El jueves por la tarde, Lluís Puig volvió a sentarse en su escaño del Parlament. El presidente Josep Rull le recibió y él mismo pudo retirar el lazo amarillo que, durante nueve años, había ocupado su puesto en la bancada de Junts. Había regresado el día antes, como quería, «con calma, sin cámaras», a Terrassa, después de haber pasado los primeros años de exilio en Bruselas y, desde 2021, en la Cataluña del Norte, donde se ha implicado en la recuperación de la Casa Macià de Prats de Molló. El domingo, Toni Comín atravesó a pie uno de los collados que unen la Cataluña del Norte con la del Sur, y desde Cervera de la Marenda llegó a Portbou. Hizo el camino inverso al que hicieron los exiliados de 1939. La historia tiene, de vez en cuando, estas simetrías, que en ocasiones son trágicas y en ocasiones son alegres. Comín, sin decirlo, quiso realizar un acto de memoria democrática por partida doble. El president Carles Puigdemont tiene previsto volver después de las elecciones españolas del 29 de noviembre para no desdibujar el sentido institucional del retorno con el combate partidista electoral.
La amnistía es un triunfo del independentismo, digan lo que digan desde los gobiernos de Pedro Sánchez y de Salvador Illa. Lo es a pesar de la cúpula judicial, que ha tardado más de dos años en aplicar una ley que era clara —sobre todo después de las modificaciones que impuso Junts y del aval del TJUE y del TC— y que, al final, la ha tenido que aplicar a regañadientes. También es un triunfo independentista porque el Estado ha tenido que admitir, con los hechos, que la represión no podía ser el punto y final de la crisis abierta en 2017. Naturalmente, la derecha y la extrema derecha españolistas critican la amnistía. Pero también la critica el independentismo apocalíptico de Aliança y, al mismo tiempo, porque es fruto de un pacto con el PSOE. Esto debería hacer pensar a la gente honrada. Es ese independentismo que desprecia la amnistía de hoy mientras celebra y admira la de febrero de 1936. Aquella amnistía sacó de prisión al president Lluís Companys y a los consejeros condenados por los hechos del Seis de Octubre. Fue posible gracias a la victoria del Frente Popular, es decir, gracias a una alianza con las izquierdas españolas. Lo que en 1936 se celebró como una victoria, los radicales de hoy lo viven como una rendición. La idealización del pasado de algunos sectores ultranacionalistas es directamente proporcional a su ceguera frente al presente. Es una ceguera sólo comparable a la incongruencia de los saltimbanquis mediáticos de la extrema derecha que, puestos a elegir entre pronunciar el pregón de la Diada en Ripoll y conservar la bicoca de predicar cada semana desde los micrófonos de la radio nacional de Cataluña, eligen siempre el micrófono.
La amnistía debería servir para poner el contador a cero y rehacer el movimiento independentista democrático. Las alianzas de hoy de Esquerra con el PSC y los Comunes no borran una evidencia de que la aplicación de la amnistía ha vuelto a poner ante los ojos de todos: el futuro nacional de Cataluña dependerá de que Junts, Esquerra y otros partidos del entorno, que fueron juzgados y condenados mayoría, recuperen una mayoría independentista inequívoca. Sus dirigentes compartieron banquillo en el Supremo y celda en Lledoners, Mas de Enric o Puig de les Basses, y los exiliados, de uno y otro partido, compartieron la persecución de unas euroórdenes que varios tribunales europeos se negaron a ejecutar. El propio Comín era consejero por la cuota de Esquerra cuando emprendió el camino del exilio. Hoy es eurodiputado de Junts. En esta última década, ningún militante socialista o de los Comunes ha ido a prisión ni al exilio por defender la liberación nacional, que, como todos los progresistas sabemos, está íntimamente ligada a la defensa del bienestar social. Los de origen socialista que sí lo pagaron habían roto con el PSC en 2014 -como Comín ya había hecho antes- para fundar el primer MEScat, que desde abril de 2025 está asociado a Junts en una alianza estratégica. Precisamente porque el socialismo democrático había sufrido la represión durante la dictadura, el lugar natural de estos socialistas debía estar junto a presos y exiliados. Como dice el tópico: la historia acabará por juzgar a todo el mundo.
Las alianzas entre la izquierda españolista y una parte de la izquierda independentista son sólo un cataplasma. Cuanto más tiempo pasa, más claro queda que las políticas sociales autonómicas son poco determinantes, porque el poder de decisión está muy lejos de nosotros. Sin soberanía fiscal no hay política social que aguante. Tampoco puede hacerse sin decidir sobre los flujos migratorios, sobre la dependencia o sobre la ordenación del sistema universitario, ni sobre tantas y tantas cosas que afectan el día a día de la gente. Incluso el PLATER, el plan con el que el Gobierno quiere ordenar dónde se van a instalar los molinos y las placas solares, se topa con una red eléctrica y unas autorizaciones que se deciden en Madrid, como en la capital del Reino se ha decidido la distribución territorial de las renovables. Gestionar las migajas no es gobernar. Es administrar la impotencia. Además, la abrupta finalización de la legislatura española ha dejado sin efecto los acuerdos de Esquerra con el PSOE.
Durante el septenio soberanista, entre 2010 y 2017, la ilusión empapaba a la gente, que primero organizó consultas populares y luego defendió con el cuerpo las urnas ante la agresión policial. La ilusión y la esperanza fueron los motores de un proceso que culminó con más de dos millones de personas en las urnas el 1 de octubre. El escritor alternativo, ya fallecido, Eduard Limónov calificó ese movimiento popular de una manera taxativa: ¡En Cataluña hay una revolución, idiotas! (Manifiesto, 2025). El líder del partido nacionalbolchevique ruso —que, por otra parte, es el protagonista de una biografía novelada que Emmanuel Carrère le dedicó en 2011— debió dirigirse a los protagonistas del 15-M que dieron la espalda al independentismo. Limónov, sin embargo, sostenía que los independentistas fracasaron por tres errores estratégicos que cometieron los dirigentes políticos: la confianza ingenua en la Unión Europea, una concepción demasiado pacífica de la revolución y la posterior suspensión o no defensa institucional de la declaración de independencia. Quizás sí, pero la represión cortó en seco esa ilusión con la cárcel y el exilio de políticos y activistas.
La respuesta a la sentencia del Supremo, en otoño de 2019, demostró que la calle todavía estaba viva, y el 29 de febrero de 2020 más de cien mil personas se reunieron en Perpiñán para escuchar a los exiliados. Dos semanas después, el confinamiento lo detuvo todo. La pandemia no causó la desmovilización, pero la convirtió en costumbre: lo que había sido una interrupción forzada se transformó en retirada, y la frustración, encerrada en casa y volcada en las redes, encontró en la pelea entre independentistas la única salida. Así se consolidó una etapa que ha durado nueve años -y que no acaba con la amnistía de los políticos, porque todavía queda gente por amnistiar- marcada por la destrucción de la autonomía con el 155, pero también por la lucha cainita entre los grupos independentistas. Tan cainita que ha dejado espacio para que, siguiendo las huellas de los movimientos reaccionarios de todo el mundo —y, sospecha, también gracias a la financiación externa que recibe—, haya aparecido una extrema derecha que representa todo lo contrario de lo que representó la revuelta democrática soberanista.
Conviene no equivocarse de adversario. Los enemigos de Cataluña no son ni los otros independentistas ni los inmigrantes. Son los grupos unionistas, los que el 27 de octubre de 2017 abandonaron el hemiciclo para no votar la declaración de independencia —los populares, con la chulería de dejar banderas de España en los escaños— y los que se quedaron para exhibir un «No» muy claro, como hizo Jéssica Albiac. Se conservan imágenes fotográficas y televisivas. Todos son los que aplaudieron en el 155 y los que, desde la derecha, han recurrido hasta el último momento contra la amnistía. Que una parte del independentismo haya desplazado la mirada hacia el vecino recién llegado en vez de luchar contra el Estado opresor es el mayor regalo que podía hacer a quien siempre nos ha querido divididos. Es el triunfo del marco mental retrógrado que defienden con vehemencia Vox y Aliança con idiomas distintos y una similar identificación ideológica.
Cuando vuelva el presidente Puigdemont no habrá cerrado ninguna etapa. Se cerrará un paréntesis que nunca debería haberse abierto. Entonces habrá que centrar todos los esfuerzos en recomponer el movimiento independentista y devolverlo al ideario popular que históricamente ha caracterizado el catalanismo, el de Macià y el de Companys, el de los que regresaron en 1936 y el de los que tuvieron que marcharse en 1939. La amnistía no es el fin de nada. Es la condición previa para volver a empezar y probarlo de nuevo hasta conseguirlo, como también lo intentan todos los independentistas que han perdido referéndums, desde Quebec a Escocia. Rendirse no es una opción, porque incluso la unilateralidad ha quedado libre de pena con el aval europeo de la ley de amnistía.
MESCAT
https://www.mescat.cat/ideologia/posicionaments/amnistia-tancar-el-parentesi/
