A este enmarañado contexto se añade la constatación de que, en una democracia de baja calidad como es la española, la demanda independentista no se puede canalizar a través de la negociación y de la deliberación, sino que exige un factor de ruptura, un gesto unilateral que, como en casi todos los procesos independentistas que nos han precedido, depende más de factores de poder que de mayorías y que reclama movimientos audaces y rápidos. En este periodo ya demasiado largo que se abre con el 11 de septiembre de 2012 se han perdido al menos dos oportunidades de precipitar los hechos: la primera, después de la colosal manifestación acaecida en la mencionada fecha y, la segunda, después del 9-N y la revelación de la impotencia del Estado para abortar el proceso participativo. Sin embargo, los responsables políticos, empezando por el presidente Mas y los aliados parlamentarios de ERC, prefirieron parapetarse en objetivos secundarios como la pretensión de celebrar una consulta acordada («cargarse de razones», decían) o el proyecto alegado por los republicanos de ampliar la mayoría soberanista promoviendo la atracción de los indecisos a la causa. Ahora una buena muchedumbre de los indecisos está en condiciones de gobernar el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona en Común después de haber minorizado a ERC. Sí, han pasado muchas cosas pero Cataluña continúa siendo una comunidad autónoma de régimen común en una situación mucho más precaria que antes de la reforma del Estatuto de 2006. Mientras los dirigentes políticos no nos lleven a Ítaca, tenemos una Generalitat con más de 60.000 millones de euros de deuda, la inmersión lingüística en las escuelas amenazada, un puñado de competencias laminadas por los poderes del Estado y unos servicios públicos cada vez más erosionados.
El pacto entre CiU-ERC y las asociaciones soberanistas del 30 de marzo pasado confirmó la voluntad de retrasar la cesura para satisfacer dos nuevos objetivos previos: la búsqueda de un supuesto mandato democrático con las elecciones del 27-S y la construcción de estructuras de Estado. Pero este proyecto continúa partiendo de la contradicción que significa proponerse un cambio radical de marco político sin querer asumir los costes del cambio, que, básicamente, son aceptar la incertidumbre inherente a los momentos anteriores y posteriores de una ruptura. La clase política soberanista y buena parte de la sociedad catalana que afirma apoyar la independencia parece que quieran romper sin arriesgar, tenerlo todo tan bien preparado que, de hecho, no acabe de parecer una ruptura, ni un conflicto, ni nada de lo que tradicionalmente ha acompañado la creación de nuevos estados. Este planteamiento tiene el peligro de alargar indefinidamente el proceso. Así, si el catalanismo ha estado treinta años reclamando una mejora en el autogobierno también puede estar treinta años más construyendo estructuras de Estado y considerando que los factores de seguridad aún no están lo suficientemente maduros para dar el paso (y si depende de España no lo estarán nunca porque siempre pondrán palos en las ruedas con todo su aparato represivo de poder para impedir que se concrete la Hacienda propia, un fondo que garantice el pago de las pensiones o una fuerza de control del territorio).
Algunos pueblos saltaron a la palestra con medios mucho más precarios que los nuestros, sin tantas autoexigencias y contra enemigos mucho más poderosos. Arriesgaron y ganaron. Aquí, después de casi tres años de proceso, aunque no sabemos, o no queremos saber, qué estamos dispuestos a sacrificar para llegar hasta el final.
EL PUNT – AVUI
