A lo largo de la década que cerramos, muchos economistas han hecho contribuciones al análisis de la viabilidad de una Cataluña independiente. En múltiples artículos y libros han analizado las consecuencias de una hipotética separación de España tanto en el ámbito público como en el privado. La conclusión recurrente es que una Cataluña soberana sería perfectamente viable, como lo son Dinamarca, Portugal o Noruega.
En la gran mayoría de trabajos analizamos la independencia como si saltásemos del 0 al 1 sin pasar por los decimales, sin prestar demasiada atención a los costes de transición, porque se descansaba en la creencia de que España era una democracia consolidada, se suponía un comportamiento poco beligerante del Estado y se creía que la pertenencia a la UE era una garantía de respeto a los procedimientos democráticos. Nada de esto ha resultado ser del todo cierto.
En 2011, conjuntamente con Xavier Cuadras, estudiamos el impacto que podría tener un boicot comercial sobre los productos catalanes por parte del mercado español (‘Sin España. Balance económico de la independencia’). El resultado fue que el impacto sería limitado y temporal, incluso en el peor de los escenarios. Si en el lado opuesto de la balanza se ponía lo que se ahorraba Cataluña con la eliminación del déficit fiscal, la economía salía bastante beneficiada. Los supuestos básicos de aquellos cálculos eran, en síntesis, que 1) un boicot español era respondido por parte del mercado catalán en idénticos términos (una reducción de un 10% de la compra de productos catalanes se respondía con una reducción del 10% de la compra de productos españoles por parte del mercado catalán), y 2) que las compras entre empresas serían poco propensas al boicot. Sí que afirmábamos que la compra pública (la del Estado, la Generalitat y los ayuntamientos) se vería afectada, pero que tenía un comportamiento simétrico y su efecto estaba implícito en los cálculos globales. En cuanto a la exportación no quedaría afectada porque suponíamos comportamientos racionales de las empresas.
Ni en nuestro trabajo ni en los otros que se publicaron a lo largo de los años no se anticipó que a la hora de la verdad (son hitos clave la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017), el Estado español estaría dispuesto a todo, incluyendo reacciones inesperadas.
Empezamos por lo que sí que se podía esperar, que era que el Estado siguiera practicando el maltrato histórico y estructural hacia la economía catalana, por las vías clásicas de baja inversión pública, baja ejecución de la inversión, ahogo financiero, laminación competencial, arbitrariedad en el reparto de recursos y un largo etcétera. Ni siquiera la aplicación del artículo 155, que comportaba formalmente la culminación de una intervención económica de la Generalitat que hacía tiempo que estaba vigente, no sorprendió ni alteraba de manera sustancial los análisis sobre las consecuencias de la independencia. En la práctica sirvió para dejar claro ante el sector público catalán «quién manda aquí». Y todavía puede ahogar más, pero quizás entonces nos ahogaremos todos.
Lo que no anticipamos fue que, en la transición, el Estado pondría en marcha instrumentos coactivos sobre el sector privado para tratar de descarrilar con argumentos económicos el proyecto independentista. La retirada de depósitos bancarios, por parte de entidades públicas, de CaixaBank y Banco Sabadell, la invitación al traslado de sedes sociales de empresas fuera de Cataluña (utilizando incluso a «su majestad el rey») y el decreto de Guindos que facilitaba estos traslados, fueron una demostración de fuerza ante el sector privado, que dejaba claro, también, el «quién manda aquí». No se pueden descartar más gestos en el futuro, dependiendo de cómo vayan las cosas y atendiendo a la cultura bélica del Estado frente a la cultura de pacto de los que venimos de los fenicios. Veremos.
En cualquier caso, hasta ahora los efectos de la reacción española sobre la economía han sido escasos. De 2013 a esta parte, por ejemplo, el crecimiento ha sido alto, la reducción del paro también, la inversión y el atractivo internacional no se han detenido, la internacionalización de las empresas tampoco (de lo que vendemos fuera de Cataluña 65% es exportación y el 35% va a España; hace 20 años España compraba el 57%).
Y a pesar de que las reacciones del Estado puedan imponer algunos costes en la transición, estos costes no modifican en absoluto la valoración que en su día hicimos muchos en el sentido de que una Cataluña soberana en el marco europeo es perfectamente viable. Y que, en el medio y largo plazo, haría a todos los catalanes más ricos. No sólo en términos de PIB sino también en dimensiones tales como el respeto, la dignidad, la democracia, el diálogo o la cultura del progreso.
ARA
