Es admirable el trastorno que el proceso catalán está causando en el nacionalismo español. El aire de libertad se ha vuelto tan irrespirable para esta gente, que Albert Boadella incluso necesita una máscara clínica para ir por la calle. Es el penoso recurso de quienes, como él, se han encontrado que Cataluña les ha quitado la máscara de demócratas, de catalanistas, de universalistas, de progresistas y de todas las medallas que se habían colgado y les ha dejado completamente desnudos. Y claro: «Como nos han quitado la máscara de carnaval», dicen, «ahora nos ponemos máscara de hospital, ¡hala!» Payasadas aparte, lo cierto es que la fuerza desenmascaradora del Proceso está abriendo los ojos a muchos catalanes de buena fe que se dan cuenta de que el nacionalismo español es la antítesis de aquellas medallas. El nacionalismo español, por naturaleza y por definición, no es ni ha sido nunca democrático, ni catalanista, ni universalista, ni progresista. El nacionalismo español ha sido siempre absolutista, españolista, provincianista e inmovilista.
En este sentido, las fotos, los brindis, los encuentros y los abrazos que se han dado últimamente el PP, el PSC-PSOE, Ciudadanos y Sociedad Civil Catalana no son nada más que la expresión de la desazón que les provoca la realidad y una prueba de la necesidad que tienen de lamerse las heridas unos a otros. Mientras tenían bien cogidas las riendas de Cataluña, podían disimular y hacerse ascos mutuamente para aparentar diferencias, pero ahora están asustados y se cogen entre ellos con la mismo risa nerviosa que los grupitos de gente que entran en el Hotel Krüeger del Tibidabo. En este caso, el grupito lo integran Miquel Iceta, Alicia Sánchez-Camacho, Albert Rivera, Maurici Lucena, Enric Millo, Alberto Fernández Díaz, Joan Rangel, Carles Martí, Assumpta Escarp, Esther Niubó y, entre otros, Josep Ramon Bosch, presidente de la asociación ultranacionalista española Sociedad Civil Catalana y glosador de la figura del fascista Blas Piñar. Todos ellos, con los aplausos de José Montilla, Carmen Chacón y Rosa Díez, se reúnen en los actos que convoca esta entidad y se preguntan qué pueden hacer para disimular su desnudez.
Por ello se entiende perfectamente que en el año 2009, a raíz de la consulta independentista de Arenys de Munt, José Montilla defendiera el derecho a la libertad de expresión de la Falange Española y reprobara el derecho de los ‘arenyencs’ a expresarse por medio de las urnas. Tanto Montilla como el resto de nacionalistas españoles mencionados, poco se pensaban que aquello era sólo el comienzo de un proceso catalán que deshilacharía en un santiamén los laboriosos disfraces que todos ellos se habían fabricado y que situaría a Cataluña en el centro de atención de los grandes medios de comunicación de todo el mundo. He aquí la razón de su repliegue actual. Ya lo dice el dicho: nunca se juntan si no se parecen.
Consiguientemente, pues, Cataluña sabrá situar a toda esta gente absolutista en el lugar que les corresponde, tanto en las elecciones municipales del mes de mayo como en las plebiscitarias del 27- S. Y por si todavía queda algún catalán que no sabe qué es Sociedad Civil Catalana o que se pregunta de dónde saca el dinero una entidad integrada por cuatro gatos y que, sin embargo, usurpa el nombre de toda una colectividad, digamos dos cosas: una, que el día de su presentación asistieron delegaciones de la Fundación Francisco Franco y del Movimiento Social Republicano, formación neonazi perteneciente a una alianza de partidos europeos de ultraderecha; y la otra, que la dotación inicial de la Fundación Juan Boscán, que se define como «Fundación orgánica de Sociedad Civil Catalana» y que tiene la astronómica cifra de 59 seguidores en su cuenta de Twitter -sí, 59-, fue de 30.000 euros. Capítulo aparte lo constituyen los 14.000 euros que como mínimo SCC habría pagado por dos cuñas publicitarias de veinte segundos en un programa deportivo de la SER, de gran audiencia, convocando a los españoles a manifestarse en Barcelona el 12 de octubre de 2014. Por supuesto, la convocatoria, a pesar de los enormes gastos y la presencia de la neofascista Democracia Nacional y del neonazi Círculo Español de Amigos de Europa, fue un fracaso espectacular. Sobre todo si tenemos en cuenta que se alquilaron trenes y autobuses para que la gente viajara gratis. Pero nada de nada. Un desastre. Y con respecto a los 100.000 euros que habría costado el acto del 11-S de 2014 en el anfiteatro de Tarragona, opacidad absoluta. Tenebrosa, deberíamos decir. Tan tenebrosa como la cifra necesaria para abrir una oficina propia en Bruselas.
«¿Y todo esto quién lo paga?», se preguntaba días atrás, acertadamente, elSingular.cat. Pues las tinieblas. Lo pagan las tinieblas. Por este motivo hay que pedir a la entidad ‘Drets’ (http://drets.cat/), de reciente creación y formada por profesionales catalanes del mundo jurídico para responder a los ataques catalanofóbicos que recibe nuestro país, que lleve a los tribunales la financiación turbia, desproporcionada y nunca revelada de Sociedad Civil Catalana, una entidad que niega la represión franquista. Resaltemos, para concluir, que tanto en la composición de la entidad como en la de su patronato figuran estos nombres: Josep Ramon Bosch y Joaquim Coll a la cabeza, Francisco Moreno y Francisco Arza, como vocales, y Jorge Buxadé Villalba, secretario de la fundación. Este último fue el número 7 de la lista de Falange por Tarragona en las elecciones del 1995, y Josep Ramón Bosch tomó parte en un acto de la Fundación Nacional Francisco Franco, en Gandesa, en el año 2013, para conmemorar el alzamiento franquista del 18 de julio de 1936.
Así las cosas, cabe preguntarse cómo es posible que una plataforma de estas características -con la que Miquel Iceta dice tener «un alto índice de coincidencia»- haya recibido el Premio Ciudadano Europeo. La explicación, en espera de que sea revocado de acuerdo con las bases, es sencilla. En primer lugar, como informó el eurodiputado convergente Ramon Tremosa, el premio «se decidió en Madrid sin transparencia ni información previa, ni votación de ningún eurodiputado». Y es que es mentira que sea un premio concedido por el Parlamento Europeo. En absoluto. Quién lo entrega es una comisión formada mayoritariamente por miembros del Partido Popular y del Partido Socialista, los dos partidos -de Sánchez-Camacho y Miquel Iceta- que comparten un chiringuito en Madrid, llamado Tribunal Constitucional, desde el que bombardean sistemáticamente los derechos nacionales de Cataluña. La propuesta, además, partió de Santiago Fisas, eurodiputado del PP, que, a su vez, era miembro del jurado. En definitiva, se trataba de redactar una nota de prensa de autopromoción y hacerse una foto que pudiera ilustrarla. Pero es comprensible. Como los hemos despojado de las máscaras y de los disfraces, los ultras han quedado en harapos y ahora hacen lo imposible para encontrar otras nuevas.
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