LA pluma más activa del negacionismo sobre el genocidio navarro, la de Jaime Ignacio Del Burgo, en su reciente escrito publicado el 3 de diciembre de 2008 bajo el título Mi postura sobre la Guerra Civil , trata de varios alegatos, ya muy manidos, que tras una buscada apariencia de neutralidad, intentan relativizar en la práctica los terroríficos crímenes de lesa humanidad, auténtico holocaus- to, cometido en Navarra a partir del 18 de julio de 1936 por los armados promotores del Estado totalitario: militares, carlistas y falangistas, contra la sociedad civil navarra inerme y pacífica.
Es de vital importancia para la sociedad actual desenmascarar para siempre una por una las argucias renovadas del negacionismo, tanto por su influencia directa y permanente en la antidemocrática gobernanza que padece la ciudadanía navarra, co-mo por la condición delictiva de las mismas ante el Derecho vigente en toda Europa, desde su condición de actos continuados de genocidio, que objetivamente no prescriben.
Negacionista no es sólo quien justifica el genocidio o simplemente niega la existencia de los crímenes de lesa humanidad, cometidos por los regímenes totalitarios, como el franquis- ta, sino, de forma especial, quien hoy los minimiza, con medias verdades, ocultaciones y falsedades.
El propósito real del negacionismo sobre el genocidio en Navarra es, en síntesis, distorsionar la verdad, mantenerse en el poder y eludir la justicia. En este caso concreto del señor Del Burgo utilizando los medios del Estado español, como el Congreso de los Diputados, para promover la ocultación histórica y la propaganda negacionista.
Comienza el señor Del Burgo autoconsiderándose blanco de «algunas críticas en las que se me acusa de justificar los crímenes del bando nacional. Nada más falso e injusto». Afirmaciones rotundas con la pretensión de marcar previamente la ubicación y el campo de debate, donde se halla más cómodo para su propósito interesado de negar la magnitud y la responsabilidad del genocidio totalitario en Navarra.
El citado escrito intenta esconder su verdadero planteamiento negacionista tras tres supuestos «hechos probados», como arbitrariamente los llama, sirviéndose de una gran impostura que se convierte en determinante de lo posterior; que el aparato del régimen franquista, camuflándose y sucediéndose a sí mismo, ha conseguido, desde la muerte de Fran-co, seguir mandando en Navarra durante treinta y tres años más.
Veamos los tres «hechos probados», alegados por el señor Del Burgo:
El primer hecho , en realidad consejo, consiste en la pertinencia de una ley de punto final: a tres meses escasos de la muerte de Franco, el 26 de febrero de 1976, él impartía una conferencia en público, dando pautas para conseguir una mutación de dictadura a democracia, afirmando que la amnistía debe ser el último acto de la gran tragedia sin «una nueva etapa revanchista».
El segundo hecho , más bien advertencia, no se basa en que el Estado totalitario y su genocidio, puedan ser juzgados por los tribunales, sino en que las víctimas se deberán conformar con «un reconocimiento moral», a título individual, y tendrán que evitar la referencia a los causantes de los asesinatos, mentando de lo contrario el catastrofismo de una infundada e inexistente confrontación social. Así, afirma que en el 27 aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 2002, el Congreso de los Diputados aprobaba una resolución redactada por él mismo, donde se proclamaba que, «cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, deberá evitar que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescaldo de la confrontación civil».
El tercero de los hechos es la falsificación histórica, afirmando que la inmensa mayoría de los ejecutores de los 3.500 asesinatos a sangre fría eran «incontrolados», por lo que no fueron decisiones del Estado totalitario ni de sus promotores y mandos, y, además, equiparando y contrapesando la masacre de indefensos civiles en Navarra con los asesinatos causados, «por el otro bando», en la zona republicana española, cuando sabe muy bien que en Navarra no se produjo ninguno. El señor Del Burgo dice que, en Navarra, «la mayor parte de las ejecuciones se produjeron en los tres primeros meses de la guerra. En muchos casos fueron obra de incontrolados que dieron rienda suelta a sus odios y rivalidades personales». Que los asesinatos en el caso de los carlistas se hicieron contraviniendo las órdenes de la superioridad: «Si hubo 232 ejecuciones ordenadas por la justicia militar entre 1936 y 1939, el resto fueron crímenes infames».
Los asesinatos efectuados por la que llama «justicia militar» son tan genocidas y de lesa humanidad como los demás. Si según el señor Del Burgo el resto de los más de 3.000 asesinatos fueron «crímenes infames», perpetrados contra la «orden tajante» del jefe carlista de Navarra, ¿nos puede detallar qué medidas tomó la Junta de Guerra carlista contra quienes los cometieron y si los asesinos fueron detenidos, juzgados y condenados por ello?
El señor Del Burgo se halla a su antojo en la trama negacionista, duran- te las tres últimas décadas, y en el escrito analizado se reflejan las claves para las cerraduras del ya viejo «atado y bien atado», es decir, ocultar las tres llaves de la verdad, la democracia y la justicia, con la finalidad respectivamente de impedir el conocimiento real de los hechos ocurridos, mantenerse de forma directa o fáctica en el poder y evitar la acción de los tribunales sobre los causantes, cómplices, encubridores, sucesores y receptadores del genocidio y del expolio en Navarra. Todo lo contrario de la devolución, la indemnización, la reparación y la reconciliación.
