En primer lugar, sin embargo, debemos felicitarnos porque las últimas elecciones municipales y autonómicas han representado una buena bocanada de aire fresco para el País Valenciano y para las Islas y, en cierto modo, también para la Franja. Podemos decir, con la boca bien grande, que el PP ha sido desterrado de los Países Catalanes, y eso ya es una gran noticia.
En el Principado estricto, sobre el papel, y con algunas excepciones importantes, los resultados dieron la victoria a las fuerzas comprometidas con el proceso de independencia. Ahora sólo era necesario, por un lado, cumplir con los compromisos firmados y, por otra, hacer de nuevo el esfuerzo de pensar en clave de país y no tanto en el interés propio de cada partido o candidatura.
Esto no ha sido tan claro ni tan fácil. En algunas localidades, el partidismo, los intereses de partido, han prevalecido sobre los compromisos firmados. Las tres fuerzas independentistas más importantes, CiU, CUP y ERC no se han puesto de acuerdo en todas partes y esto ha dado paso a pactos diversos que, más allá de ser del todo legítimos, no correspondían al espíritu del compromiso suscrito con la ANC y con la ciudadanía.
Es posible que algunos consideren estos hechos como puntuales y muy localizados y que, en todo caso, sólo respondan a un «interés» local. Lo esperamos, porque el tiempo de la ambigüedad y la indecisión se acaban.
Pronto podremos ver si los diferentes partidos o coaliciones están dispuestos a hacer del 27-S un auténtico plebiscito para decidir la independencia de este país. O si, por el contrario, tendremos que asistir a la clásica batalla en la que cada fuerza política quiere ser la ganadora para aplicar su programa electoral.
Porque mientras nosotros no acabamos de encontrar el punto necesario de unidad que necesitamos, desde el Estado español han reactivado, a la máxima potencia, su maquinaria, sobre todo jurídica y política, para acabar definitivamente con el proceso de independencia.
Lo más preocupante no es la última sentencia del Tribunal Constitucional, sino lo que de ella se pueda derivar. Para empezar, habrá que ver cómo influirá esta sentencia en las querellas, actualmente en trámite, contra el Presidente Mas, la vicepresidenta Ortega y la consellera Rigau. La más que posible inhabilitación del Presidente tendría unas consecuencias graves para el proceso y de cara a las elecciones del 27-S. De una magnitud que se hace difícil predecir por ahora.
Las elecciones y las candidaturas que se puedan presentar también peligran. Basándose en esta última sentencia, ¿alguien duda que no son capaces de suspender las elecciones o de impedir que se presenten aquellas candidaturas que tengan un programa que supere el marco constitucional?
Preparémonos, pues, para los próximos meses. Serán duros y complicados. Será el momento de demostrar por qué salimos a la calle en 2012, 2013 y 2014. Será el momento de demostrar por qué desobedecimos al Estado el 9-N.
Será el momento de la verdad.
TRIBUNA CATALANA
