Mentiras asumidas

Un rasgo indeleble de los opresores es siempre la necesidad que sienten de mentir sobre la realidad de la que son responsables. Es conocida la cínica actitud de Göbbels cuando afirmaba que una mentira mil veces repetida termina siendo considerada verdad. Viene al caso la reflexión a propósito de la tendencia de la cultura española a la hora de hacer creíble el despropósito del discurso con el que se pretende justificar el sometimiento de las naciones que tiene sujetas como la vasca y catalana.

Los opresores son prepotentes y a la opresión objetiva añaden la pretensión de que su injusticia sea aceptada como correcta por quienes la sufren; quizás para hacer que se sienta más humillado el dominado. Ante las objeciones que levanta el oprimido en contra de la arbitrariedad que sufre, el responsable de ésta replica con argumentaciones que ofenden a la inteligencia; pero él se puede permitir este cinismo, porque, de la misma manera que impone la opresión, pretende imponer lo que sea la verdad. Lo peor de todo es que la mentira puede terminar por ser asumida por el mentiroso –y desde luego por quien se identifica con él o vuelve la cara a la realidad- a pesar de la contundencia de la fuerza de los hechos.

En España el franquismo practico sin ningún pudor esta política que sus sucesores al frente del Estado español han encontrado tan útil. La expresión más completa de esta política la encontramos en el discurso elaborado por el nacionalismo español en esta nueva etapa imperial que ha seguido a la muerte de franco y posterior adaptación de su sistema a la Europa de nuestro tiempo. El nuevo discurso español pretende adaptarse a las exigencias proclamadas de la libertad individual y colectiva con las que se presenta el mundo desarrollado y occidental. Lo cierto es que los objetivos nacionales españoles no han sido modificados y se siguen basando en la imposición forzada a la Nación Navarra de la nacionalidad española. En apariencia más suaves las exigencias nacionales españolas, son las mismas que en tiempo de Franco ¿Y por qué no decirlo? Como lo han sido permanentemente cuando España se ha considerado fuerte para imponerlas.

El discurso español del presente muestra dos caras. En una de ellas aparece la cultura española, libre, democrática, abierta al Mundo y con una inmensa capacidad para aceptar las exigencias de la realidad. La otra cara del discurso español quiere que la cultura vasca sea solo un residuo de actitudes periclitadas y valores obsoletos, resultado de las cortas miras de la ideología nacionalista, ruines y violentas, que rechaza aceptar la libertad y universalismo representados por el planteamiento de un Estado como España, constitucionalista y solidario hacia dentro y hacia fuera.

El español se contempla tolerante y pacífico. El orgullo que siente por España no es nacionalista, a pesar de que permanentemente espera que sus selecciones nacionales y sus deportistas triunfen sobre los de otros países y manifiesta un orgullo que no ve bien en los ciudadanos de otros Estados. Políticos, intelectuales y periodistas se muestran preocupados porque España se encuentre siempre entre las naciones más consideradas, en cualquier terreno que sea. Lo llamativo de esta actitud es que se afirma como no nacionalista, aunque siempre se muestra celoso de la forma en que actúan otros en detrimento de lo que se consideran intereses españoles.

En el conjunto de estos rasgos aparece un nacionalismo sin tapujos, pero los españoles son incapaces de reconocerlo. Tienen una imagen de la Historia totalmente sesgada, mientras se permiten acusar a otros de ser manipuladores. Su Nacionalismo les hace mirar la trayectoria histórica de España de una manera idealizada. Cuando contemplan los  acontecimientos históricos, se las arreglan para seleccionar los datos de una manera que el conjunto les resulte favorable; Reconquista, conquista de América, las luchas por el Imperio… son simples acontecimientos heroicos y no episodios de destrucción y de rapiña. La constitución del Estado español en la Edad contemporánea se debe a un impulso de convivencia y solidaridad de los diversos pueblos de España, en aras de la superación de divisiones mezquinas y renuncia de particularismos sin perspectiva. La lengua española constituye el acervo común de todos los españoles, que se reconocen en ella porque ha servido de lugar de encuentro y no ha sido impuesta nunca por la violencia, al igual que sucedió en tantas zonas del Imperio. Se puede seguir ad infinitum por este camino.

España es resultado de la libre voluntad de los españoles y de esa libre voluntad deriva el sistema jurídico español que responde totalmente a un Estado de derecho democrático. Quienes se oponen al mismo son elementos marginales, rompedores de la solidaridad y paz por todos deseada, hasta el punto de recurrir a la violencia asesina; motivo éste que justifica que sean perseguidos y marginados del espectro político y social.

Este cuadro que repiten hasta la saciedad los medios culturales y de difusión españoles no resiste el menor análisis. Poco importa. Los españoles lo imponen y llegan a creérselo en una muestra más del ejercicio de imposición comentado. Los españoles no conciben que la historia de su Imperio haya sido una historia de imposición y expolio, ni que la pretendida solidaridad hispánica, resulta más bien de la conquista violenta y arrasamiento de cultura en  los terrenos político, económico y lingüístico. Si nos atenemos a los textos jurídicos de mayor alcance, como lo es la proclamada Constitución de 1978, lo primero que se echa de ver es la carencia de voluntariedad de los presuntos nacionales, para conformar la Nación española. Ninguna de las Constituciones españolas de las que han estado vigentes alude en absoluto a la voluntariedad de los españoles para constituir la Nación, sino que se limita a dar por hecha su existencia. Entre todas ellas la actualmente vigente destaca por amenazar con la utilización de la fuerza para el mantenimiento de la unidad territorial, mirando directamente a las naciones que se proclaman sometidas, casos flagrantes de Navarra y Cataluña.

Lo que deriva es concordante con lo señalado hasta ahora. La reivindicación soberanista es calificada de nacionalismo. La reclamación de la autodeterminación –capacidad para auto-regirse, sin instancia interpuesta- es calificada de egoísmo y falta de solidaridad y la defensa de la lengua y culturas propias como de etnicismo impositivo. Admira la pretensión de los españoles a la hora de rechazar que las lenguas propias sean exigibles en los territorios que las poseen, en tanto ellos declaran sin ambages la obligatoriedad del español y la resistencia de la administración española a reconocer que los recursos fiscales, y materiales en general de los territorios nacionales correspondan en su gestión a cada uno de ellos. Estos hechos –imposición cultural y espolio económico- son característicos de potencias coloniales y como tales serían admitidos así en el resto del Mundo. Los españoles, que parecen tan sensibles a situaciones de colonialismo que se dan lejos de su territorio, no obstante, niegan ejercer la acción de una potencia colonizadora.

Culminando  el conjunto idealizado de la imagen que pretenden ofrecer de sí mismos los españoles, se encuentra la reafirmación de que su sistema jurídico se corresponde a un estado de derecho modélico. Se afirma que existe una legalidad acomodada a principios de derecho universal. Las leyes son resultado de la voluntad democrática general y el respeto a los derechos humanos es la norma. Pretenden negar que el conjunto del sistema jurídico sea resultado del acuerdo de los territorios españoles, dispuestos a ejercer su mayoría numérica sobre quienes son mayoría en los territorios soberanistas. Para los españoles la democracia únicamente puede ser ejercida en el marco del territorio del Estado español, contraviniendo cualquier principio que establezca la libre autodeterminación sin injerencias extrañas. Se afirma sin ambages que la decisión de establecer un Estado navarro corresponde igualmente a un extremeño que a un navarro, e incluso se plantea la posibilidad de no tener en cuenta la representatividad de los territorios conflictivos, con el fin de evitar que puedan influir en los manejos de los partidos españoles.

Los españoles llegan hasta el extremo de promulgar leyes que marginen a determinados sectores de la población soberanista. Son leyes con segundas intenciones que permiten al gobierno español manipular las situaciones, al objeto controlar las instituciones de aquellos territorios que se perciben contrarios y enemigos, anulando el principio fundamental de la libertad de expresión y elección. Tales leyes pretenden justificarse por el carácter de los grupos políticos a los que se califican de violentos. En esta materia conviene recordar los orígenes autoritarios de gran parte de los partidos españoles que formaron parte del franquismo y la tolerancia existente frente a organizaciones que reivindican planteamientos fascistas de manera explícita. Para acabar en esta visión no está de más recordar las continuas denuncias de tortura ejercida por los cuerpos policiales, denuncias corroboradas posteriormente  por organismos internacionales de toda solvencia. Llamativa resulta la descalificación que se hace de estos últimos, en nada diferente a las que se hacían en la época de Franco.

Como he señalado al principio, la imagen que presentan los españoles de sí mismos no resiste el análisis imparcial, pero los españoles han terminado por creérselo. Esta actitud les lleva a adoptar en el exterior posturas que no se encuentran en situación de sostener, porque sus interlocutores se escapan al control de España. No es de extrañar, por tanto, que lleguen al ridículo, cuando pretenden imponer sus puntos de vista. Así ha sucedido con los piratas somalíes que han secuestrado pesqueros. Tienen tan interiorizado los españoles que son fuertes y que los demás han de ajustarse a sus leyes, que han hecho peligrar la integridad física de los pescadores secuestrados. En primer lugar por decidir detener el gobierno español a dos de los piratas y, en segundo lugar, por la prepotencia de la audiencia nacional negándose a la transacción ante un hecho de fuerza que es obligado reconocer ¿Cuándo aprenderán algunos que la política es el arte de lo posible? Dicen algunos que el patriotismo es el último refugio de los canallas. Todavía es peor aferrarse a unos planteamientos que no son resultado de consideraciones de justicia, sino de la prepotencia y altivez.

Publicado por Nabarralde-k argitaratua