Es muy difícil romper los hábitos y más cuando constituyen el tejido conceptual con el que conformamos la realidad. Los ideologemas no son condiciones ‘a priori’ del conocimiento, pero se comportan como tales. Las personas acostumbradas a considerar la política como determinante de la actividad social no se dan cuenta de que es un espacio menguante. A los miembros de las generaciones para quienes la política fue un tabú y una seducción, les cuesta entender que el fascismo –lo que el fascismo fue históricamente– ya no tiene la clave del futuro. El fascismo y su primo hermano, el comunismo, idolatraban el Estado –“Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nula contro lo Stato”. A esto le llamaban totalitarismo y era una apuesta ‘in extremis’ para recuperar el imperio de la política ante la primacía de la actividad económica. Desde la revolución industrial, la economía «burguesa» arrinconaba las estructuras de poder tradicional. En la economía política, nueva materia de estudio teórico, lo sustantivo era la economía y el adjetivo la política. Como observó Hannah Arendt: antes de que Marx profetizara la disolución del estado, la esfera pública ya había empezado a disolverse. Más exactamente, se había convertido en una esfera limitada de gobierno, que en la época de Marx se convertía en una simple gestión doméstica a escala nacional. En los años cincuenta, Arendt veía diluirse al gobierno dentro de la esfera impersonal de la administración. La política cedía poder a la burocracia.
Cada vez más presionada por los poderes económicos, la política se ha embutido en la función de gestionar la riqueza nacional y regular las necesidades de los gobernados. Los políticos hacen lo imposible por salvar la ilusión de que rigen los asuntos públicos de acuerdo con la voluntad de los representados, pero no pueden esconder el abismo entre lo que prometen y lo que son capaces de alcanzar. La gente se da cuenta de su inoperancia y, enviciada por la idea del estado providente y a la vez resentida por los incumplimientos, les da la espalda. Encerrados en su burbuja, los políticos compiten con declaraciones demagógicas para mantener la ficción de soberanía popular. ¿Qué tiene de extraño que la gente huya de las urnas o se anime con partidos de talante enérgico y soluciones mágicas que, si alguna vez llegan al poder, tampoco cumplirán? De rebote las instituciones quedan desprestigiadas y la democracia dañada. Y así es como se pasa del escepticismo crítico a las teorías de conspiración y los populismos de derecha y de izquierda.
Por todas partes es evidente el desgaste de la política. Lo es en Cataluña, donde la insignificancia de esta actividad se manifiesta en que actualmente la máxima aspiración política sea la gestión de los trenes. Lo es en Europa, con una Comisión Europea dedicada casi exclusivamente a gestionar la economía y con un parlamento anodino. Y lo es en Estados Unidos, donde la rebelión antipolítica ha alzado un presidente entregado en cuerpo y alma a desguazar la función pública y preparar el cumplimiento de la profecía de Marx sobre la disolución del estado.
A mediados de los años setenta, la crisis del petróleo provocada por la OPEP desquició la economía mundial. En Occidente la inflación alcanzó el 20% y el paro se disparó. De repente los estados más fuertes eran incapaces de controlar tanto una como otra. Los ministros de Economía llegaron a la conclusión de que el keynesianismo, la doctrina imperante desde los años cuarenta, había fracasado. Para combatir la inflación era necesario recortar el gasto y controlar la oferta de dinero. Había llegado la hora de recuperar la teoría económica de Friedrich Hayek y aplicar el monetarismo de Milton Friedman. Con las políticas neoliberales del ‘New Labor’ en Reino Unido y los tratados intercontinentales de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, los estados cedían poder a las multinacionales, que no sólo obtenían favores fiscales, sino que incluso conseguían modificar la legislación, por ejemplo en protección de las condiciones laborales y de impacto. Durante décadas la principal función de los gobiernos ha sido financiar con medios públicos los servicios e infraestructuras que las multinacionales necesitan y asegurar la fluidez del comercio global. Éste y ningún otro era el sentido del fin de las naciones anunciado y a menudo aclamado por los politólogos. La profecía se basaba en que la soberanía había pasado a manos de las multinacionales y el ciudadano se había convertido en consumidor.
La ironía de la imposición arancelaria de Trump es que lleva a la práctica aspiraciones de los movimientos antiglobalización de los años noventa. Trump puede ser muchas cosas, pero no es conservador. Con peculiar maximalismo, ha institucionalizado la protesta y la rabia contra una situación que una ciudadanía radicalizada por las desigualdades económicas y la marginación cultural ya no estaba dispuesta a tolerar. Trump gana adhesiones cuando ataca a las universidades de élite y los aspectos más llamativos de la globalización, como el multiculturalismo, y logra la aprobación refleja de los seguidores acusando a un puñado de países de aprovecharse de Estados Unidos. Da igual que los datos sean manipulados y que la solución sea peor que la enfermedad; los sentimientos son inexpugnables y lo que cuenta es que alguien se encare con los problemas.
Los aranceles son una declaración de guerra. Estados Unidos todavía es y seguirá siendo una potencia militar, pero Trump no es un presidente belicista. Más que un estado en el sentido clásico del término, para él Estados Unidos es sobre todo un mercado. La batalla por la hegemonía ya no se libra en el teatro clásico de la guerra sino en el terreno comercial, donde los soldados son los consumidores. No es una guerra indolora. La devastación del aparato productivo de los países puede ser mayor o menor que en los conflictos calientes. Sin embargo, la guerra primitiva, hoy circunscrita a los conflictos armados en el interior de países con gobiernos inestables o en raras incursiones de conquista, como la de Rusia en Ucrania y, como cada vez parece más evidente, la de Israel en la franja de Gaza y en Cisjordania, podría sobrevenir en un escenario de implosión industrial.
La pregunta que debe hacerse el activismo es si protestar puede cambiar el estado. Ni el 15-M en España ni el desaparecido Tsunami Democrático en Cataluña tuvieron eficacia alguna para reformar el Estado español. El sábado hubo más de un millar de manifestaciones contra las políticas de Trump en Estados Unidos, de una intensidad como no se había visto desde la guerra de Vietnam. Habrá que ver si tienen el efecto deseado o si, en un escenario completamente diferente, debe repensarse la estrategia en términos más comerciales. La caída del valor de Tesla en bolsa a raíz de las agresiones verbales y a veces físicas que deben soportar quienes conducen estos vehículos, y la consiguiente retracción de las ventas, han hecho más para frenar el vandalismo político de Musk que las invectivas ideológicas.
Trump lleva a cabo una transformación del Estado de una profundidad y gravedad que nadie esperaba. No sólo deconstruye las bases de la convivencia puestas por Franklin D. Roosevelt para superar la sacudida de la Gran Depresión. También revoca medio siglo de globalización sin importarle sus consecuencias. Todo el mundo sabe que un objetivo cardinal de su política es bajar los impuestos a las empresas y a los oligarcas, pero también es indudable que está convencido de actuar como un tribuno de la plebe. Y la plebe nunca ha tenido necesidad alguna de la política. Le basta con pan y circo. O, en términos más actuales: con el nivel mínimo de subsistencia y realidad virtual.
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