El principio básico de la cultura española se basa en el … “aquí quien manda” … Franco no constituyó un hecho de excepción, sino expresión del profundo sentido patrimonial del poder, interiorizado por quienes se han apropiado del mismo. Este constituye el factor que ha condicionado, y lo sigue haciendo, el conjunto del sistema socio-político y ordenamiento jurídico vigente. El consenso que facilitó el paso desde la dictadura a la monarquía parlamentaria lo marcó el poder del ejército integrado por tantos compañeros de Franco y sus hijos que blandieron la espada de Damocles de su intervención, ante las exigencias colectivas de libertad. En el debate constitucional las exigencias de Fraga y sus seguidores llevaron a quienes se reclamaban demócratas a aceptar una redacción del texto constitucional en la que los principios de democracia fueron expresados con ambigüedad y escasa precisión a fin de no provocar la reacción y rechazo de quienes se proclamaban abiertamente franquistas. Tal circunstancia permitirá interpretaciones de la ley fundamental retorcidas, apoyadas en la falta de rotundidad que debe caracterizar la ley básica de un ordenamiento jurídico que garantice el derecho de la colectividad frente a quien es el mandatario del pueblo.
El resultado fueron las imposiciones del Ejército que negaron el derecho de autodeterminación de los pueblos y naciones (artº. 2 Tit., prel.), corporación de la que se resalta su función en materia de defensa, dando pie a que se pueda concluir en la autonomía de su actuación, como no se hace con ninguno de los órganos de poder, que no son citados en el título preliminar en que se establecen los pilares que constituyen el Estado. Únicamente en la parte final de este título se cita a los ciudadanos, que se presumen los integrantes del Estado mismo, pero tras el señalamiento previo de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, y, por supuesto, del mismo ejército, dando la impresión de que la ciudadanía representa el complemento de todas estas instancias y, desde luego, en ningún momento se proclama el protagonismo principal de los ciudadanos en la configuración del Estado.
Y ahí se encuentran los poderes del Estado que desarrollan la acción de este en tanto que comisionados de partidos y corporaciones. Es en este marco donde se produce la lucha política que afecta a los dos partidos mayoritarios, que han conseguido implantar un sistema de marginamiento de grupos minoritarios por sus planteamientos más radicales o nacionales; los que cuestionan un estado de cosas, resultado del oligopolio de los poderes fácticos, constituidos estos en unos casos por los grandes poderes económicos, en sociedad con las elites de la alta administración. En este conglomerado reside la capacidad de decisión, o porque su opción política detenta el poder, o por disponer de resortes e influencias con las que incidir directamente en el sistema institucional. Es de esta manera que se ha alcanzado el punto actual. Nos encontramos ante las fuerzas herederas del franquismo bloqueando la acción del legislativo y ejecutivo que en teoría se encuentra en manos del PSOE, con el apoyo de los grupos marginales del sistema. Pedro Sánchez parece una opción de ruptura de la entente, ya histórica, entre PP y el organigrama construido por Felipe González y Alfonso Guerra, basado en el poder de los barones dominantes del partido en determinadas autonomías, organización de resonancias feudales que ha dirigido el partido con un aspecto de reinos de taifas, muy fructífero en la España de la corrupción. Los recelos de tales barones y sus viejos sultanes parecen converger con los que manifiesta la declarada derecha del PP, ante el temor de que el actual líder socialista pueda ser arrastrado por sus socios de gobierno y apoyo parlamentario hacia aperturas que convulsionen el actual estado de cosas. Hasta el momento el enroque del PP en su decisión de no renovar los órganos del Poder Judicial que controla mediante la implicación de los jueces en los planes del Partido Popular dificulta al límite la actuación de los otros poderes que se escapan a su control. Un hecho como la no renovación del supremo Órgano General del Poder Judicial, que violenta el mandato constitucional, equivale a un golpe de estado que no ha precisado de fuerza ejecutiva directa, porque no la necesita, por el simple hecho de servirse del incumplimiento del mandato legal, para que la previsión de la misma ley –en este caso la renovación del citado organismo judicial– no tenga lugar y cualquier justificación de tal actuación no deja de ser argucia de leguleyos. ¿Qué decir del respeto de la independencia judicial de unos funcionarios –en última instancia– que aparecen totalmente implicados como necesarios colaboradores del delito de omisión que les permite seguir detentando un poder que no les corresponde?
Nos encontramos ante el incumplimiento más flagrante del texto constitucional con el que se nos amenaza a todas horas desde tan altas instancias, como columna intangible que sostiene el Estado. En definitiva, la realidad de un sistema jurídico-político diseñado para facilitar la actuación de sus gestores con aparentes formulas de Estado de Derecho, pero de una elasticidad de un globo de ferias que puede adquirir la forma que interesa al feriante. En este contexto es donde Pedro Sánchez ha dado su golpe… ¡sobre la mesa! Es cierto que la partida de naipes es entre jugadores avezados y nadie tendría que molestarse, cuando está claro que las marrullerías son el recurso de la mayoría, sino de todos los participantes de la timba. Sin que nos encontremos en un momento clave del proceso político, Sánchez tiene la posibilidad de afrontar un cambio decisivo del sistema, apoyándose y dando peso al conjunto de fuerzas que se encuentran en su entorno. El resultado que podría esperarse abocaría a un sistema democrático de tradición europea, que permitiría el arrumbamiento definitivo de la oligarquía que viene dominando el Estado y el asentamiento de una sociedad más igualitaria… Es una posibilidad que parece apuntarse… ¡Tengo mis dudas de que pueda alcanzarse!
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