Ya hace un tiempo que se pone en boca de varias altas personalidades de la vida política española -y de alguna catalana- las condiciones que piensan que permitirían, aún, encontrar una tercera vía para superar la dialéctica entre secesionismo y unionismo. Y, aunque creo que ya estamos en otro estadio, por respeto a los que hacen la propuesta pero también porque me parece ofensiva, pienso que merece una respuesta. En síntesis, creen que la solución podría ser que el Estado ofreciera a Cataluña, por un lado, competencias sin limitación en educación, lengua y cultura, y, por otro, un sistema de financiación aceptable teniendo en cuenta la aportación catalana a la riqueza de España.
Más allá de si una propuesta de este tipo no llega tarde y de si aún sería aceptada por la mayoría de catalanes, el problema previo que presenta es el de su plausibilidad. ¿Realmente hay alguien en España con autoridad dispuesto a hacer esta oferta? Y, si hubiera alguien que hiciera la oferta formal con el qué y el cómo, en un programa electoral, ¿tendría ninguna posibilidad de éxito sin que desde dentro de su propia formación política, desde las adversarias o desde el sistema mediático español no la hicieran picadillo? ¿No sería interpretada como una cesión al «chantaje» secesionista?
En esta idea bienintencionada para resolver -a favor de España, claro- lo que llaman «el conflicto territorial», hay otra pega que no es menor. ¿Quién debería decidir la aceptación o no, y cuándo, de la oferta? En cuanto al cuándo, la cuestión es que no sería fácil pedir que se votara sólo sobre una promesa de futuro, que ya hemos visto cómo terminan. En cuanto al qué, a estas alturas de los acontecimientos hay que descartar que se pudiera pactar en un despacho entre tres o cuatro dirigentes políticos. Y si se tuviera que trasladar a las urnas, me temo que no se cuenta con que lo decidieran los catalanes solos, sino que me imagino que se pondría en consideración, también, de todos los españoles, en un proceso de reforma constitucional. ¿Y qué pasaría si hubiera discrepancia entre los resultados de aquí y de allá?
Sin embargo, desde mi punto de vista, lo más grave de la idea es que se construye sobre dos supuestos erróneos por completo: el implícito étnico y el implícito mercantilista. Es cierto que, históricamente, los conflictos entre el Estado y Cataluña se han manifestado de manera insistente en temas lingüísticos, educativos y culturales y en cuestiones relacionadas con la financiación. Pero la manifestación de un conflicto no remite directamente a la causa de fondo. Unas competencias sin límites en educación, cultura y lengua no supondrían dar carta blanca a decisiones segregacionistas o imposiciones homogeneizadoras. No es esto lo que se quiere. Por otra parte, una mejor financiación tampoco resolvería los grandes problemas económicos catalanes, que son de carácter estructural: modelo productivo, mercado laboral, sistema de inversiones públicas… Y, sobre todo últimamente, los conflictos ya han sido simplemente de autogobierno, con decenas de leyes recurridas al TC o sentencias favorables de este tribunal sistemáticamente incumplidas.
Es muy posible que, visto desde España, el conflicto parezca étnico y mercantilista, y que se crea que cediendo en estos terrenos se acabaría el desafío. Pero tratándose como una anomalía, como una singularidad molesta, no se solucionará nada. A mí, la propuesta me ofende. Por un lado, porque el reconocimiento que quiero para Cataluña es como nación cívica -lo que somos- y no étnica -que no somos-. Por otra parte, para que nuestra vinculación con España, en todo caso, debería ser libre, fruto de una decisión soberana y no de una concesión. Y todo esto queda obviado en la propuesta de esta tercera vía.
ARA
