «obligación moral y legal de investigar los casos creíbles» de torturas, no hace sino confirmar la vergüenza de unas prácticas que, lejos de ser erradicadas, parecen haber encontrado ámbitos de sombra en lo que debe ser la defensa ineludible e incuestionable de los Derechos Humanos sobre la que se fundamente la verdadera democracia. El Estado español no es precisamente una excepción al respecto. El juicio que se sigue actualmente en la Audiencia de Gipuzkoa contra quince miembros de la Guardia Civil por presuntas torturas a dos miembros de ETA permite comprobar que las dificultades y trabas interpuestas a toda investigación sobre una denuncia por abusos a los detenidos siguen siendo múltiples pese a que hace menos de un mes, el 28 de setiembre, el Tribunal de Estrasburgo ya condenó al Estado por incumplir el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos «ante la ausencia de una investigación efectiva» en el caso de torturas a otro preso de ETA detenido en 2002 y a pesar de que los informes de los predecesores de Nowak, denunciando que la tortura «es más que esporádica o accidental en el Estado español» (Theo Van Boven, 2004) y exigiendo «derogar el régimen de incomunicación» (Martin Scheinin, 2008), venían incidiendo en el mismo sentido. Esas dificultades y trabas que impiden una investigación exhaustiva y en su caso la depuración, incluso al más alto nivel, de responsabilidades en la conculcación de derechos elementales y en la impunidad que la alimenta sólo sirven para reforzar la idea de que, como en EE.UU. o Gran Bretaña, en el Estado español también se da una suerte de institucionalización de la tortura.
