El cambio de planteamientos y actitudes es exigencia insoslayable para las partes en conflicto, a partir de este momento en que E.T.A. anuncia el fin de la lucha armada. Los adversarios se observan, buscando el progreso de sus planteamientos hacia sus definitivos objetivos. En principio todos afirman que la decisión del abandono de las armas por parte de la organización favorece los intereses propios. Los motivos, no obstante, son diferentes.
El entramado de fuerzas político-sociales que se denomina constitucional considera haber obtenido la ventaja con la renuncia de la organización a un instrumento que perseguía una solución militar y definitiva. Es cierto que esta solución se había alejado materialmente al infinito y la organización se ha encontrado en una situación difícil para la supervivencia misma. Este contundente hecho lleva a los defensores del Imperio español a considerarse vencedores. La renuncia de E.T.A. es un fracaso; la extinción exangüe de una organización que ha sido más fuerte en la proclamación de sus principios, que en la capacidad real de alcanzar sus proclamados fines. España se muestra triunfante. Ha contado con la solidaridad internacional –al menos de los Estados de europeos- y benevolencia de otros. Esta solidaridad le será de gran utilidad a la hora de plantear sus exigencias a sus adversarios en la lucha que seguirá.
En su condición de vencedora España carga las armas. En tanto que agredida tiene muchos agravios. Las víctimas de la violencia irracional y cruenta generada por el soberanismo –nacionalismo vasco- son acreedoras a la reparación –se proclama-. Es obligada la construcción de un relato que establezca la responsabilidad de los agentes de la violencia terrorista y exigible el reconocimiento de la injusticia cometida por parte de esos terroristas. Debe imponerse y hacer cumplir un castigo sin paliativos a los ejecutores de la violencia. Como mucho, éstos deberán atenerse a la clemencia de las víctimas, cuando las heridas hayan mejorado, previo el reconocimiento de culpa y petición de perdón. Lo sucedido carece de justificación. No hay conflicto, salvo el desencadenado por la paranoia nacionalista vasca. El vigente ordenamiento jurídico de España responde a las mayores exigencias de los derechos políticos y como tal es reconocido universalmente. Debe cesar cualquier reivindicación de carácter soberanista en Navarra.
La cuestión de la violencia constituye el eje del debate y práctica política. La iniciativa la imponen las fuerzas españolas que pretenden una visión unilateral de la materia. La agresión viene del campo soberanista. La realidad es que el rechazo de la violencia de E.T.A. en el campo soberanista ha sido un factor decisivo para que la organización abandone la lucha armada. Este mismo rechazo de la violencia hace sentir la corresponsabilidad en ella a gran parte del soberanismo. La asunción de esta culpabilidad se traduce en cierto complejo ante la prepotencia de los españoles. El citado complejo ocasiona entre los navarros una situación de inferioridad frente a la dialéctica española. Parece que se pretende reaccionar desde el soberanismo. Se recuerda que la violencia se ha dado por ambas partes –más allá de la cuantificación reduccionista pretendida por los españoles-, la represión llena de detenciones arbitrarias y torturas, dispersión de presos y castigo a familiares…. Se recuerda el franquismo y se intenta hacer rebotar sobre España la responsabilidad principal del conflicto.
Siempre será obligado abordar con cuidado la cuestión. Al final quedan las víctimas que no dejan de ser contempladas como objeto de una actuación injusta, cruel e irreparable. Frente a ellas los ejecutores. De habernos encontrado en una situación normalizada los ahora calificados como asesinos hubieran sido considerados personas normales, porque no habrían sentido la necesidad de recurrir a las armas ¿Qué ha podido actuar en ellos para que hayan aceptado dar un salto tan grande que les ha llevado a matar y destruir? La convicción de ser objeto de una fuerte agresión por parte de un sistema político y organizaciones que con su actuación perjudican gravemente los derechos individuales y colectivos del propio grupo. Esta percepción no deja de ser un sentimiento subjetivo.
La Humanidad se halla envuelta en una profunda paradoja. Las culturas más avanzadas han aceptado el principio de que la vida humana constituye un valor intocable. La realidad nos muestra, sin embargo, que el derecho a la vida es conculcado sistemáticamente por individuos y Estados. La casuística que determina la legitimidad de la agresión a los individuos alcanza unas dimensiones, que desmienten el proclamado respeto a la vida de nuestra cultura y congéneres. Aunque suene fuerte, parece obligado relativizar el alcance de ese rechazo generalizado de la violencia que se proclama con tanta vehemencia por tirios y troyanos. No parecen equiparables situaciones como las generadas por las masacres nazis y diversos genocidios planificados con antelación, que las actuaciones derivadas de conflictos de convivencia y proximidad. Las masacres de la Guerra europea, bombardeos como los de Dresde e Hiroshima, suponen una maldad con la que no deben parangonarse las acciones –a veces muy limitadas- de guerrilleros y movimientos de liberación, a los que se incluye genéricamente dentro del concepto “terrorista”. Esta relativización es cuando menos delicada porque se refiere a la destrucción de la vida. A pesar de todo, es cierto que no se consideran igualmente el atentado contra un torturador o responsable de represión de derechos humanos, que la de cualquier otro individuo sin mayores responsabilidades en el marco de un sistema jurídico represor o, simplemente, le otorga su adhesión, o condesciende con el mismo de manera rutinaria.
Los Estados de todo color con el respaldo de sus respectivas sociedades reclaman como prerrogativa irrenunciable el monopolio de la violencia. Únicamente en el caso de enfrentamiento con congéneres más fuertes se les cuestiona la legitimidad para ejercerla de manera efectiva. Por otra parte, determinados individuos y colectivos reclaman la legitimidad al respecto, por percibir que son víctimas de injusticia; por estos caminos se llega a la realidad de millones de individuos, implicados en situaciones de violencia que cubren la superficie de la Tierra. Las circunstancias que dieron lugar al nacimiento de E.T.A. son de este carácter. No es legítimo olvidar que surgió con el fin de responder a la opresión del sistema franquista; sistema que culminaba un proceso histórico por el que el autoritarismo español se había marcado el objetivo la destrucción de las señas de identidad del Pueblo vasco, en unas condiciones de represión extremas con relación a las aspiraciones nacionales de la sociedad navarra. El mismo franquismo culminaba una etapa histórica en la que la nación Navarra se había resistido, incluso con las armas, a la destrucción de los restos institucionales y cultura nacionales; aspectos que el Estado español se esforzaba en destruir, con el fin de integrar a Navarra en la Nación española. La lucha armada promovida por E.T.A. en las últimas etapas del franquismo contó con muchos colaboradores –bastantes se desligaron de ella y aún se manifestaron en su contra posteriormente-. Tal hecho es muestra de que .E.T.A. no siempre ha sido contemplada con las perspectivas actuales.
La realidad de E.T.A. deberá ser considerada siempre bajo este prisma. Se inscribe en una dinámica de enfrentamiento directo a un Imperio que históricamente ha manifestado su propósito de asimilar a la fuerza a una nación –Navarra- y asumiendo una tradición de enfrentamiento directo con España –las guerras carlistas y lucha contra el franquismo constituyen la última manifestación-. Se inscribe igualmente en la secuela de movimientos de liberación nacional desarrollados contra los nazis-fascistas y revolucionarios en general. En definitiva, responde a las consideradas luchas de liberación nacional que han sido reconocidas como legítimas en tantas ocasiones y se encuentran en el origen de muchos Estados contemporáneos. Tras la desaparición de Franco determinados sectores de la sociedad vasca consideraron que no se habían modificado las condiciones de la opresión. Tales sectores decidieron proseguir por la citada vía, al constatar que con la instauración de Juan Carlos I se mantenían las antiguas condiciones de sometimiento nacional de la mano de los franquistas como nuevos dirigentes del Estado. De hecho desde las filas del actual régimen se ha expresado de forma inequívoca el propósito de avanzar en la asimilación de la Nación Navarra.
Lo que descubren estos hechos es la realidad histórica y actual de un conflicto nacional como los sufren y han sufrido muchos Estados reconocidos internacionalmente. Que los españoles nieguen su virtualidad evidencia un subconsciente con resquemores en el mejor de los casos, cuando no es expresión de abierta mala conciencia. En tanto que parte de una incuestionable discrepancia con los soberanistas navarros los españoles deberían aceptar arbitrajes. Se obstinan, sin embargo en su rechazo. Con todo esto, puede concluirse que la responsabilidad última del conflicto pertenece a España. No es nada nuevo en su Historia, presidida por el enfrentamiento con otros Imperios y la imposición sobre gentes y naciones que han marcado el devenir histórico español desde la constitución de España como Imperio, incluyendo genocidios y poder tiránico sobre las naciones de toda la superficie terrestre que han conseguido liberarse de España. Es obligado reseñar que en todos los casos España se ha resistido a reconocer el derecho a la libertad y autodeterminación de tales naciones, hasta el último de los esfuerzos.
La política española de imposición es una constante que alcanza a nuestros días. Por lo que se refiere a la Nación Navarra España ha agredido, impuesto su poder y modificado el sistema constitucional navarro concretado en el Fuero. Al decir de Locke ha incurrido en los delitos de agresión, domina a Navarra sin legitimidad y ha incurrido en la tiranía. El rechazo del Pueblo navarro ha sido permanente a pesar de la sostenida represión. Aquí se encuentra la clave del conflicto, que nace de la decisión española de negar el derecho de autodeterminación que corresponde a toda colectividad. Desde esta perspectiva la Historia proporciona la prueba de cargo decisiva, por evidenciar la pretensión del Pueblo vasco en ser el dueño de sus destinos ¡Nunca! En ninguna época ni coyuntura histórica ha dejado de manifestar Navarra su pretensión de autogobernarse. Se constituyó como independiente, aceptó otra soberanía forzada por las armas, pero manifestando siempre que cualquier soberanía debería reconocer las condiciones de autogobierno propias y, finalmente, hoy en día los sectores soberanistas reclaman la recuperación de la soberanía perdida. Ni España, ni Francia pueden atribuirse legitimidad para negar tal derecho, que se encuentra en la base misma de la libertad del individuo y expresa en el colectivo que reclama la soberanía.
Es obligado proclamar que esta es una exigencia de todo sistema político democrático y condición de cualquier pretendido estado de derecho que se base en el respeto de la misma libertad individual. Un sistema jurídico-político que no reconozca de manera absoluta estas exigencias, es opresor e ilegítimo. La Historia de nuestros tiempos muestra la cantidad de conflictos que han tenido lugar como resultado de la negativa de los Imperios europeos y otros a reconocer estos derechos y el Mundo entero conoce ahora mismo innumerables conflictos de este carácter. En el caso de Navarra la pretendida legitimidad de Francia y España se apoya en la realidad clamorosa de las distintas fuerzas de ocupación –así las llamaba el biógrafo de Espartero- que imponen las decisiones legislativo-judiciales emanadas desde las instituciones de sus Estados respectivos.
La responsabilidad principal en la actual situación de violencia recae sobre estos dos Estados. Debe rechazarse el discurso de sus defensores, cuando pretenden reducir la violencia al episodio contemporáneo de E.T.A.. Hay que denunciar la real y física violencia ejercida por las denominadas fuerzas de seguridad y es una perversión minimizar su alcance cuando se ha producido sin solución de continuidad desde épocas históricas, aunque haya alcanzado algidez en momentos como la Dictadura franquista. En el momento presente se produce de diversas maneras, respaldada por leyes y jueces que dan cobertura incluso a los graves episodios de tortura que se hacen de evidencia pública. La represión, la tortura y el asesinato se manifiestan a la luz como un principio de actuación asumido por el sistema. Estas circunstancias pueden legitimar la resistencia, a pesar de sus manifestaciones de violencia. En cualquier caso es ésta una situación que debe ser considerada con sumo cuidado al objeto de no dañar a quienes no tienen responsabilidad.
De E.T.A. es la responsabilidad de lo desmedido de muchas actuaciones que en ningún caso tenían visos de mera defensa, sino que respondían a una estrategia de enfrentamiento con España en absoluto realista, actuaciones que han causado daños desmesurados y en modo alguno justificables. Es cierto, no obstante que situaciones similares se han producido y producen en el conjunto de episodios bélicos y de violencia en general que se tienden a justificarse por su finalidad libertadora. No es asumible la perspectiva lineal con la que se contemplan los hechos desde la perspectiva española. Es obligado el ejercicio de la reflexión, cuando se pone ante la mirada el dolor y daño sufrido por las víctimas. No se puede aceptar sin embargo el intento de sacudirse las responsabilidades de quienes se encuentran en el origen del conflicto. La responsabilidad es de España y Francia por su negativa a reconocer el principal derecho de los individuos y colectividades, como es la autodeterminación. La obstinación de quienes niegan, siquiera, la existencia del conflicto los deja en evidencia.
La pretensión de los españoles porque se reconozca su victoria muestra igualmente el aspecto agresivo con el que contemplan el conflicto. No es E.T.A. su objetivo, sino la rendición de Euskalerria –de Navarra-. Vamos a asistir al ejercicio de resistencia más enconado que se dejará sentir primordialmente sobre los presos de la organización. El insoslayable ejercicio reflexivo corresponde al conjunto de actores que han tomado parte en la acción; la ecuanimidad exige que no sean los únicos en pagar los daños, tanto más que muchas de las denominadas víctimas eran agentes directos de la represión. Son estas circunstancias las que España intenta dejar de lado. Por todo ello el establecimiento de unas relaciones más normales entre España y Navarra exige la más amplia de las amnistías. Es esta exigencia más imperiosa cuando España ha sido tan generosa con sus propios criminales. La exacerbación de la necesidad de la violencia dentro de los sectores soberanistas más radicales se explica como resultado de la opresión desorbitada que ha sido la tónica española hasta el momento. No es la primera vez en que España se encuentra con situaciones similares de las que luego se ha visto obligada a reconocer la legitimidad.
En definitiva, la cuestión de la violencia debe ser abordada con la conciencia de que la responsabilidad más fuerte no deba recaer sobre los ejecutores concretos de los hechos violentos. Será obligado considerar la materia como resultado de un conflicto político que ha convulsionado la conciencia colectiva hasta llevar a los individuos a considerar a sus congéneres como esencialmente perniciosos por pertenecer a una colectividad humana, percibida como nociva para la propia existencia. En tal situación la superación de la violencia no será factible, sino con el reconocimiento de la responsabilidad común, hecho por encima de la gravedad de los hechos violentos repudiables de ejecución individual.
