Es obligado aceptar que UPN constituye un referente a la hora de determinar los elementos que constituyen Navarra. Quienes nacimos y vivimos sobre este suelo nos reconocemos todos miembros de la colectividad humana con la denominación de navarros. No obstante, salvo símbolos como Osasuna y San Fermín, nuestra percepción de Navarra es distinta, si no totalmente opuesta. UPN es adalid de un planteamiento que hace de Navarra y los navarros un trozo de la nación española, surgido a raíz de la Reconquista contra los moros; que acepta su integración en España mediante la «anexión» respetuosa con el estatus de los fueros y que, finalmente, pacta con España la unión constitucional, aceptando la transformación de un estatus foral que diferenciaba a Navarra de España, por otro de particular autonomía, representado por la ley de 16 de agosto de 1841 -la paccionada-. El Reino de Navarra -en definitiva un Estado bajo soberanía ajena- se hace provincia de otra nación, mediante la renuncia a su condición de Estado per se.
Una perspectiva opuesta por completo a la que se acaba de describir es la defendida por los soberanistas navarros. Navarra -de acuerdo con esta perspectiva- constituye el Estado que hacen los vascones originarios -navarros-, para mantener su libertad frente a naciones que pretenden dominarlos. Un Estado que sufre un proceso de agresión y conquista a partir del siglo XI. Conquista que culmina en el primer cuarto del siglo XVI por lo que respecta a España y en 1620 con la decisión violenta de los borbones franceses de unir a Francia el territorio aun independiente. Todas las promesas que garantizaban el mantenimiento del sistema jurídico de Navarra con ocasión de la presunta unión voluntaria se convierten en agua de borrajas. UPN representa la primera de estas perspectivas. La de la asimilación de Navarra por parte de España.
He dicho anteriormente de la citada formación política que es referente inexcusable para determinar la identidad de Navarra. Debo añadir, no obstante, que lo es como el negativo del celuloide a la realidad que capta este, a la luz de las fuentes históricas. No anexión voluntaria, sino conquista violenta; no reconocimiento del fuero, sino negativa a reconocer el fuero reducido, aprobado por los Tres Estados del Reino -las Cortes- y representación de la Corona; pero que los reyes austrias rechazaron, dando ellos mismos inicio al ataque en contra de la legislación e instituciones del Estado de Navarra, en un proceso que llega hasta la supresión violenta del sistema foral -unidad constitucional con España-. Todo el conjunto de actuaciones españolas se resumen en una serie de atropellos de la legalidad Navarra, al margen de cualquier promesa hecha por la Corona para que los navarros aceptasen el mal menor de la pérdida del rey privativo que garantizaba independencia y estatus jurídico propio. Las instituciones navarras proclamaron ante el rey y los políticos españoles que actuaban en nombre del mismo, que Navarra no formaba parte de la monarquía española, sino a idéntico nivel que Castilla y diferenciada de esta por su territorio y sistema jurídico; que el rey aparecía en Navarra después del Estado y colectividad. Las instituciones de Navarra rechazaron la intromisión de cualquiera otra «extranjera» hasta que España desmanteló las propias del Reino en un momento muy avanzado de la Guerra carlista. Se puede afirmar que la casi generalidad de los navarros defendieron estas posiciones. Relevantes al respecto son las actitudes de Sagaseta de Ilurdoz, síndico del Reino, y Yanguas y Miranda hasta 1838, actuando como secretario de Diputación, expertos los dos en la Historia y Fuero. Su postura fue mantenida por carlistas y liberales hasta este crítico momento.
Las propuestas de la Corona, siempre bajo la amenaza y hasta la prisión, fueron repudiadas por el sistema institucional y sociedad de Navarra. Se pueden enumerar: traslado de aduanas, imposición del servicio militar, contribuciones no votadas por los Tres Estados, imposición de los mandatos reales, sin el visto bueno de las Cortes o Diputación en su caso y desde luego, rechazo de la misma policía española, introducida en Navarra en 1824. ¡Que se enteren algunos! No fueron aquellos navarros del Reino histórico gentes amedrentadas como en ocasiones se presume con displicencia. Las actas de las Cortes o de su Diputación los muestran formando bloque y remitiéndose a la ley, una ley que exigía el acuerdo del rey con el Reino a la hora de legislar y demás. En aquella sociedad además se asumía que el euskera era patrimonio de Navarra. A partir de la presunta Paccionada, Navarra ha sido manejada por España como un pelele, con la colaboración de sectores sociales que han manejado asuntos y patrimonio en propio beneficio. UPN representa en el momento a tales sectores, considerando a Navarra la finca de sus intereses. Irrita la actitud de sus integrantes cuando se autoproclaman portavoces de Navarra, siempre que un navarro de los territorios occidentales llega a referirse a nuestro territorio; portavoces silenciosos cuando quienes hablan son sus congéneres de Madrid, demasiado para que el señor Esparza proclame que no se decidirá nada relativo a nosotros ni en Bilbao, ni en Madrid. Boutade ésta en la línea de sus alegatos que generan hilaridad, en un partido que ha desmantelado hacienda y administración navarras con peajes en la sombra y tras trueque de plantillas de funcionarios.
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