La presión a la que está sometiendo el Estado español a una parte de sus ciudadanos es tan desproporcionada a sus demandas que, si no fuera porque el sufrimiento humano ha sido tan banalizado a lo largo de la historia, se podría decir que los catalanes nos mereceríamos una parte alícuota de una categoría llamada «vesania de Estado contra la ciudadanía» -tanta y tan grande es la furia que se ha desencadenado contra la petición de hacer una consulta política-. Y está siendo tan desmesurada, la insania española de Estado, que, en lugar de limitarse a cumplir con un deseo democrático, expresado en las urnas y en la calle, el gobierno de la Generalitat, en funciones de médico de guardia, nos debe asegurar, día tras día, como si fuéramos unas criaturas asustadas e indefensas, que estemos tranquilos, que todo llegará a buen puerto, que no desconfiemos, que nada nos ha de ocurrir, si somos buenos… Como si, cualquier que haya participado en este largo y estresante camino, no supiera de sobra que es a la gente a la que se quiere asustar desde medios, voces e instancias españolas, la que ha empujado hasta ahora a los partidos y las instituciones catalanas a salir de la plácida ñoñería autonomista donde remoloneaban para hacerlos tomar la vía, siempre difícil e indecisa, de la liberación.
Y, en justa reciprocidad por los ocho largos años de vejaciones y despropósitos de todo tipo que llevamos a cuestas, lo que ahora esperamos los ciudadanos que queremos votar («en legítima defensa», como ha remarcado, este miércoles, el presidente de la Generalitat, en un acto público de compromiso incondicional con el 9-N), en justa reciprocidad, decimos, por tanta ofensa recibida, es justo y legítimo esperar que sean el gobierno y las instituciones los que defiendan a su pueblo ante todo lo que le queda por sufrir. Porque no es justo ni legítimo descargar sobre la sufrida «sociedad civil» toda la responsabilidad de defendernos contra las arremetidas continuadas del Estado español y de la sociedad civil española que, con pocas y honradas excepciones, la ha secundado hasta ahora en su (des)propósito de hacernos callar a toda costa. En consecuencia, la jornada del 9-N debe poner ante los ojos del mundo la alianza firme y unívoca del pueblo y las instituciones para hacer posible que todo el mundo se pueda expresar sin épicas y sin dramatismos, cierto, pero con una naturalidad modesta y decidida, que no debe confundirse con la humildad claudicante. Y, como es lógico, también esperamos que la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, hagan lo que les toca hacer y por lo que les pagamos, o sea, garantizar el libre ejercicio general de expresión sin interferencias ni estridencias, con paz y tranquilidad.
Hasta ahora, la gente que en los últimos años se ha manifestado a miles y miles y miles, nos han asegurada ampliamente esa paz y tranquilidad. Intentar torcer torpemente este legado sería, pues, contrario a la voluntad que nos ha llevado a donde estamos. Y si la justicia española les quería obligar a actuar en contra de esta voluntad pacífica y democrática, que los Mossos d’Esquadra no sufran y que se mantengan firmes, porque entonces la misma gente pacífica y tranquila acudiría a defenderlos.
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