Las estructuras de Estado son esenciales para proceder a la desconexión, pero el rechazo de Madrid a negociar la independencia y la resolución sobre el encaje de Cataluña en el club europeo serán determinantes. Si Juntos por el Sí y la CUP abren la vía de la unilateralidad después del 27-S, en el supuesto de haber obtenido el aval electoral de la mayoría absoluta, deberán asumir dificultades en una docena de ámbitos. El gobierno los identificó en un informe elaborado con la colaboración de todos los departamentos que el comisionado para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, terminó antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera sus funciones con la admisión del recurso de la Moncloa, que ha intentado paralizar al alto tribunal todos los planes de CDC y ERC para desarrollarlas. Estos son doce puntos críticos de la separación.
Sistema bancario
La Generalitat debería ejercer las competencias sobre la regulación y la supervisión de las entidades de crédito atendiendo a las directrices y limitaciones que marca la Unión Europea. La previsión del gobierno es que el área de supervisión se integre en la estructura del Banco de Cataluña, que también implementaría la política monetaria acordada por el BCE. El Estado español y la UE deberían traspasar todas las informaciones de las entidades que quedarían bajo la supervisión de la Generalitat.
Si no es así, el gobierno alerta de la necesidad de construir una infraestructura de control similar a la del Banco de España para ejercer estas competencias desde el primer momento, previendo una posible salida temporal de la Unión. Con el Banco de España, tal como ya analizó el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), también se debería determinar la distribución proporcional de su patrimonio en oro, reservas transferidas al BCE o inmuebles. Se debería crear un fondo de garantía de depósitos, según el gobierno.
Cataluña se puede mantener en la zona euro como miembro de pleno derecho o cerrando un acuerdo monetario con la UE y el BCE. Esto último sería la alternativa a un eventual veto de España en el mantenimiento del Estado catalán en la Unión. Cataluña podría formar parte del Espacio Económico Europeo como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio.
Hacienda y deuda
Los ingresos tributarios se deberían producir con independencia de las voluntades individuales y asegurar la seguridad jurídica. Al margen del establecimiento de la estructura administrativa para la hacienda propia, definida en la lista de estudios encargados por el gobierno y capitaneados por el cerebro del modelo, Joan Iglesias, Cataluña debe poder acceder a los mercados financieros hasta que se consolide su situación y debería haber un pacto con el Gobierno sobre el reparto de la deuda y los activos. La lista de riesgos incluye la posible falta de colaboración de algunas entidades financieras en la gestión recaudatoria.
Con la UE debería acordar el ritmo del proceso de consolidación fiscal, hablar de los fondos europeos y de la contribución catalana al presupuesto comunitario. El mantenimiento del euro es clave para evitar que una devaluación incremente el valor de la deuda, destaca el ejecutivo. Calcula que con la gestión de todos los impuestos, Cataluña tendría unos ingresos adicionales de entre 18.000 y 19.000 millones.
Sistema educativo
La regulación invasora del Estado español en el ámbito curricular y la inestabilidad de la legislación básica acabarían con la independencia. El ejecutivo cuenta con que se revisaría el sistema educativo para mejorarlo de acuerdo con las recomendaciones europeas y sitúa, entre las principales dificultades, la ejecución de un traspaso ordenado a la Generalitat de todo el personal docente que es funcionario del Estado, incluyendo el cuerpo de inspectores de educación, garantizando los derechos laborales adquiridos. También se debería negociar el traspaso de la gestión de las titulaciones y certificaciones expedidas antes de la secesión para garantizar su validez y obtener la homologación europea con acuerdos bilaterales para el reconocimiento internacional de las enseñanzas, las programaciones y las titulaciones.
Salud
El ejecutivo de Mas, en cambio, subraya que el modelo de ordenación asistencial funciona bajo la cobertura legal asentada del marco estatutario y sólo se deberían atender de nuevo ámbitos concretos, como el órgano de reconocimiento y control de asegurados o la continuidad transitoria de la cartera de servicios. Por el contrario, sitúa como una «fuente de tensión potencial» las divergencias entre los partidos sobre la orientación general que debe tener el modelo y que, aunque no lo señala, podría formar parte del proceso constituyente. El «punto crítico» principal, sin embargo, puede ser el periodo de transición entre el abandono del catálogo público de medicamentos de España y la adopción del catálogo catalán con las correspondientes condiciones de precios, financiación y aseguramiento.
Protección social
La creación de una agencia catalana de la seguridad social es la principal estructura organizativa pendiente para que Cataluña gestione con soberanía las prestaciones del sistema de protección social y asuma, por tanto, las que controla el gobierno español. La agencia recaudaría los recursos de la Seguridad Social, gestionaría las ayudas, los fondos de reserva y los recursos humanos y tecnológicos requeridos. El objetivo del gobierno catalán es evitar que haya lagunas ni superposiciones de protección, de manera que se garanticen todos los pagos, y aboga por mantener el nivel de prestaciones.
Seguridad
Los Mossos deberían asumir las competencias ahora reservadas a los cuerpos del Estado, incluida la participación en la Europol y la Interpol, el terrorismo, el control de las fronteras y de extranjería o el salvamento y la seguridad marítima o la seguridad ciudadana y la investigación criminal en aguas interiores y puertos. Con las nuevas competencias, faltarían efectivos y el gobierno apunta la necesidad de formar y especializar policías en los nuevos ámbitos. También señala como necesaria la colaboración del Estado para el traslado de las nuevas competencias y la información de las bases de datos.
Infraestructuras
Cataluña debería gestionar las líneas ferroviarias de interés estatal y obtener la titularidad de la red de carreteras. El Departamento de Territorio no ve complicado el traspaso de activos de Renfe, con las correspondientes valoraciones y en el marco de las negociaciones globales de la separación con el Estado, pero considera más «delicado» el de la red de ferrocarriles gestionada por Adif, dado que la separación entre la gestión del servicio y la infraestructura no es clara y considera «particularmente urgente» la regulación del modelo. Para evitar asumir la deuda, señala que Adif podría gestionar la infraestructura como compañía privada. En cuanto al sistema aeroportuario, el ejecutivo sostiene que sólo con el control físico de los aeropuertos se podría garantizar su funcionamiento, y considera «altamente improbable» que se cerrara el espacio aéreo sobre Cataluña porque generaría caos en el continente. El sí español garantizaría un traspaso ordenado de la gestión de las frecuencias y de los centros de control. Sin embargo, y más allá del cambio de titularidad de los puertos, la Generalitat no tiene las estructuras y el personal especializado para ejercer las competencias marítimas relacionadas navegación, aduanas, señalización y abanderamiento de buques, iluminación de costas y salvamento marítimo.
Agua y energía
Se debería crear el operador energético catalán y definir un modelo propio de mercado y establecer acuerdos con los estados limítrofes. El peligro sobre el agua es el rechazo a la transferencia de los embalses de las cuencas del Ebro y a operar en los embalses. El gobierno alerta de la distorsión que puede producir la «falta transitoria de operadores legítimos».
Museos
La de los museos es el área más relevante de cultura. El riesgo más importante se cierne sobre el Museo Dalí de Figueres, dada la herencia del pintor en favor de la administración española. «Nos podemos encontrar que la constitución de un Estado propio suponga un riesgo para la continuidad de este fondo en Cataluña», alerta el ejecutivo. Además, se debería cambiar la titularidad del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, ahora estatal, se podría excluir al Estado de los patronatos de los consorcios del Museo Nacional de Arte de Cataluña y del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y suplir su aportación económica.
Sector primario
Para continuar recibiendo los 350 millones de euros anuales en ayudas agrícolas de la UE, evidentemente Cataluña debería mantenerse dentro del club europeo. Habría, además, que revisar la aplicación de la política agraria común en el territorio y aplicar una normativa propia al margen del modelo regulado en los decretos estatales. En cuanto a los fondos de desarrollo rural, se debería negociar la parte de los ‘Feader’ que recibiría Cataluña, además de facilitar que el fondo catalán de garantía agraria sustituya al equivalente español. Lo mismo ocurriría con las ayudas a la pesca. Además, se debería definir el espacio marítimo catalán y delimitarlo de acuerdo con el derecho marítimo internacional.
Datos básicos
Todos los datos esenciales de la ciudadanía, necesarios para acceder a los servicios públicos, desde el registro del nacimiento hasta el empadronamiento vigente, se podrían agrupar para que la ciudadanía no las tenga que comunicar a cada administración cuando se hayan de actualizar. Se trataría de determinar cuáles son los datos básicos del país y cómo se estructuran y colaborar con el Estado para el traspaso de los datos de los que dispone y asegurar que estarán operativos durante el proceso de transición.
Función pública
En las materias que son competencia exclusiva del Estado pero no sólo en ellas, dice el ejecutivo, hay estructuras, entes y servicios que dejarían de tener sentido, otros se deberían de reorganizar o reconvertir y potenciar con el correspondiente personal. Hay más de 20.000 funcionarios en la administración pública estatal, incluyendo las delegaciones del Gobierno o el servicio público de educación, trabajadores de la Seguridad Social o de la administración de justicia. El gobierno plantea fijar condiciones de incorporación de los empleados públicos del Estado con carácter voluntario, prever situaciones de transitoriedad y los puestos de trabajo que no se puedan cubrir con personal propio o integrado.
EL PUNT-AVUI
