Un sistema de XX siglos haciendo trampas

Cada vez que lo pienso, me reafirmo en que vivimos las consecuencias del sistema que desarrolló el imperio romano, y lo consolidó la Iglesia, también romana. Tanto el imperio que sólo reconoció un pueblo, una cultura y un derecho de ciudadanía, como la iglesia en su concepción católica (es decir, universal), fueron las raíces de todos los regímenes que, mediante victorias militares, se fueron imponiendo en el mundo, siempre bajo la ambición de jerarquizar la forma de dominio.

No tenemos más que repasar los pasajes que nos ofrece la historia a lo largo del tiempo: godos (soldados que habían sido de Roma), carolingios, francos, austro-godos y borbones (ya en España), etc. Pero no es este baile el que pretendo desarrollar. Ahora que se habla de montar referendums en Euskalerria, un punto clave para desarrollarlos debe ser la información, razón de este mi primer tanteo en la comunicación escrita.

La Administración Pública corresponde al gobierno de los ciudadanos que la sostienen con sus tributos, normalmente salidos del trabajo de sus gentes y explotación de su tierra. Por tanto, el gobierno que lleva la administración pública no posee el derecho, ni la propiedad, posesión, arbitrio sobre normas de exacción, distribución y reparto de bienes, creación de leyes, normas penales, etc. Sólo tiene la potestad de ejercerla, con la obligación de dar cuentas de ella.

Para salvaguarda de la quiebra de derechos en las facultades administrativas se evocan las leyes Constitucionales como bases fundamentales del Derecho. ¿Pero qué ocurre si la citada Constitución mantiene leyes arcaicas, implantadas bajo presiones, y permite arbitrariedades que no definen los derechos de los pueblos a los que afectan? ¿Y si donde se aplica el gobierno de la Administración, ésta quiebra principios o interpreta perjuicios sobre las comunidades o sus naturales? ¿Dónde se pondrá el arbitraje entre el ente afectado carente de entidad soberana, frente al Estado con todos los poderes y un organigrama de “Unidad Constitucional”?

Normas iniciales para marcar las fuentes del Derecho

Pero la reflexión principal debemos fijarla en cómo esa Administración que gobierna se ha hecho con unas potestades que no le corresponden y que la Constitución actual además lo permite y garantiza. La historia de estos dos últimos siglos nos puede aportar aclaraciones de como se ido llegando a un punto en la que la Administración no se debe a los administrados que la costean, sino a los intereses que la rodean.

Incluso la denostada ley de 1841 nos muestra la forma en que aún Navarra mantenía una Administración propia, a pesar de la conculcación de derechos que produjo (Artículo 25º: Navarra pagará … por única contribución directa, la cantidad de 1.800.000 reales anuales …). Además, sus cuentas no entraban en los presupuestos del Estado. El gobierno de la administración pues, se mantenía aún, en un estamento más cercano al administrado que actualmente, conservando los servicios locales, y lo que es más propio, la potestad de recaudarlos. Y era esa administración la que destinaba la cantidad a aportar el país a los servicios del Estado.

Éste era el sistema, que se mantuvo íntegro en las cuatro regiones vascas (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nabarra) peninsulares hasta 1876, en que la cantidad fija se hizo variable, continuando con la degradación del sistema. Actualmente la situación es inversa; es el Gobierno central el que, mediante los presupuestos del Estado, señala la contribución generalizada de las regiones, atendiendo a intereses de él, administrador, lo que no resulta de la voluntad del administrado.

La diferencia también puede verse desde otro ángulo. Navarra conservó la potestad de recaudación tributaria y su provecho sobre los hidrocarburos hasta el año 1930, en que le fue arrebatada al decretar el monopolio del Estado sobre dichas empresas (por cierto, hoy día en manos privadas), lo que le permitía la atención de carreteras “las mejores de todo el Estado”. Hoy, para atender las comunicaciones, Navarra necesita la ayuda mediante subvenciones y permiso, precisamente, de esa Administración globalizadora que se lo arrebató y sigue abarcando nuevos ingresos, para distribuirlo sobre sus perspectivas.

La visión centralizadora de la única Administración (vía presupuestos del Estado y criterio gobernante), se aprecia en todas la necesidades que las administraciones autónomas o locales se ven obligadas a solicitar. Las consecuencias a valorar, pues, se extienden cada vez que decide administrativamente y según intereses políticos, y los ejemplos se extienden a todos los campos. El Estado atiende toda clase de necesidades; paga las jubilaciones y el paro; subvenciona la cultura, el deporte, etc., mientras las fuentes de recaudación (personas y comunidades) ven sus objetivos subordinados.

Así las comunidades son deficitarias, y no pueden oponerse al Estado, que les sostiene sus deficits con las propias recaudaciones que ha hecho en ellas. Lo mismo ocurre en los ayuntamientos, aún mas deficitarios, cuando son éstos los recaudadores de las tributaciones mas difíciles y litigiosas, y quienes dan la cara ante los ciudadanos.

La opción de los ediles se ve abocada a justificar la rapiña de la Administración Central por la necesidad de encontrar en ella el cauce de acceso a las ayudas que espera le prodigue, a favor de sus vecinos que ya las han costeado. Se reproduce así la arbitrariedad consentida, a la vista de la coacción que el sistema representa.

El tema, pues, se presenta como cuestión de representación democrática real de las administraciones, y la cuestión a dilucidar, el funcionamiento territorial político de España. La España de las Comunidades prevista el año 1978 resulta, 30 años mas tarde, una vulgar descentralización administrativa del Estado. Y en ella, los cargos locales resultan ser meros eslabones, obligados a ser correa del interés administrativo del poder central, en la conservación de sus estamentos: una Constitución monárquica, oligárquica, conservadora de los privilegios del franquismo y con una clase política totalmente corrompida.

Para finalizar, sólo dos preguntas a la búsqueda de una representación política en Europa:

1ª ¿Quién puede tener un interés mas concreto y apropiado, representantes de todo el Estado o de la nación que somos?

2ª Y, ¿cuánto mas económico resultaría que nos representaran los electos más cercanos a nosotros mismos?

Publicado por Nabarralde-k argitaratua