La argumentación del ministro Morenés de que el decreto que impuso ese símbolo franquista en el escudo de Navarra es «inderogable» es absurda jurídicamente e inaceptable democráticamente, aunque ya no se utilice
la respuesta del ministro de Defensa, Pedro Morenés, al diputado navarro de Amaiur Sabino Cuadra, argumentando que el decreto franquista que impuso la denominada Laureada de San Fernando al escudo de Navarra es «inderogable» es no sólo absurda desde el punto de vista jurídico, sino inaceptable en el ámbito democrático. Es cierto que la voluntad democrática hace años que eliminó ese símbolo franquista de su escudo oficial actual, pero ello no reduce las responsabilidades del Estado español a la hora de eliminar del ordenamiento jurídico un decreto que ensalza el asesinato y la desaparición en cunetas de forma impune y cobarde y sin juicio de más de 3.400 navarras y navarros en un territorio sin frente de guerra y con el aval, amparo y animación de los principales instrumentos políticos, religiosos y mediáticos del régimen golpista de Franco. Ampararse en su supuesta inderogabilidad es tanto como defender que los decretos y leyes que avalaron la pena de muerte franquista y el resto del entramado de aquel funesto, duro y doloroso régimen durante 40 años son igualmente inderogables aunque ya no se apliquen. Es una solemne estupidez que, sin embargo, evidencia de nuevo la resistencia de la derecha española y navarra a renunciar a su penoso pasado. ¿O acaso no es esa Laureada un signo del terrorismo y la barbarie que recorrió los pueblos de Navarra al dictado de los principales dirigentes del golpe de Estado? ¿Alguien se imagina a un ministro alemán defendiendo la inderogabilidad de las leyes nazis? ¿O a uno estadounidense la de las leyes de la segregación racial? Si no es un posible delito de enaltecimiento del terrorismo, se le parece mucho. Lo diga el ministro Morenés o cualquier ultraderechista. A la inmensa mayoría de los navarros y navarras de este siglo XXI, la Laureada les trae sin cuidado y, de hecho, una buena parte afortunadamente ni siquiera sabe que existe y menos aún qué negro pasado representó, pero la dignidad humana y la memoria histórica de las víctimas de aquella matanza exige ética, política, jurídica y democráticamente su derogación. Sin excusas. De la misma forma que tampoco se puede seguir permitiendo que Navarra sea el único territorio de la UE con un mausoleo oficial a un genocida como Mola o con una plaza a un ministro como Rodezno, responsables ambos de miles de asesinatos, o que en sus calles y pueblos aún siga habiendo símbolos de homenaje a aquella dictadura.
