En el tercer capítulo de ‘Fahrenheit 451’, libro maravilloso de Ray Bradbury, un hombre-libro dice: «También nosotros quemamos libros. Los leemos y los quemamos, porque nos da miedo que los encuentren. […] Es mejor guardarlo todo en la cabeza, donde nadie pueda verlo ni sospechar de su existencia. Todos somos fragmentos de historia, de literatura y de ley internacional. De vez en cuando nos detienen y nos registran, pero en nuestra persona no hay nada que nos pueda comprometer». La obra de Bradbury, como recordaremos, habla de una sociedad en la que la lectura está tipificada como delito, porque hace que la gente piense por sí misma y se revele contra el poder que la oprime. El Gobierno español no se atreve a llegar a este extremo -aunque no le falten ganas-, pero utiliza medidas de represión jurídica que van en la misma línea, como la criminalización de personas que leen obras que le son desafectas. Yo, por mi condición de escritor, lo he podido vivir estos días de manera directa a raíz de una noticia publicada por el digital ‘El Español’.
La noticia en cuestión, firmada por los periodistas Daniel Montero y Esteban Urreiztieta, se fundamenta en una fotografía del domicilio particular de Daniel Osácar, extesorero de CDC, en el que se ve en primer plano mi libro ‘Yo no soy español’. Concretamente dice esto: «Sobre el estante, el libro más accesible para Osácar es un ensayo sobre la ‘identidad catalana’ bajo el título ‘Yo no soy español’». El término «identidad catalana» lo ponen entre comillas porque se ve que le sorprende bastante. ¿Qué es eso, de ‘identidad catalana’, debían pensar. Y a continuación, por si el libro no es suficientemente explícito, citan una frase mía para que quede claro cómo pienso y qué digo: «Cuando la legalidad no es justa, es de justicia transgredir la legalidad».
Naturalmente, no hay noticia. Quiero decir que la noticia no aporta ni pretende aportar el más mínimo dato sobre la operación Petrum. Su único objetivo es manipular el marco mental del lector para que relacione el supuesto delito de Osácar con el independentismo. Hasta aquí, nada nuevo. Esto ya hace tiempo que el Estado español, al no tener argumentos, lo practica día tras día. Los elementos verdaderamente graves de la noticia y de la foto en cuestión son otros, y los abogados del caso son los primeros que deberían profundizar. Pongamos aquí la atención por medio de unas preguntas:
• ¿Por qué la foto no lleva incorporado el logotipo de la Guardia Civil?
• ¿Quién hizo la foto? ¿La hicieron personas ajenas al cuerpo? Entonces, ¿quién las avisó?
• Si eran personas ajenas, ¿por qué la que la Guardia Civil permitió que se movieran libremente por la casa?
• Si no entró ninguna persona ajena, es obvio que la foto pertenece a la Guardia Civil. ¿Significa esto que es el mismo cuerpo el que la filtra?
• Si el caso está bajo secreto de sumario, ¿cómo es que el juez no dice nada ante la circulación de material fotográfico?
• ¿Acaso es el juez, quien tiene interés en vincular públicamente el independentismo con la delincuencia?
• ¿Se puede hablar de justicia, de unos tribunales que, ya sea por activa o por pasiva, están directamente involucrados en irregularidades?
• ¿Cuál es la legitimidad de una justicia que filtra o que permite el filtrado en ‘prensa amiga’ de material de casos en secreto de sumario para estigmatizar ideológicamente a un acusado, a partir de un libro encontrado en su domicilio, y elaborar juicios de intenciones sobre su persona? Una persona, además, que, mientras no se demuestre lo contrario, es inocente.
Se podrían hacer más preguntas, ya que la justicia española está totalmente desacreditada. Incluso, cuando un juez verdaderamente independiente no duda en tratar a una princesa como a un ciudadano cualquiera, los papeles se invierten y la fiscalía se transforma en aliada de la defensa. Eso por no hablar de la inhabilitación escandalosa del juez Santi Vidal, por haber dedicado sus horas de ocio a redactar una hipotética Constitución catalana. A estos extremos hemos llegado: ahora son los tribunales españoles los que nos dicen qué podemos escribir y qué podemos leer. Hay que recordar, llegados a este extremo, que la criminalización de las lecturas de la gente es propia de regímenes fascistas. Sólo los regímenes totalitarios consideran un delito que el ser humano piense por sí mismo, sólo los regímenes totalitarios hacen maniobras como la de la foto mencionada. La maniobra es clara: quieren crear una lógica natural entre el hecho de ser acusado por la fiscalía y leer el libro ‘Yo no soy español’ con la intención de que la sociedad establezca una relación entre el pensamiento ideológico del acusado y aquello de lo que se le acusa.
No es extraño que la justicia española se dé cuenta de su descrédito en Cataluña. Quien siembra cardos, cosecha espinas. Este caso, como tantos otros, es una prueba fehaciente de que la división de poderes en España no existe y que sus tribunales se han convertido en un instrumento de represión política.
EL MÓN
