El autobús de la memoria puso un recurso por irregularidades en las actuaciones
En la intervención se eliminaron los elementos construidos para la función de prisión franquista
El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) afirma en una providencia (acta de trámite previo a la elaboración de una resolución) que las obras acometidas en el fuerte de Ezkaba entre octubre de 2008 y mayo de 2009, en las que se eliminaron los restos de prisión franquista aunque su cometido inicial era el limpieza de accesos y acondicionamiento, no se ajustan a la legalidad, ya que se llevaron a cabo sin la pertinente licencia municipal del Ayuntamiento de Berrioplano, propietario del suelo sobre el que se asienta la fortificación. El TAN concreta que «el Comandante Militar de Navarra se limitó a remitir un breve oficio, en el que se señalaba que las obras respetarían el conjunto arquitectónico del fuerte, a diferentes instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Berrioplano, pero las obras en cuestión se ejecutaron sin la licencia municipal perceptiva». Cabe esperar que la resolución del TAN, que se emitirá a lo largo de este mes, siga la misma línea de argumentación aunque las consecuencias de haber cometido esta ilegalidad no pueden concretarse hasta que la resolución esté emitida.
Los recursos Los componentes del Autobús de la Memoria fueron quienes interpusieron un recurso, en primer lugar, para aclarar las actuaciones que se habían llevado a cabo ya que, según el proyecto se iban a acometer labores de limpieza de accesos y finalmente se derribaron los muros que se habían construido en los años en los que fue prisión. «No quieren que se sepa nada del sufrimiento republicano, igual que en Casas Viejas o en la plaza de Toros de Badajoz, quieren quitar todas las huellas de lo que pasó de la forma que sea», dijeron desde el colectivo. Al conocer que las obras no contaban con licencia, en noviembre de 2009 se dirigieron al Ayuntamiento de Berrioplano mediante en una instancia en la que se solicitó al consistorio que «ejecutase el oportuno expediente, depure responsabilidades y restituya o sancione las ilegalidades cometidas». El Ayuntamiento, lejos de abrir ningún expediente sancionador como pedían los demandantes, se legalizaron las obras realizadas mediante una resolución de alcaldía en el último día de plazo interpuesto por el TAN, el 14 de junio de 2010. Según el alcalde, José María Irisarri, se actuó «en virtud de los informes de los técnicos». «Es un tema del que no hemos tenido conocimiento y hemos actuado siempre de buena fe, el Ayuntamiento no tiene ningún interés en que se haga una cosa u otra», dijo Irisarri. El proyecto definitivo no fue remitido por el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento hasta el 24 de mayo, cuando se valoró y se procedió a la legalización.
Sin embargo desde el grupo municipal de NaBai, dijeron que las actuaciones del primer edil, de Príncipe de Viana y de el General Val, han sido «premeditadas y caprichosas». «Cuando el colectivo del Autobús de la Memoria pidió los informes al Ayuntamiento, el alcalde dio largas hasta que el colectivo tuvo que solicitar las resoluciones a través del TAN. Después solucionó el entuerto con el expediente de Legalización Urbanística por resolución de alcaldía, lo que es una chapuza realizada con premeditación y alevosía», apuntó Javier Orzáiz, portavoz de NaBai en Berrioplano quien añadió que se ha sentido «engañado».
