El traslado el pasado viernes de nuestros políticos a las cárceles españolas no cumplía la normativa europea de transporte de ganado. El reglamento 1/2005 del Consejo de la UE, de 22 de diciembre de 2004, sólo por poner un ejemplo, establece en su artículo 3, apartado g), que «se dispondrá un espacio y una altura suficientes para los animales según el su tamaño y el viaje previsto». Pues bien: los 1,6 metros de altura y los 0,9 metros cuadrados de las celdas cerradas del furgón -eso sí, nueve de soga- habrían quedado fuera de la ley si estuviéramos hablando de bienestar animal.
Menciono este detalle porque, añadido a las condiciones que han encontrado en las cárceles de allí y en contraste con el compromiso público del Tribunal Supremo de tratarlos con consideración, hace que el escarmiento público buscado sea de una proporción que sólo queda empequeñecido por la dignidad del comportamiento de estos hombres y mujeres, tan severamente castigados antes del juicio. No humilla quien quiere sino quien puede. Y a ojos de cualquier observador imparcial, son la justicia y la policía española las que han vuelto a quedar embarradas en la indigencia moral.
Ciertamente, todo esto forma parte de una operación de Estado que se sitúa muy por encima de los márgenes de maniobra del gobierno de Sánchez, y que da continuidad al proyecto de Aznar, bien dibujado desde finales del siglo pasado. Se trata de una estrategia de liquidación nada sutil del Estado de las Autonomías, al que culpan de la erosión de la añorada España «una, grande y libre». Un espíritu que, como ayer explicaba bien ARA, se ha trasladado a la opinión pública española hasta el punto de que en muchas comunidades ya son mayoría quienes se apuntan a la involución autonómica. Se puede mirar hacia otro lado, claro, pero ya es hora de decir las cosas por su nombre: estamos ante una nueva embestida de la vieja voluntad del nacionalismo español de genocidio político-cultural de la nación catalana. Es lo que hace pocos días el propio Aznar calificaba de «batalla final» contra el soberanismo, detallada ante el cobarde silencio de los empresarios catalanes del Puente Aéreo.
La intención de aplicar el artículo 155 de manera permanente, cerrando las instituciones de la Generalitat de Cataluña y ahora interviniendo tres de los más grandes éxitos del autogobierno -los medios de comunicación públicos, la escuela y la policía-, no es una quimera lejana sino una amenaza más que probable. Y, sin embargo, es a la vez la expresión más clara del habitual error de diagnóstico del nacionalismo español, cuya ceguera lo lleva a la derrota final. Quiero decir que el empuje del independentismo, aunque ha ido evolucionando hacia un alma asertiva, fue inicialmente reactiva, consecuencia de las provocaciones españolistas. Como he dicho tantas veces, no hay «problema catalán», sino problema español. Es su tozudez a no aceptar una España plural lo que nos ha empujado a marcharnos.
El nacionalismo español -vestido con piel de cordero o mostrando las orejas de lobo- sigue imaginando Cataluña a su imagen y semejanza. Por eso no entiende que las aspiraciones nacionales no son consecuencia de un identitarismo como el suyo, ni de una inexistente propaganda en TV3 como la que practican sus medios, ni del adoctrinamiento escolar, ni de una policía política como la Guardia Civil, sino de una voluntad de progreso, justicia y libertades que allí no tienen futuro. No entiende que nunca podrá detener una sociedad civil nacionalmente fuerte -el asociacionismo popular, los círculos culturales y cívicos o el empresariado más activo y abierto-, ni podrá intervenir unas redes que ofrecen el espacio de libertad capaz de sabotear los propias miedos institucionalizados.
No han entendido Cataluña, ni la quieren ni la pueden entender. Sus intentos de humillación, como el del traslado del viernes pasado de ciudadanos honorables, los están hundiendo. Y por eso pronto Cataluña se les irá definitivamente de las manos.
ARA
