Hace unos años, a medida que sectores sociales crecientes reivindicaban un referéndum para decidir el futuro estatus político de Cataluña, la respuesta de los antiindependentistas poco o muy ilustrados -formuladas con una mueca entre displicente y despectiva- era que el derecho a la autodeterminación tan solo está reconocido a las colonias, y que Cataluña no es ninguna colonia. Sólo les faltaba añadir: «¡Cuadrilla de ignorantes!»
Se trataba, sin duda, de una objeción de espesor. Pero, paradójicamente, durante el último semestre los aparatos del Estado parecen haberse puesto a trabajar frenéticamente para suprimir aquella objeción. ¿Cómo? Pues aplicando a la sociedad catalana un trato colonial. Uno de los aspectos en que este trato ha resultado más flagrante es el relativo al cuerpo de Mossos d’Esquadra.
No nos engañemos: ni los mandos de la Guardia Civil ni los del Cuerpo Nacional de Policía ni sus sucesivos responsables políticos habían considerado nunca a los Mossos como un cuerpo policial con el mismo rango que los del Estado, sino una fuerza auxiliar, complementaria, de segundo orden. De ahí los incontables obstáculos puestos por Madrid para la adquisición de armamento, la proyección internacional de los Mossos o la coordinación igualitaria con ellos (años sin reunir la Junta de Seguridad de Cataluña). Pero entonces tuvieron lugar los atentados del 17 de agosto. Y, de repente, la policía de Cataluña se hizo presente -eficazmente presente- en todas las televisiones del mundo; y el mayor Trapero se convirtió en un personaje global; y la gente empezó a aplaudir y dar flores a los agentes desplegados por la calle.
Esto, en el contexto político del verano-otoño de 2017, se convirtió para el poder estatal en un gravísimo problema, percibido como «la ausencia del Estado en Cataluña durante la crisis de agosto»; un problema que no se resolvía con algunas torpes intoxicaciones periodísticas para desprestigiar a los Mossos a cuenta del supuesto aviso de la CIA o de lo que sabían sobre el imán de Ripoll. Se necesitaban medidas de envergadura, y la convocatoria del referéndum del 1 de octubre -suspendido por el Tribunal Constitucional- les ofreció una ocasión ideal.
Para el coronel Diego Pérez de los Cobos y para sus superiores jerárquicos hasta el vértice de la pirámide, el objetivo del 1-O no era tanto impedir las votaciones como rebajar a los Mossos al nivel de policía indígena capaz de hacer el trabajo sucio del Estado reprimiendo y apaleando a sus conciudadanos. Es un método clásico en la historia del colonialismo, desde el uso de los cipayos y otras tropas indígenas para sofocar el nacionalismo en la India británica (la célebre matanza de Amritsar de abril de 1919 fue perpetrada por soldados ‘gurkhes’ y baluchis) hasta el papel de los ‘harkis’ en la defensa de la Argelia francesa, o de la Force Publique el Congo Belga. Si la operación les hubiera salido bien, habrían anulado a los Mossos para siempre -o por mucho tiempo- como policía ‘nacional’ catalana.
Pero no les salió bien. Como han confirmado las comunicaciones internas del cuerpo divulgadas la semana pasada, aquel memorable domingo los Mossos optaron por informar, dialogar y auxiliar a los heridos. Y el Estado no tuvo más remedio que enviar al asalto de los centros de votación a sus propios antidisturbios, con la subsiguiente y ruinosa factura de imagen. Por eso el coronel Pérez de los Cobos y todos sus cofrades con uniforme o toga están tan indignados; y acusan a la Policía de la Generalitat de traición, de complicidad con la sedición; y quieren hacer un escarmiento con el mayor Trapero y el consejero Forn. El cuerpo de Mossos d’Esquadra está intervenido, sí, pero no han conseguido arrebatarle la dignidad.
Ahora, estos últimos días, las amenazas que el gobierno Rajoy proyecta sobre la escuela obedecen a la misma lógica colonial. En la Moncloa les importa un bledo qué idiomas conocen los alumnos catalanes; ¡si para presidir el gobierno de España no hace falta ni el inglés básico…! Sin embargo, y con mentalidad de colonizadores, creen que si aquellos alumnos reciben más clases en castellano -la intervención sobre los contenidos de las ciencias sociales llegará en unos meses, con el pretexto de combatir el «adoctrinamiento» secesionista- se sentirán más españoles, y serán menos sensibles al argumentario independentista.
Es un razonamiento idéntico al que impulsó a los gobiernos de París, durante 60 o 70 años, a escolarizar a los niños nativos, en Senegal y Túnez, en Argelia y Madagascar, exclusivamente en francés, y hacerles aprender de memoria la historia de Francia, empezando por aquella famosa frase: «Nos ancêtres, las Gaulois…». En la metrópoli se creían que, de este modo, harían de los escolares negros, o árabes, o bereberes, o malgaches, pequeños franceses orgullosos de serlo y leales a la ‘patrie’ para siempre. Se equivocaron.
Y es que la lógica colonial constituye una peligrosa arma de doble filo. En el momento que empiezas a tratar a una parte de tus conciudadanos como súbditos, habitantes de un territorio ocupado y sometido, tú mismo les estás señalando el camino de la emancipación.
ARA
