las observaciones de España al informe del relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, desmienten las afirmaciones de que, en materia de memoria histórica, estamos “mejor que antes”, y que “en muchos aspectos quien hace la gestión institucional de la memoria o del saber histórico son los propios familiares”. Negro sobre blanco en el escrito enviado a las Naciones Unidas el Gobierno del Estado ningunea a todas las asociaciones de víctimas cuando dice que “una parte significativa de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, aunque silenciosa y no agrupada ni activa, no comparte la apreciación de las asociaciones con las que el relator parece haber tenido contacto”. Igualmente, afirma sin ningún rubor que “sólo a través del olvido, la amnesia y el perdón ha sido posible la reconciliación”. Con lo que sitúa el espacio de la memoria histórica, muy a nuestro pesar, en el lugar en el que ha estado desde siempre, es decir, en el de la confrontación y lucha por conquistar ese terreno para las víctimas e impedir que la política de olvido siga campando a sus anchas. La llamada memoria tranquila, memoria paciente, o como se quiera llamar, no es más que una falacia y una claudicación para platear la conquista del espacio de la memoria histórica en el terreno en que el poder lo sitúa, que no es otro que el de la impunidad. Romper esa impunidad es una de las tareas fundamentales de todas las organizaciones y personas que trabajan en el terreno de la memoria histórica desde el lugar de las víctimas. Por eso creemos que hay que seguir situando el tema de la memoria histórica en el terreno donde siempre ha estado: en la pelea con el poder. No es cierto afirmar que “en los comienzos, desde ese poder, nos negaban el dinero, nos engañaron y nos ningunearon, pero ahora…”, cuando lo que hay que decir es que nos siguen negando el dinero, nos engañan y nos ningunean. Cierto que se han conseguido cosas, entre ellas que se aprueben leyes sobre la memoria, pero ninguna ha logrado institucionalizar una condena al sistema jurídico franquista, ni que se considere las desapariciones propiciadas por los golpistas de 1936 y más tarde por la dictadura, como crímenes de lesa humanidad. En ningún momento se ha cuestionado la legalidad judicial, penal y penitenciaria del régimen franquista, un régimen que hizo de la coerción y de la represión sistemática los ejes fundamentales de su entramado ideológico y político, desmontando completamente la legalidad republicada anterior, dando origen a un Estado de paz social impuesta por los aparatos policiales y judiciales que se ha ido manteniendo hasta nuestros días. La realidad es que nunca se ha conseguido revisar una sola sentencia dictada por un consejo de guerra por un denominado delito político, ni de los miles de juicios sumarísimos de la guerra, la posguerra o de la dictadura. Con ello se consolida la idea de que aquellos juicios fueron legales. Todas las resoluciones de la magistratura habidas, incluidas las más recientes, no hacen sino proteger la impunidad que significaron la ley de amnistía, y con ello mantener la idea de legalidad de la dictadura. Ha tenido que ser un juzgado de un país extranjero el que, por primera vez, abra un sumario para aplicar la denominada justicia universal a los crímenes del franquismo. No se trata de valorar qué es mejor: que te duelan los oídos de tanto escuchar o que te duela la garganta de tanto gritar. Lo grave es que nos duela el corazón de ver cómo el poder sigue riéndose de las víctimas banalizando los aspectos represivos del franquismo y potenciando las mentiras sobre la Transición y el actual sistema, como hace la respuesta del Gobierno al informe del relator especial de Naciones Unidas, y no seamos capaces de levantar una respuesta que trasmita nuestra indignación, haciendo de la paciencia y del silencio virtudes cuando ocultan nuestra incapacidad por responder a las agresiones de que somos objeto. Tenemos obligación de repensar la memoria histórica, pero en los términos en los que se nos exige, levantando respuestas unitarias y contundentes hasta conseguir la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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