Discurso Toni Strubell en defensa de la Ley de Independencia

Muy Honorable Presidenta, Sras. y Sres. Diputados, compatriotas y conciudadanos todos,

 

Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el tema de la independencia nacional ocupa un lugar central en el debate político en nuestro país. El grupo de Solidaritat somos conscientes de que presentamos una Ley que no dejará indiferente a nadie. Ningún país del mundo ha dejado de experimentar una cierta sacudida cuando se ha decidido a ser libre. Ciertamente, es un paso que requiere valentía y decisión a más de adecuarse perfectamente a lo establecido en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, para casos similares. Presentar una Ley de este tipo es difícil que guste todo el mundo porque hay muchos muros levantados, muchos tópicos establecidos y muchos hechos consumados que todavía alimentan intereses, muchos de ellos más identificables que confesables. Son muchos obstáculos que hemos ido acumulando empezando por la prudencia pícara del estigmatizado de la que hablaba Jordi Carbonell, o el inmobilismo que nos hace esclavos de una falsa interpretación del «seny» («juicio»), como denunciaba Gabriel Alomar. La tozuda realidad es que hay una amplísima percepción social según la cual este país tiene que hacer una reflexión si quiere prosperar. Sin un Estado propio, no saldremos adelante. Lo está diciendo día sí, día también, el que durante 23 años fue presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Y no sólo él. Es un fenómeno que se ha generalizado en los medios, en las encuestas e incluso en la prensa internacional. Explica la gran expectación que está generando este debate dentro y fuera del Parlamento. Este es un mundo en movimiento, un mundo donde los pueblos se resisten a ser fotos descoloridas del pasado y renunciar a sus derechos. Como dice el gran escritor irlandés y amigo de nuestro país, Colm Tóibín, los hechos nacionales pueden incomodar, pero no dejarán de hacerlo hasta que no sean debidamente atendidos.

Esta es la primera vez que se presenta una ley de este contenido en esta Cámara. Pienso que es una señal de normalidad democrática. La presentamos con la conciencia de quien se siente observado por generaciones de catalanes que han soñado este día. Lo hacemos, no hay que decirlo, con la voluntad de proponer una salida política digna y lógica para nuestro país para hacer frente al grave momento de bloqueo político y económico al que se ha visto sometido. Un momento que tiene su reflejo en el mundo económico e industrial de nuestro país, momento en que el presidente del Comité de Empresa de la empresa Derbi ha descrito esta mañana, en este Parlamento, como «la cosa más cercana a un desierto». Un momento marcado, por otra parte, por la confirmación de que el Estado español no está dispuesto a aceptar que decidamos en el campo financiero y económico -haciendo utópica por completo la pretensión de lograr un pacto fiscal. Tampoco está dispuesto el Estado a aceptar la plurinacionalidad ni la pluriculturalidad, convirtiendo la bien intencionada opción federalista en una pura quimera.

Digámoslo bien claro. Dentro de este Estado, Cataluña nunca podrá decidir nada importante sobre sí misma. El café para todos ha sido aplicado con toda su orteguiana lógica para anular Cataluña. La rotundidad de las últimas sentencias de los Tribunales Constitucional y Supremo ha significado un claro mensaje para los catalanes y esta es que las últimas migajas de acuerdo y consenso autonomista que quedaban en el Estado han sido pasadas por una trituradora. Por dignidad, los catalanes tenemos que decir basta.

Hoy es necesario que la mayoría catalanista de esta cámara no yerre ante la opción que se le brinda para avanzar. Tenemos una oportunidad que no podemos despreciar para abrir un objetivo legítimo y común que generación tras generación de catalanes han luchado por conseguir. Es en este sentido en el que quiero dirigirme con una oferta clara y transparente al grupo de Convergència i Unió. Y lo hago en respuesta a una declaración realizada esta misma mañana en sesión plenaria por el Muy Honorable Presidente Mas. El Presidente aseguró -y eso le honra- que CiU mantiene como objetivo el derecho a decidir sin límites. A la vez que añadió que CiU no es partidaria de declarar la independencia de Cataluña en esta legislatura. Es del todo aceptable la razón que aduce que es que no lo llevaba en su programa, y lo entendemos.

Ahora bien, ante esta declaración del presidente, el grupo de Solidaritat quiere responder con respeto y deferencia. Queremos manifestar nuestro compromiso para votar favorablemente la supresión de la Disposición Transitoria de esta Proposición de Ley, renunciando a cualquier compromiso de tipo temporal establecido legalmente para el paso hacia la independencia en esta legislatura. En segundo lugar, quisiera añadir que Solidaritat, una vez aceptada esta supresión, pide a CiU que permita la tramitación de la proposición de ley votando en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos unionistas. Lo hacemos con la misma voluntad que hemos pactado acuerdos en pasadas proposiciones, siempre con el ánimo de buscar el máximo bien para nuestro pueblo y su libertad, de acuerdo con la mayoría. Y creemos que el acuerdo en torno a esta Proposición no debe ser difícil teniendo en cuenta que 6 de sus artículos han sido ya votados en este parlamento por CiU, ERC, ICV los años 1989, 1998, 2010 y 2011.

Esta ley no habla de otra cosa que del derecho a decidir que tienen todas las naciones. Todas. Y esto se ha de poder realizar en nuestro país. ¿Qué es si no la lectura de que más de 850.000 catalanes y catalanas, junto con miles de ciudadanos extranjeros empadronados en nuestro país, hayan votado favorablemente en las Consultas por la Independencia realizadas desde septiembre de 2009. ¿En qué país del mundo podrían ignorar una fenómeno social y democrático tan remarcable como este? Ciudadanos que hablan catalán, ciudadanos que hablan castellano, ciudadanos que hablan toda una serie de idiomas diferentes, pero que, todos juntos, han comprendido que aquí hay un país a liberar. Una causa justa a seguir. Un proyecto común a realizar.

Y aquí quisiera hacer una aclaración. Algunos quizás han interpretado que esta Ley es una declaración de Independencia de Cataluña. Y no es así. Lo que se trata hoy es de que se acepte a trámite una proposición de Ley que establece cuál puede ser un camino a seguir por Cataluña si una mayoría de diputadas y diputados de esta Cámara opta con perfecta legitimidad por el Estado propio. Queremos igualdad para hacerlo. No es nada diferente a lo que se ha hecho en Barcelona el pasado domingo, iniciativa del que ustedes han dicho que tomarían buena nota. No es nada diferente a las Consultas que se han hecho en más de 550 poblaciones de nuestro país. Es igual de positivo y democrático. Es un paso legislativo que ningún catalanista consecuente puede saltarse, ni obviar. Porque, con todo respeto, querría decir, ilustres diputadas y diputados de Convergència i Unió, que nos encontramos todos los catalanistas ante otra de esas encrucijadas históricas que ni el electorado ni el catalanismo, en su conjunto , se saltará, ni obviará. Y digo «otra encrucijada» en recuerdo a lo que pasó el pasado 13 de julio, justo tres días después de la gran manifestación del 10 de julio, cuando dieron la espalda a la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular en esta Cámara , que quería abrir el paso al derecho de nuestro pueblo a decidir. No podemos permitir que se repita hoy.

A pesar de que se nos diga que aquí existe una igualdad y unas garantías constitucionales, lo cierto es que la nación catalana no tiene ninguna virtualidad jurídica ni ningún tipo de reconocimiento internacional oficiales. Somos una nación de preámbulo y posdata. No hay igualdad nacional para quienes queremos ejercer de catalanes nacionales. Para entendernos, algunos miembros de esta Cámara pueden disfrutar de la oficialidad de sus selecciones deportivas, y otros no. Algunos miembros de esta Cámara pueden acudir a los Parlamentos de Madrid y Bruselas y emplear su primera lengua, los demás no. Algunos tienen un Estado con el que buscar complicidades, DNI e identificación, los demás no. Algunos tienen absolutamente garantizada la independencia de su nación, mientras que los otros nos hemos visto, y nos vemos, estigmatizados y perseguidos, incluso con el peso del ejército, si la queremos conseguir. Hoy tenemos una ocasión de oro para buscar una igualdad cívica y democrática entre todos. Una igualdad que sólo vendrá si todos y todas tenemos derecho a un Estado propio, y no sólo algunos. De este modo accederemos a lo que disfruta una gran mayoría de europeos. Lo que nos estamos jugando hoy, nada menos, es el poder ser un país en igualdad de condiciones con los demás.

 

Esta Proposición de Ley, sin embargo, no se presenta hoy como una seta, ni por razones filosóficas, ni extemporáneas. Se presenta por la muy real situación de nuestro pueblo. Vivimos un momento en que una persona tan referencial como es el expresidente Jordi Pujol ha descrito como un «callejón sin salida» sin otra salida posible que la independencia. Y no creo que sean cosas del Sr. Pujol. El propio programa electoral de su partido, en las pasadas elecciones, hacía una decidida apuesta por el derecho a decidir, y lo hacía desde un razonamiento que partía del siguiente análisis. Y cito de la página 6 del programa: «El pacto constitucional establecido en el marco de la transición ha llegado a su límite, especialmente después de la interpretación que ha hecho la sentencia del TC… aprobado en referéndum por la ciudadanía de Cataluña. A menos que se quiera asumir resignadamente el resultado, hay que cambiar la política seguida hasta ahora. Sólo con el ejercicio del derecho a decidir Cataluña podrá garantizar ser una nación cohesionada; con progreso económico y social, y reconocida». Pero pienso que el presidente Pujol y su partido no son los únicos que perciben esta realidad. También los expresidentes de esta Cámara, los Honorables señores Heribert Barrera, Joan Rigol y Ernest Benach, así como el expresidente Pasqual Maragall, asistieron a la histórica manifestación del pasado 10 de julio, organizada por Òmnium Cultural, en la que, citando un importante medio internacional, «el grito del más de un millón de manifestantes fue, inconfundiblemente, el de «independencia». También estuvo presente el Presidente Montilla, y otros destacados miembros del Partido Socialista, que percibieron la necesidad de manifestarse tras una pancarta que en que se leía «Somos una nación. Nosotros decidimos». Y no se conoce ningún caso de un pueblo en el mundo que haya decidido no ser libre. Ni que haya renunciado al Estado propio una vez conseguido.

Esta es la realidad que tenemos delante. La realidad que expuso el año pasado ante esta Cámara el llorado Premio de Honor de las Letras Catalanas, Joan Solà. Es la realidad que expuso ante el Ayuntamiento de Barcelona el poeta Joan Margarit. La realidad que inexorablemente se ha ido revelando a tantas y tantas personas de nuestro pueblo, de ideologías y perfiles muy diversos, sólo hay que abrir el diario cada día para ver quién se ha hecho independentista. Todos ellos son en mayor o menor grado «culpables» de un hecho que recoge esta ley. El de querer que su pueblo ejerza el derecho a decidir. Es un sueño compartido por gente que va desde la Peña de Sevillanas de Sils hasta los miles de voluntarios de 60 países diferentes que han trabajado en las consultas. Un sueño compartido hasta el último aliento por Miquel Esteba y Caireta, exalcalde Figueres, muerto el pasado viernes y miles de entidades populares de nuestro país, del que son el esqueleto y el corazón. El sueño que pudimos ver telegrafiado en el mundo entero el pasado domingo con el voto de más de un cuarto de millón de barceloneses y barcelonesas. Todo ello forma parte de una realidad imparable que creo que no sería incorrecto ver reflejada, en parte, por valientes viajes del Presidente José Montilla en Madrid, donde, alarmado, -y con un diagnóstico seguramente muy diferente a la mayoría de esta Cámara- avisaba de la creciente desafección de los catalanes hacia España ante la falta de consideración que nos tienen los partidos de Madrid. Una falta de consideración que va más allá de la anécdota y que nos sitúa, en opinión del ya citado Sr. López Burniol, más allá del camino de no retorno con España.

No podemos soportar más tiempo el déficit democrático que supone formar parte de España. Un Estado incapaz de anular jurídicamente las penas de muerte a los republicanos y catalanistas represaliados como tendremos ocasión de recordar mañana. Un país incapaz de anular oficialmente la pena de muerte a nuestro presidente Lluís Companys a pesar de las promesas hechas en este sentido. Un estado incapaz de devolver la totalidad de los Papeles de Salamanca tal y como marca una ley de hace seis años. Catalunya no es perfecta y tenemos nuestras cosas que mejorar. Pero no podemos seguir formando parte de un Estado que tiene como único encausado en relación a los crímenes franquistas al único juez que quiso investigarlos. Todo esto es intolerable. Necesitamos un estado propio donde la decencia y la calidad democráticas sean entendidas de otra manera.

Es en este sentido en el que hay que situar y valorar el hecho de que más de 120 ayuntamientos de nuestro país, liderados por el ayuntamiento convergente de Port de la Selva, se hayan «declarado moralmente excluidos de la Constitución» habiendo hecho un solemne llamamiento a nuestro Gobierno para liderar un proceso hacia la independencia. Algunos querrán criminalizar el hecho. Mucho más recomendable es preguntarse por qué. Cualquier sociedad democrática normal debe estar atenta al estado y a la evolución de la opinión pública, gusten o no estas a los poderosos o los inmovilistas. ¿Por qué no en Cataluña? De todos es conocido que, a estas alturas, que las principales encuestas serias hechas sobre el grado de aceptación de la independencia en nuestra casa, muestran un incremento espectacular en los últimos años, situándola incluso como mayoritaria y con tendencia a crecer.

 

Estamos, pues, ante un momento en el que los políticos responsables no podemos esconder la cabeza bajo el ala y refugiarnos en lo de decir que «estos temas no interesan a la gente». ¿Como que no interesan? Interesan y mucho y por eso están permanantemente en los medios. Cómo no debe interesarse la gente cuando ve su estatuto destripado sobre la mesa de operaciones. Cuando se ha visto reiteradamente discriminada en las inversiones y en las infraestructuras por un incumplimiento histórico que hemos sufrido y que, si aquí no cambiamos nada, seguiremos sufriendo, como denunció en su momento el Círculo de Economía. Cómo no ha de interesarse cuando sufre un expolio fiscal del 10% que se lleva anualmente nuestras posibilidades de prosperidad económica e industrial.

Mañana día 14 de abril hará exactamente ochenta años que Francesc Macià, hizo una Declaración muy similar en espíritu a la Ley que hoy presentamos. Tanto en aquella ocasión como en la que hoy nos ocupa, se llega a la necesidad de declarar un Estado propio. Que nadie haga aspavientos. Guste o no, en esta Sala hay una mayoría de diputadas y diputados que creemos en la Nación catalana y en su derecho inalienable a la autodeterminación. Una declaración auspiciada por ERC en 1989 ya lo certificó y otras mociones más recientes lo han ratificado. Son pruebas adicionales que certifican que una mayoría parlamentaria y social de este pueblo está plenamente legitimada para dar pasos hacia la creación de un Estado propio dentro de la Unión Europea, paso que esta institución aceptará con plena normalidad democrática cuando se produzca, no tengamos duda, como nos aseguran con su apoyo hoy a esta ley una veintena de diputados y exdiputados europeos y de otros continentes. No hay paso atrás. No se puede cerrar el paso a la libertad, al pleno desarrollo de la democracia. Ninguna institución democrática del mundo puede pretender ignorar el principio inalienable del derecho a decidir de un pueblo, de una Cámara legislativa con todos los atributos de un auténtico Parlamento legislativo. No nos podemos apartar del principio inalienable a ser considerado como sujeto político, el principio inalienable de definir nosotros mismos -los diputados y el propio pueblo catalán- nuestras necesidades en cuanto a soberanía.

El proceso hacia la independencia que recoge esta Proposición es un proceso natural. No es más que el proceso que han seguido tantos y tantos países del mundo en los últimos tiempos. No se puede negar que haya creado incomodidad a los partidarios y beneficiarios de otro statu quo, de otra fidelidad nacional y, a menudo, nacionalista. No se puede negar, tampoco, que haya significado cambios profundos en la realidad política. Pero me concederán, ilustres diputados y diputadas, que la realidad es que en el mundo entero no se ha dado ningún caso aún de un nuevo Estado creado que se haya desdicho, renunciando a su nuevo estatus. Sea como sea, a nadie debe sorprender ni incomodar la Proposición de hoy. La libertad de los pueblos es un asunto que viene ocupando a la humanidad desde tiempos inmemoriales, de una manera preferente, en los últimos siglos. No es verdad, como proclama el tópico, que la creación de nuevos estados es una cosa del pasado. La mayoría de estados del mundo actual son cosa del último siglo. La legislación internacional al respecto se ha mostrado cada vez más comprensiva a su aceptación.

Insisto, no estamos hablando de nada anormal, ni mucho menos de nada perverso. Estamos hablando de la culminación de un proceso tan natural como democrático. Un proceso que arranca de muchos años atrás. A partir del mismo momento en que nació el catalanismo político, a mediados del siglo XIX, la prensa catalana de un signo y otro se hizo eco de la declaración de los nuevos estados que iban naciendo todo. Irlanda, Grecia, Hungría, Marruecos, Cuba. La gran diferencia entre aquellos países y Cataluña hoy, es que los primeros son hoy estados libres y Cataluña continúa como región autónoma sin reconocimiento internacional ni siquiera un estatus de igualdad para su lengua y cultura.

Como ya denunció el poeta Joan Maragall, España no ha estado a la altura de escucharnos. Ni antes, ni ahora. No tiene ningún interés en atender nuestras demandas. Hasta el punto de que ya es inútil pedir. España no nos ha dado un marco económico e industrial en el que nuestra competitividad fuera garantizada y nuestros recursos respetados. Hace unos días, Kenneth Rogoff, execonomista del Fondo Monetario Internacional, dijo que Cataluña podía ser uno de los países más ricos del mundo. Pero la realidad es otra. Tenemos 600.000 personas más allá del umbral de la pobreza, decenas de miles de personas que han perdido su vivienda por impago de hipoteca y 670.000 parados. Nuestro gobierno no podrá salir adelante y prosperar en las actuales circunstancias derivadas del actual marco estatal. Un marco que se nos ha revelado inflexible. Como ha dicho Jordi Pujol, nuestra única salida posible hoy es la independencia. O si no, podemos sufrir nuestra definitiva derrota como nación. Y eso, los catalanistas de esta cámara no lo podemos permitir.

Tenemos que hacer como el patriota y fundador de la Unión Democrática de Cataluña, Manuel Carrasco i Formiguera, que la noche misma de su muerte escribió las siguientes palabras: «de todo corazón pido a Dios que acepte el sacrificio de este día y de esta noche, los más dolorosos, sin duda, de mi cautiverio, y quiera permitir que sean provechosos para la independencia de Cataluña, mi supremo ideal de este mundo». Como a tantos pueblos del mundo, a los catalanes también nos tenía que llegar nuestro momento. Un momento en que teníamos que ser fieles a nosotros mismos y en el que teníamos que hacer como hacen los políticos de cualquier cámara legislativa digna de tal nombre, que es plantear la necesidad de ser libres y crear ese único ente soberano que garantiza las libertades de las personas. El Estado propio.

Y con el permiso de la Presidenta y los ilustres diputados, quisiera terminar con las últimas palabras que dijo Carrasco el 9 de abril de 1938, es decir, hace exactamente 74 años: «¡Visca Catalunya Lliure!»

 

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