Mira por dónde, a Mariano Rajoy le han bastado unas pocas frases para demostrar hasta qué punto la propuesta de reforma de la Constitución española del Partido Socialista, como eje de su programa electoral, es una gigantesca mentira. No, no es que los socialistas no quieran hacer retoques. Sí que quieren hacer, pero sólo los que permitan que todo siga exactamente igual. Por eso no los pueden decir, porque si lo hacen la carcajada en Cataluña será tan fuerte que llegará al despacho madrileño de Pedro Sánchez. El señor Sánchez sabe que las migajas pueden ser aceptadas por un pueblo sumiso que ha hecho una rabieta, pero nunca por un pueblo adulto que está trabajando por su independencia. Y como lo sabe -aunque se haga el desentendido- fundamenta su estrategia en una simple frase -«reforma de la Constitución»- sin explicitar en qué consiste.
Las preguntas desenmascaradoras al PSOE podrían haber partido de cualquier formación independentista, pero resulta que las ha hecho el gobierno del PP y son estas: «¿Quieren un Estado federal? ¿Lo quieren simétrico o asimétrico? ¿Defienden el blindaje en lengua y enseñanza? ¿El modelo de financiación implicará nuevos pactos fiscales? ¿Se derogan los que ya hay? ¿Qué significa reconocimiento de los hechos diferenciales?». Las formaciones independentistas, obviamente, habrían sido mucho más incisivas, pero también es cierto que estas seis preguntas son más que suficientes para poner en evidencia la falacia socialista. Una falacia que se fundamenta, además, en el hecho de saber que ninguna reforma constitucional es posible, por tramposa que sea, sin el apoyo del PP. Y es que, para eludir el compromiso y conseguir que un engaño pueda tener éxito, no hay nada como prometer peras del olmo, si el olmo depende de un tercero.
En todo caso, para alguien como Cataluña, que ya ha decidido que se marcha de una casa en ruinas, la promesa de encalar las paredes sólo puede ser motivo de hilaridad. Esto, sin embargo, no evitará que, tarde o temprano, cuando Cataluña ya no esté, España se vea obligada a reformar en serio su Constitución. Artículos como el 2º y el 8º, propios de regímenes absolutistas, son inadmisibles en colectividades democráticas.
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