El gobierno español ha perdido la legitimidad para gobernar Cataluña. La afirmación, dicha así, puede sonar contundente, pero es perfectamente argumentable.
La cuestión es muy sencilla. La legitimidad de un gobierno sólo puede basarse en el consentimiento de sus ciudadanos. Tomando ideas de John Locke, la Declaración de Independencia de Estados Unidos hablaba del ‘consentimiento de los gobernados’: decía, lisa y llanamente, que sin consentimiento no había gobierno legítimo. Ya hace tiempo que el mundo occidental -y gran parte del no Occidental- acepta este principio, que dejó atrás la doctrina del derecho divino de los reyes.
En una democracia representativa el consentimiento de los gobernados se obtiene principalmente a través de elecciones y referendos. Efectivamente, ¿cómo puede ser representativo un gobierno si no es escuchando qué le dice el pueblo? Cuando un gobierno pretende gobernar al margen de los deseos del pueblo al que dice representar, no dejando que este se exprese ni escuchando lo que dice, erosiona seriamente la legitimidad con la que gobierna. Es precisamente el caso del gobierno español en Cataluña.
El obstruccionismo del gobierno español desde el momento en que ha habido entre los catalanes una mayoría favorable a ser consultada sobre el estatus político de Cataluña es innegable. Ante la victoria contundente de las fuerzas favorables a hacer un referéndum de autodeterminación en Cataluña, el gobierno español decidió menospreciar el principio de la legitimidad democrática y optó por argumentar que la legalidad no le permitía consultar a los catalanes sobre su estatus político. Juristas españoles de la talla de Francisco Rubio Llorente, que había sido vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, argumentaron convincentemente que no había impedimentos legales para consultar a los catalanes sobre su grado de autogobierno, y que era una necesidad ‘urgente’ e ‘inaplazable’.
Para iluminar un poco más la cuestión, sólo hay que comparar las actuaciones de los gobiernos británico y español hacia los casos escocés y catalán, este paralelismo casi perfecto que el momento histórico nos ha regalado:
1) Los partidos escoceses que proponían un referéndum de independencia lograron sumar mayoría en el parlamento escocés: el gobierno británico reconoció su legitimidad para convocar el referéndum y dijo que sólo correspondía a los escoceses el decidir por quién querían ser gobernados; los gobiernos escocés y británico acordaron fecha y pregunta, y el primer ministro británico dijo que haría campaña contra la independencia de Escocia, pero que respetaría lo que decidieran los escoceses.
2) Los partidos catalanes que proponían un referéndum de independencia lograron sumar mayoría en el Parlamento de Cataluña: el gobierno español les negó la legitimidad para convocar el referéndum, dijo que correspondía al conjunto de los españoles el decidir por quien debían ser gobernados los catalanes, pero tampoco dio ningún paso para convocar un referéndum en España sobre la cuestión, y continúa diciendo hoy que si los catalanes convocan uno lo prohibirá y les caerá encima todo el peso de la ley.
Traducción de lo que el gobierno español dice al pueblo catalán: como no quiero oírte decir que no quieres que te gobierne, prefiero que no lo digas; aún más, haré ilegal que lo puedas decir.
La cuestión clave es precisamente esta: ¿cómo puede entenderse que en una democracia sea ilegal saber qué piensa el pueblo sobre una cuestión tan esencial como desde qué ámbito territorial quiere ser gobernado? ¿Cómo puede tener legitimidad alguna el gobierno español en Cataluña si nos dice que no quiere saber qué pensamos los catalanes? El gobierno de un Estado que afirma que no quiere saber qué piensa uno de sus pueblos constitutivos ha perdido toda legitimidad para gobernarlo. Es un gobierno que dice, claramente, que el consentimiento de algunos de sus gobernados no tiene importancia.
Oriol Vidal-Aparicio
VILAWEB
