La única novedad es que la Generalitat ha decidido anclar legalmente la consulta con un decreto que dice: podemos preguntar sobre la independencia para que el Parlamento pueda proponer formalmente la reforma de la Constitución. Si gana el sí/sí nos comprometemos a iniciar un proceso de reforma para hacer legal esta opción.
Es la vía de Quebec. C’est-à-dire, la vía que ha impuesto el Tribunal Supremo de Canadá tras la celebración de dos referendos en Quebec. Quebec no tiene derecho a la autodeterminación según la ley, pero los principios de democracia y federalismo obligan a escuchar la voluntad de los quebequenses. Sobre todo, y a diferencia del caso español, obligan al Estado canadiense a negociar y a iniciar una reforma de la constitución para actualizar esta voluntad. Si aquí ganara el sí/sí, las Cortes no tendrían ninguna obligación, podrían simplemente decir que no quieren reformarla, o reformarla en otro sentido, de la misma manera que pudieron decir el 8 de abril que no querían un referéndum legal, y de la misma manera que podrán prohibir la consulta.
En esta circunstancia, que concreta el argumento de que la Generalitat propone, para autodeterminarnos haría falta un acto unilateral del Parlamento. Gracias a los votos de la consulta, esta desobediencia sería más fácil de legitimar ante la comunidad internacional que cualquier acción unilateral anterior.
Pero todo indica que prohibirán el 9N. Siguiendo el razonamiento, vemos cómo la reacción del gobierno hasta ahora consiste en cumplir con la suspensión, teatralizar la prohibición con la exploración de los límites de lo que se puede hacer y lo que no, dejar que el Estado se cuelgue con su propia cuerda ante la prensa internacional, y convocar unas elecciones en las que los programas de las listas, únicas o no, son la respuesta a la pregunta.
¿Pero qué respuesta? Si es como el decreto, la de sí, sí quiero que mis representantes inicien una reforma de la constitución para hacer legal la independencia. Y ante el no a la reforma, quedaría justificada una declaración unilateral, etc. Se busca reservar el conflicto para el último momento.
Problemas obvios: esta vía renuncia de entrada al derecho a la autodeterminación, augura un calendario lleno de acatamientos a la arbitrariedad, da tiempo al Estado para continuar estrangulando y debilitándote, (porque en cada paso y hasta el último momento, tiene margen), y mantiene abierta la puerta a la eternización del tira y afloja.
La estrategia se basa en que los votantes del sí/sí confíen en que al final los representantes desobedecerán unilateralmente. Todo, en fin, se sustenta en la credibilidad de los diputados. Y aquí está el límite: ¿cómo se confía la desobediencia última a quien no ha demostrado que está dispuesto a arriesgarse? Quizás están generando un momentum inapelable, más astuto que audaz, o tal vez se dejan la puerta abierta a la rectificación. Todo puede ser. Estamos abocados a un juego de presiones, tú, todo, todo el mundo .
La Vanguardia
