Las mujeres condenadas por brujería por la Inquisición, después de haberse ‘demostrado’ que eran «adoradoras del diablo», tanto si se retractaban como si no, actualmente sabemos que ni eran «brujas», ni tenían forma de escaparse de la hoguera. No podemos juzgar, pues, el contenido de unas declaraciones -además, filtradas interesadamente- de aquellos que están sometidos a la presión represiva. Tampoco podemos enfadarnos con ellos, nosotros que no nos encontramos entre rejas, porque si Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Quim Forn y Oriol Junqueres están encarcelados es, precisamente, en nombre de todos nosotros, y nuestro deber ciudadano, tanto en relación con los presos políticos y exiliados, como para con la República, es asegurar todos los relevos necesarios para iniciar su defensa: «cal que neixin flors a cada instant» («hace falta que nazcan flores en cada instante», como cantaba Lluís Llach.
Ahora bien, cuando estas declaraciones no son desmentidas o matizadas por los dirigentes de los partidos políticos, o siguen siendo sostenidas preventivamente por aquellos que son amenazados por la represión o, incluso, traspasan las paredes de los tribunales de excepción españoles -como fue el caso de la entrevista de Artur Mas en la emisora Rac 1-, entonces, la cosa se hace menos comprensible, por parte de quienes estamos comprometidos con la implementación de los resultados del 1-O y de la declaración de independencia del 27-O. Más cuando estas palabras -las de Mas, ratificando lo que había dicho ante el juez, pero también las de Marta Rovira, Neus Munté y otros dirigentes- tienen un eco en las acciones reales que están emprendiendo (o más bien dejando de emprender) algunos partidos políticos del campo republicano.
Y es que algunos han declarado que la proclamación de la República Catalana era «simbólica» (o, peor, «una exageración»). Otros, incluso, han aseverado que el referéndum de autodeterminación también fue «simbólico». Pero eso no cuela ni en la era de la «posverdad»: somos millones los que no podemos olvidar cómo los diputados del Parlamento de Cataluña votaban aquella ansiada declaración, en cumplimiento del mandato popular surgido de las urnas defendidas encarnizadamente por el pueblo, a pesar los gases lacrimógenos, las porras y las balas de goma. Como no nos pueden convencer de que no fuera real, pues, es comprensible que muchos se sientan engañados por los que aseguraron que era real y que, de alguna manera, ahora se desdicen cuando afirman que era un acto «simbólico».
Porque, ¿qué es un referéndum o una declaración «simbólica», sino algo irreal? Imaginemos cualquier acto que se nos pueda venir a la cabeza y añadámosle el calificativo de «simbólico»: no queda nada. Es, pues, un eufemismo para decir que aquel acto -sea cual fuere- no es único, ni es verdadero, ni es real. Si fueran actos «simbólicos» significaría, en definitiva, que «simbolizarían» una declaración o un referéndum que en realidad no se han producido. Y, claro, si la Declaración no era real, el Referéndum del que se desprendían unos resultados que debían ser vinculantes, tampoco lo es. Esto también vale para aquellos que proponen una Presidencia de la Generalitat «simbólica», contraponiéndola a una Presidencia que llaman «ejecutiva» que, eufemismos aparte, significa real.
Todo esto nos lleva a una gran tensión entre la memoria colectiva y la lectura de las intenciones de los dirigentes políticos. O, para hablar claro, esto nos sitúa ante una grave presunción: ¿es una República «simbólica» lo que quieren defender los que califican así al Referéndum, la Declaración y la Presidencia legítima? Esto sería lo mismo que afirmar que, todos ellos, no tienen intención alguna de hacer realidad la República Catalana. Y esto no significa negar el compromiso, la dedicación y la exposición represiva de todos estos que lo afirman, nada más lejos de mi intención, sino contraponer esta nueva versión ‘borde’ del relato de nuestra memoria colectiva más reciente, con la de aquellos que tampoco escatimaron compromiso, dedicación y exposición represiva, sin que ello haya supuesto que calificaran de «simbólico» todo lo que ha generado tanta ilusión colectiva, popular y sangre de los valientes defensores de las urnas. Algo que, por cierto, también fue muy real.
Porque es indiscutible que la República proclamada el 27 de octubre no se hizo efectiva. Ahora bien, de aquí a llamarla «simbólica» hay un paso decisivo en el que se está aceptando una derrota o, lo que sería aún peor, se está liquidando el movimiento popular republicano, en pro de una táctica concreta de defensa jurídica. La otra vía, que en mi opinión es la que comparte la inmensa mayoría del pueblo organizado, y que ha seguido el Presidente Carles Puigdemont, buena parte de JxCat y los miembros de la CUP (como lo ejemplificó Mireia Boya), no es la «simbólica», sino la de calificar el Referéndum, la Declaración y la Presidencia como símbolos de la República y de la lucha por su defensa e implementación.
Hay una gran diferencia entre lo que es un símbolo y lo simbólico: Un símbolo consiste en un potencial político inmenso de lo que queremos hacer real y no simbólico; es decir, la lucha prolongada contra la aceptación de la derrota. El símbolo de la resistencia del 1 de octubre que defendió la democracia contra el embate represivo de las fuerzas de ocupación; el símbolo de la Declaración de Independencia del 27 de octubre que proclamó los resultados del Referéndum de Autodeterminación vinculante en la sede de la soberanía popular; el símbolo de la Presidencia de la Generalitat que ha conservado su legitimidad -ratificada, además, en las elecciones impuestas del 21 de diciembre-, como máxima representación institucional de la República Catalana. Todos son símbolos, pues, de esta República refrendada, proclamada y ratificada que, sin embargo, todavía no se ha podido hacer efectiva a causa del intento de liquidación por parte del reino de España.
Estos símbolos, ciertamente, no nos permitirán hacer efectiva la República, pero sí son un poderoso estandarte de dignidad colectiva y un baluarte completamente real desde donde apoyar el nuevo impulso necesario de la lucha popular, que es el verdadero motor y garantía de la victoria. A partir de aquí, hay que recomponer la unidad de acción, lubricar los engranajes de las estructuras de movilización popular y conjurarnos, a partir de un programa compartido por todas las fuerzas democráticas y progresistas, para emprender la lucha prolongada -sin renuncias, sin dilaciones, sin simplificacions- que quizás durará años, meses o semanas, no lo sabemos, pero que debemos tener claro que esto sólo está en nuestras manos. Lo que es evidente es que, del mismo modo que no podemos reducir a «simbólicos» los símbolos de la Revolución Catalana, tampoco podemos demorar más el acuerdo político para hacer efectiva la República. Como dijo Joan Tardà en 2015, no llegar a un acuerdo sería un «delito de alta traición» . Lo suscribí entonces, y ahora también lo suscribo.
EL MÓN
