La tradición del independentismo predicada durante décadas según la cual Cataluña era «un país ocupado» o «una colonia» ha encontrado en los acontecimientos sucedidos desde el pasado 27 de octubre su confirmación. ¿Qué es sino una colonia un país gobernado por un partido político que tiene cuatro diputados en el Parlamento? ¿Qué democracia es ésta que ha hecho todo lo posible para que tres candidatos a ser investidos presidente estén en prisión? El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o mediante representantes libremente escogidos», pero esto parece que no se aplica a los 2.078.000 catalanes que votaron por fuerzas independentistas las que obtuvieron la mayoría absoluta de una cámara y por lo tanto la plena capacidad para formar gobierno.
Pero es evidente que el aparato de Estado español con el gobierno de Mariano Rajoy al frente son perfectamente conscientes de estas consecuencias de sus actuaciones contra la mayoría independentista en Cataluña y por eso el objetivo prioritario de su política durante estas semanas y los próximos meses será impedir que esta mayoría independentista se continúe visualizando. El sistema constitucional español prohíbe los referendos de secesión (y también los persigue penalmente) porque no puede tolerar que se manifieste una mayoría democrática a favor del Estado catalán (de hecho, no puede tolerar que se exprese un sujeto de soberanía, el pueblo de Cataluña, diferente del pueblo español). Y si, con todo, las elecciones del 21 de diciembre fueron posibles fue, además de las presiones internacionales que el gobierno español debía haber recibido, porque el aparato del estado contaba que en unas elecciones bajo su control y con el bombardeo masivo de los medios de comunicación de ámbito español el independentismo no obtendría mayoría. Como es sabido, el error de cálculo propició un resultado desastroso para la ‘razón de estado’ española con la revalidación de la mayoría independentista, la candidatura del presidente Carles Puigdemont como la opción más votada dentro de este bloque y el PP desplazado al último lugar de los grupos con representación. Consumada la derrota desde la perspectiva del Estado sus esfuerzos se han centrado en erosionar a través de la acción judicial la mayoría que el unionismo no obtuvo en las urnas: en impedir las excarcelaciones de los diputados para ejercer sus derechos políticos, en encarcelar más diputados e impedir la investidura de Puigdemont con autos surrealistas del Tribunal Constitucional en vulneración flagrante de la misma doctrina de este tribunal. Pero esta es sólo la primera fase de lo que se proponen.
El independentismo tiene que estar alerta de que no se cumplan los dos meses para la convocatoria automática de elecciones porque no habrá más elecciones al Parlamento a las que Juntos por Cataluña, ERC o la CUP se puedan presentar. El Estado no puede permitir bajo ningún concepto que se vuelva a visualizar la mayoría independentista en unas elecciones libres y que los catalanes no puedan ser gobernados por la opción que han elegido, por ello el próximo paso que se perpetrarà será el de la ilegalización de las fuerzas independentistas atribuyéndoles la misma violencia inventada que ha servido para acusar a Puigdemont, Junqueras, Sánchez, Turull y al resto de rebelión y para mantener a algunos de ellos en prisión. El independentismo no puede, pues, plantearse unas nuevas elecciones (que en situación de limpieza y dado el impacto de la represión en la sociedad catalana volvería a ganar tal vez ampliando su mayoría) y es necesario que invista urgentemente a su candidato, Carles Puigdemont, a fin de que el mundo constate, a pesar de la reacción furibunda que esto pueda desencadenar por parte de las autoridades españolas, lo que han elegido y lo que quieren la mayoría de catalanes.
