Durante muchos años de recuperada democracia no existió un debate en la sociedad española acerca de las consecuencias de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Las élites del franquismo, que han seguido siéndolo en democracia, conquistaron su impunidad a través de una Ley de Amnistía y establecieron un modelo de democracia en el que las instituciones del Estado se convirtieron en fábricas de ignorancia para ocultar ese pasado.
Durante veinticinco años tras la muerte del dictador, el Parlamento español no debatió sobre los crímenes del franquismo. Los libros escolares ocultaban la historia de la dura represión de la dictadura y todo ese silencio negacionista hizo sobrevivir en el imaginario colectivo el relato franquista que justificaba la necesidad de que un general fascista diera un golpe de Estado y asaltara violentamente el poder con ayuda de los ejércitos de Hitler y Mussolini.
En la transición, tras la dictadura, llamaron reconciliación a ocultar el pasado, a dejar que los fascistas normalizaran su presencia en la vida política democrática y a dejar sin justicia ni reparación a las víctimas.
El pasado parecía clausurado y resuelto, sin deudas pendientes. Pero en el año 2000, en una cuneta de un pueblo llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses comenzaron a exhumar los cuerpos de 13 civiles republicanos asesinados por pistoleros fascistas el 16 de octubre de 1936. De allí nació la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y un movimiento social que comenzó a denunciar los crímenes de la dictadura. Fue una pequeña grieta en un gigantesco muro de impunidad.
Así se puso en marcha un movimiento social para buscar a los desaparecidos por la represión franquista. Las imágenes de las fosas comunes comenzaron a circular en medios de comunicación. Personas que no conocían esos hechos se indignaron al conocerlos y otras que los habían vivido pero por miedo habían callado comenzaron a contarlos.
Ante esa evidencia física, científica, de la represión, los sectores de la derecha española vinculados al franquismo necesitaban dar una respuesta porque se estaba resquebrajando el relato monolítico impuesto en la transición. Y como no podían atacar a los hijos ni a los nietos de esos republicanos asesinados, enterrados lejos de cementerios y con orificios de bala en sus huesos, decidieron reconstruir editorial, mediática y culturalmente el relato franquista.
Dos autores, César Vidal y Pío Moa, se convirtieron en los principales defensores y difusores de la explicación franquista: la culpa de la guerra fue de la revolución de los mineros de 1934 o esa secreta intención del gobierno de la República de venderle España a Stalin para convertirla en una república soviética.
Pero lo cierto es que el dictador Francisco Franco dejó firmada en el Boletín Oficial del Estado la explicación de lo ocurrido. Se trata de Ley de 23 de Septiembre de 1939 que consideraba que eran no delictivas actuaciones llevadas a cabo desde el 14 de abril de 1931, día de proclamación de la Segunda República, hasta el 18 de julio de 1936, día de su golpe de Estado. Los actos que Franco no consideraba delitos fueron: cualesquiera de delitos contra la Constitución, contra el orden público, infracción de las Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones cometidos por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional. Es decir, cualquier asesinato, atentado terrorista o delito violento cometido por motivos políticos contra la república desde el primer día de su existencia era declarado legal. El objetivo de Franco no era poner orden, era mantener una estructura social casi medieval, con un altísimo nivel analfabetismo y un modelo de explotación de trabajadores infrahumano y muy beneficioso para los grandes propietarios del país, incluida la iglesia católica.
El fenómeno del revisionismo tuvo enormes apoyos mediáticos, entre ellos la televisión pública durante el Gobierno de José María Aznar. Pero el movimiento de recuperación de la memoria siguió exhumando fosas, ha enseñado miles de asesinatos, ha implicado a Naciones Unidas y ha convertido a millones de españoles en testigos de esos crímenes.
Al terminar la guerra, Franco recogió los cadáveres de “sus” muertos, reparó a sus familias con becas escolares, con pensiones especiales, con puestos como funcionarios para toda la vida, con reconocimiento social y todo el apoyo económico. Pero a las familias que no apoyaron su golpe de Estado no les dejaron buscar a sus muertos, les arrebataron sus bienes a punta de pistola y crearon un apartheid español donde los defensores del fascismo tenían derechos y beneficios sociales y las familias antifascistas podían servir, malvivir o emigrar, como hicieron cerca de dos millones de personas de familias republicanas que emigraron en los años 50 y 60.
Franco hizo desaparecer al menos a 114.226 civiles; creó 300 campos de concentración, uno de ellos específicamente para homosexuales; aplicaba electroschocks a las lesbianas para curarlas de sus ‘aberraciones’; robó bebés a las presas republicanas con las teorías de un psiquiatra, Antonio vallejo Nájera, que investigó la transmisión de un supuesto gen marxista; incluso cuando compró las primeras vacunas contra la poliomielitis solo eran para hijos de vencedores.
La publicación en Francia de obras que justifican la dictadura franquista y la necesidad de su golpe de Estado, que pretenden humanizar el fascismo, hay que entenderla como un fenómeno europeo. Las extremas derechas buscan un relato del pasado que no asuste y que explique que los viejos fascismos fueron útiles para salvar a Europa. La sombra renovada del fascismo viaja en páginas de libros, en programas electorales y se extiende por ciudades, medios de comunicación y parlamentos.
El revisionismo español justifica la dictadura de Franco asegurando que las autoridades de la república estaban fuera de la legalidad. Pero lo que realmente hizo el Gobierno de la República fue construir miles de escuelas para combatir el analfabetismo, separar a la iglesia del Estado, celebrar elecciones democráticas con sufragio universal masculino y femenino, tener gobiernos de izquierdas y de derechas, legislar el divorcio, tener la primera ministra de Europa Occidental o llevar la cultura al último pueblo de la geografía española para mejorar el país.
En España se produjo la primera gran victoria militar del fascismo europeo. Los ejércitos de Franco, Hitler y Mussolini comenzaron aquí su camino para tratar de arrastrar al mundo hacia su infierno. Hay quienes quieren lavarles la imagen para allanar nuevos caminos hacia el fascismo. Mientras tanto, en España hay 114.226 civiles desaparecidos por la violencia franquista y ningún responsable de ninguno de esos crímenes ha sido juzgado jamás.
Las personas que construyeron la Segunda República estaban modernizando este país. La transición a la democracia la hizo España en la década de los años 30 del siglo pasado. Lo que se hizo tras la muerte del dictador fue recuperarla.
Las personas que lucharon contra Franco querían defender esa democracia. Los republicanos españoles que salieron de España huyendo de Franco siguieron su lucha por la democracia en suelo francés, formando parte de la resistencia y de las fuerzas que liberaron París del nazismo. Sus cuerpos están enterrados desde Noruega hasta el sur de Francia.
Quienes quieren lavar la imagen de Franco necesitan deslegitimar la República. Pero llevamos años viendo sus crímenes en miles de huesos, de vidas rotas y de civiles asesinados en cunetas. La narrativa que quiere dulcificar el fascismo pretende allanar un camino y los únicos caminos que respetan la diversidad y protegen derechos transcurren por el territorio de la democracia.
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