afirma un escritor español, uno de esos pocos que al parecer quedan con capacidad y espíritu crítico, que España es un estado fallido. Que surgió a sangre y fuego de las cenizas de la Edad Media, y que en quinientos años no ha sido capaz de articularse como una verdadera nación. Y es cierto. Su mitología nacional quedó anclada en el siglo XVI, allí donde creían enterrados sus valores y sus esencias, en un tiempo en el que pretendieron ser la espada de Dios, manteniendo a raya a los moros infieles del sur y a los pérfidos europeos del norte. Es significativo que los dos grandes hitos de su historia hayan sido la Reconquista y la Guerra de la Independencia. El Cid Campeador y Agustina de Aragón. Aunque la Reconquista sea en realidad una idealización fantasiosa de la realidad, y la Francesada tan solo sirviera para encumbrar al absolutismo. Por eso, porque su único valor común parece radicar en la oposición al vecino, al moro y al gabacho, España es un estado fallido, artificial y sobreactuado, y el nacionalismo español devenido ha sido siempre rancio y de derechas. Con honrosas y destacadas excepciones, es justo decirlo.
En el affaire escocés el Estado español ha mostrado al mundo sus vergüenzas de la manera más impúdica. No voy a insistir en el tema, muy trillado ya, de la diferencia de talante entre los gobiernos español y británico en relación a sus respectivos movimientos nacionales. Pero sí me gustaría subrayar la paradoja de que los voceros del régimen hayan pasado semanas, antes del referéndum, asegurando que los casos escocés y catalán eran totalmente diferentes, para pasar a extraer, una vez llevada a cabo la consulta escocesa, todo tipo de enseñanzas y moralejas del caso británico. Y es que en ese país situado al sur de Navarra cada vez son más los que conciben la política como una especie de catecismo para catetos.
La cuestión catalana, como ocurrió antes con la cuestión vasca, es el punto del universo donde confluyen las ideologías en España. El lugar donde tertulianos de toda condición se ponen de acuerdo. Donde la Cadena Ser e Intereconomía unifican miméticamente su discurso. El último chiste de esta peña, oído de punta a punta del dial radiofónico y televisivo, es aquel que dice que, caso de convocarse una consulta soberanista, debería ser el conjunto del pueblo español quien votase. Y que eso es así porque lo dice la Constitución.
La Constitución española fue aprobada hace ya 36 años, en medio de una tensión cuartelera insoportable y con el búnker franquista alzando la voz con creciente insolencia. Surgió de las tripas del tardofranquismo, sin una verdadera ruptura democrática y con los exministros de Franco controlando la cúpula del poder. La votaron tan solo 15 de los 35 millones de habitantes que entonces tenía el Estado, de donde se deduce que tan solo una minoría de los actuales 45 millones de habitantes tuvo ocasión de votarla. En realidad, nadie que hoy en día tenga menos de 57 años pudo hacerlo. Fue, como la Transición misma, una suerte de o lo tomas o lo dejas sin alternativa, que situaba a la gente entre el sí y el abismo. A pesar de ello, la Constitución española fue rechazada en el conjunto de Euskal Herria, y en la mismísima Navarra la aplastante campaña institucional no logró superar la barrera del 50% de votos afirmativos.
Ésta es la realidad de la sacrosanta Constitución. Una ley que afirma que todos los españoles son iguales ante la ley (art. 14) para decir, 43 artículos más adelante, que la jefatura del Estado corresponde por nacimiento a un señor, en función de su sangre real, por apellidarse Borbón y, eso sí, siempre que pertenezca al sexo masculino (art. 57). Una igualdad entre los españoles que soporta que la figura del rey sea inviolable, intocable e incuestionable (art. 56), haga lo que haga. Una ley que sitúa de manera expresa al Ejército como garante de la unidad territorial (art. 8.1). Y una Carta Magna que afirma que la soberanía nacional radica del conjunto de los españoles (art. 1.2), punto al que se aferran los tertulianos y los creadores de opinión para decir que, en caso de realizarse una consulta independentista, debería ser votada por el conjunto del Estado. Empuñan para ello en una Constitución que consideran perfecta e intocable, aunque cuando hizo falta la cambiaron a la carrera y sin referéndum. Me refiero, obviamente, a la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, pactada por PP y PSOE para satisfacer las presiones de los mercados, y aprobada sin debate, de puntillas y en pleno mes de agosto, en el año 2011.
En realidad, lo que esta gente acaba de inventarse es la liquidación del derecho de los pueblos a su libre autodeterminación. Dicen que debería votar el conjunto del Estado español porque saben que 7 millones de catalanes o 3 millones de vascos nunca podrían ganar en una votación al conjunto del Estado. A no ser que CiU o ERC encontrasen la manera de ganar las elecciones, además de en Catalunya, también en Madrid, en Cuenca, en Murcia o en Guadalajara. Pretenden la sustitución de la democracia por la demografía.
Por supuesto, saben que eso no tiene por qué ser así. Saben, sin ir más lejos, que las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, lograron en 1989 su independencia de manera democrática, sin que para ello tuviera que votar el conjunto de la URSS. Y que en los referéndums de Quebec (1980 y 1995) y Escocia (2014), en los que ganó el no, el resultado se obtuvo tan solo en base a los votos de escoceses y québécois. Nunca de británicos y canadienses.
Con todo, el Gobierno español pretende abrir su propia vía española, al margen de la realidad internacional, de espaldas a los derechos humanos y al propio derecho de los pueblos a su libre autodeterminación. Quieren someter a Catalunya mediante simple aplastamiento demográfico, y de paso dar un aviso a los que vengan detrás. Para el caso catalán, una enérgica campaña por el no en Andalucía, por ejemplo, podría bastar para neutralizarlo, merced a sus casi 9 millones de habitantes. Para el conjunto de Euskal Herria los votos afirmativos podrían ser anulados tan solo con los 3 millones largos de Madrid. Y atención, amigos, ya que si algún día los navarros propusieran su propio referéndum de independencia, la vía española tiene bien cubiertos los corvejones. Porque aunque la absoluta totalidad de sus 640.356 habitantes votara por la independencia, aunque ni uno solo de los navarros y navarras optara por el no, el referéndum podrían ganarlo con una suma de votos negativos en Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón y Torrejón de Ardoz. Así de claro.
Y es que en el tema de la soberanía, como en aspectos tan variados como la nula división de poderes, la carencia de una alternancia real en los gobiernos, el sometimiento a los mercados, el control de los medios de comunicación, la ingeniería electoral y la legislación ad hoc, la política penitenciaria, el mantenimiento de los tribunales de excepción, la carencia de verdaderas garantías procesales y el funcionamiento mismo de la justicia, la élite política española nos da la medida de lo que valen sus convicciones democráticas.
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