Detrás del proclamado 55%, se esconden dos falacias: la del recuento real de castellanohablantes y de catalanes y la de confundir democracia con demografía. Vayamos por partes.
El recuento real de castellanohablantes
Lo del 55% está mal calculado por varias razones:
1. Los censos y encuestas sobre lenguas han sido cuestionados por los entendidos en la medida que no se contrasta lo que declaran los informantes. Podría ser que no fuera un 55%, sino un 45% o un 65%.
2. Estos datos se calculan bajo la concepción genocida de catalán, la que recoge el Estatutillo de 2006 y que regula que ser catalán es una forma de ser español. Pues, se calculan los residentes en Cataluña procedentes de España pero no los que proceden del resto del extranjero. Según los últimos datos del INE (ine.es) de los 7.400.685 residentes empadronados en Cataluña, 6.487.273 son ciudadanos españoles. Es decir, el 87%. Resulta que el 55% del 87% es 47,85%, por lo que si no hacemos la trampa de excluir a los inmigrantes no españoles ya no llegamos a la frontera simbólica del 50%.
3. En este contingente de población del 55% se cuentan de la misma manera los monolingües, los políglotas que tienen el castellano como lengua primera pero dominan el catalán y los auténticos bilingües, los que tienen dos lenguas maternas o primas. Una vez más no disponemos de encuestas incuestionables sobre la proporción de bilingües de primera lengua, pero un cálculo conservador podría estimar que sean el 8% de los residentes en Cataluña, lo que ya nos rebajaría el 47,85% por debajo del 40%.
4. Finalmente, entre el 40% que nos queda, hay que distinguir los castellanohablantes que no tienen ninguna dificultad en hablar en catalán, que se sienten catalanes y que quieren que Cataluña deje de ser una nación sin Estado, de los que sí encuentran impedimentos e incluso los monolingües que hace años que rechazan las oportunidades de dejar de ser monolingües. Ninguna encuesta recoge esta proporción en estos términos (‘no quiero ser catalán ni lo querré ser nunca’), pero el último CEO (preguntando a ciudadanos españoles de 18 años y más residentes en Cataluña) nos aporta que un 6,7% se identifican con la frase ‘Soy un español que vive en España’ y un 15,6% con la frase ‘Soy un español que vive en Cataluña’; es gente para la que incluso la concepción genocida de catalán , desprovista de connotaciones étnicas o nacionales y limitada al lugar de residencia, resulta distante y menos identificativa que la de español. Pues, parece que un 22,3% de los ciudadanos (19,4% de los residentes) no tienen ningún interés en ser catalanes y tal vez incluso nos ofenderían si supieran que los incluimos dentro del supuesto 55% de ‘catalanes’ de lengua materna castellana.
En resumen, tenemos alrededor de un 20% de residentes en Cataluña de lengua materna únicamente castellana y que en un grado u otro se sienten catalanes, con un nivel de conocimiento del catalán que no podemos cuantificar y que pueden ser los que acaben decantando el plebiscito. Los que quieren una república a cualquier precio, aunque sea una república apátrida, han creído que la mejor manera de atraer el voto de este colectivo es prometerles que no cambiará nada en el estatus de las lenguas, sin tener en cuenta que la mayoría quieren no perder derechos y, si se lo explicamos como es debido, también aceptarán que los catalanohablantes puedan perder los deberes que el sistema colonial español les ha impuesto, como el deber de saber español o la esclavitud de tener que hacer gratuitamente de traductores para jueces o policías profundamente monolingües.
La confusión entre democracia y demografía
Afirmar que, visto el supuesto 55% de castellanohablantes en Cataluña, los catalanes ya no podemos aspirar legítimamente a dejar de ser una nación sin Estado (que es la consecuencia de impedirnos restituir al catalán su carácter de lengua nacional), es tan evidente como decir que, puesto que el Reino de España había según el último censo 22.843.719 hombres y 23.620.334 mujeres, sólo las mujeres deben tener derecho a voto.
Dicen que en China la política de hijo único ha tenido como consecuencia un genocidio feminicida con la ecografía como arma. Como resultado de esta selección sexista de los fetos, hoy hay cien millones de solteros masculinos sin ninguna esperanza de encontrar pareja en toda la vida. Imaginemos que uno de ellos llega a líder máximo y pone a votación una ley que diga que las mujeres casadas deben dedicar un día a la semana a un servicio social consistente en ‘consolar’ los solteros de sus alrededores. Evidentemente, hablo de una aberración que conculcaría todos los principios éticos de cualquier democracia, pero que, puesta a votación, tal vez sería exitosa. Lo que haría doblemente abominable esta esclavitud sexual sería que la mayoría con que se implantaría es el fruto de un crimen previo, el genocidio en masa de fetos femeninos.
Si no les vale este ejemplo, imaginen que les roban la cartera, la policía encuentra el ladrón en flagrante delito y le dice que sólo lo puede detener si presenta una denuncia, previo pago de las tasas correspondientes. Sin esta denuncia no puede recuperar su dinero. Entonces dice a la policía que no puede disponer de más dinero que los que tiene en la cartera que el ladrón le ha robado y la policía le responde que sólo le podrá devolver la cartera si antes presenta la denuncia y paga las tasas.
Con estos dos ejemplos hipotéticos he querido poner encima de la mesa una reflexión: no es aceptable que alguien se encuentre privado de un derecho por el simple hecho de que antes ha sido víctima de una agresión, o que alguien no pueda defenderse de una agresión porque antes ha sido privado de un derecho legítimo.
Aplicado al caso de la lengua, si ahora hay una determinada proporción de castellanohablantes monolingües en Cataluña (insisto: los bilingües y los de lengua materna castellana que no son monolingües no son ningún problema para que el catalán recupere su estatus nacional) es porque hemos sido víctimas de unas políticas colonialistas que durante decenios nos han impedido implantar programas de acogida con formación lingüística universal y gratuita. Y vuelvo a recordar que estos inmigrantes monolingües no son culpables de nada, al contrario, son tan víctimas como nosotros de este intento de genocidio cultural y lingüístico. Simplemente, no han tenido las oportunidades de aquellos ciudadanos franceses que hoy, según las proyecciones de futuro inmediato, competirán por la presidencia: un inmigrante de primera generación (Manuel Valls) y uno de segunda (Nicolas Sarkozy), perfectamente integrados.
Aún otro ejemplo de esta perversión es la agresión verbal que sufrió un entrenador vasco (Gaizka Garitano): primero nos discriminan imponiéndonos el deber de saber el castellano y luego no nos dejan hablar en nuestra lengua arguyendo que todo el mundo entiende el castellano. Digo que nos discriminan porque nos obligan a saber castellano aunque no nos desplazamos nunca en los países donde esta lengua es territorial mientras que los españoles se les permite permanecer monolingües incluso si vienen a vivir a Cataluña.
Por consiguiente, una supuesta mayoría demográfica, obtenida como resultado de políticas genocidas, no debería dar nunca el poder de restringir los derechos de la población minorizada.
El argumento demográfico no vale en Andorra ni en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde sólo el 13% de la población detiene el poder. Evidentemente, la mayoría rusa que ha colonizado Crimea encuentra lógico que los tártaros originarios (10,2%) no tengan la misma capacidad de decidir que los nativos tienen los EEUU, pero es que no hablamos de democracia sino de poder. Aquí también se nos viste de democrática la perpetuación de un privilegio.
Conclusión
Es necesario que una parte de los hablantes nativos de español vote a favor de la independencia como fue necesario que una mayoría de votantes masculinos aprobaran el voto femenino o apoyaran partidos que lo preconizaban o como fue necesario que una mayoría de blancos crearan las condiciones para que se ‘aboliera la esclavitud. Así como la colonización española fue fruto de una conquista violenta, el sufragio femenino, la abolición de la esclavitud son conquistas cívicas no violentas y así debe ser la restauración de la nación catalana, manteniendo derechos y eliminando deberes ominosos .
El castellano debe tener un estatus especial desde ahora y para siempre por ser la lengua oficial de un Estado vecino (compartido con el francés); además, durante una etapa transitoria de aproximadamente veinte años, se aplicarán las medidas necesarias para que ningún castellanohablante monolingüe que reside en Cataluña en el momento de la independencia pierda derechos (el plazo podría oscilar entre 10 años y 25, según nuestra capacidad de impulsar políticas de acceso universal al aprendizaje reglado de la lengua ya unos medios de comunicación competitivos en catalán), pero nunca por un motivo demográfico (que se le podría acabar volviendo en contra). Y este estatus especial del castellano se debería sumar a la protección de cualquier lengua que nuestra República considere necesario que se implemente, para hacer del multilingüismo social y del poliglotismo individual un capital que nos lleve a ser la meca de las TIC y el paraíso de todas las industrias donde la lengua sea un valor añadido. No por demografía, sino por asunción de la riqueza que son las lenguas.
VILAWEB
