La gestación de una contraconsulta

En el supuesto de que haya catalanes suficientemente cándidos como para tragarse la cantinela del nacionalismo español, que dice que los países pequeños no cuentan, ahora ya habrán visto que se trata de una marrullería. Para ser un país «pequeño», como dicen que somos, no está mal el trastorno que ha causado en España nuestro anuncio de celebrar una consulta sobre la independencia. Todavía no hemos roto con la legalidad española cuando España ya se ha visto sacudida de arriba abajo e incluso hemos hecho caer un rey. Y eso no es nada, comparado con lo que está por venir. Queda claro, pues, que, de pequeños, no tenemos nada. ¿Cómo puede ser pequeño un país sin el cual no puede vivir el país que se jacta de ser un gigante?

 

España ha despreciado las posibilidades de Cataluña de darle jaque mate y ahora se da cuenta de que el uso de la fuerza no le sirve para luchar contra el uso del cerebro. Empujada por la soberbia que le es inherente, España puede echar por tierra el tablero de ajedrez y hacerse el matón, ¿pero no sería esto una constatación aún más diáfana de su garaciosa derrota? A estas alturas, ya sabe que no puede impedir la consulta con argumentos democráticos. No tiene ni uno, porque no hay ninguna Constitución de un Estado de derecho que pueda ir contra la voluntad pacífica y democráticamente expresada de un pueblo. España puede hacer bravatas, puede amenazarnos y provocar malos augurios deseando que piquemos el anzuelo y que nos tiemblen las piernas, pero no puede impedir la consulta sin desacreditarse -aún más- internacionalmente.

 

Al proceso catalán, sin embargo, se ha añadido otro elemento con el que los poderes fácticos españoles no contaban, y es el batacazo que han recibido PP y PSOE -brazos políticos del absolutismo español- en las elecciones europeas, lo que podría hacer tambalear las estructuras de los «principios atados y bien atados» establecidos a partir de la muerte de Franco. Sería este horizonte inquietante, pues, el que habría precipitado la abdicación del rey español. Y digo «precipitado», porque la abdicación ya estaba prevista desde que el presidente Mas anunció la fecha de la consulta. Recordemos, por ejemplo, las declaraciones de Pere Navarro, chico de los recados de los poderes fácticos españoles, pidiendo ahora hace cuatro meses, como si fuera idea suya, la abdicación de Juan Carlos en favor de su hijo Felipe. También es bastante significativo que Alfredo Pérez Rubalcaba dimitiera días antes de hacerse público el despido del monarca y que detrás de todo ello aparezcan los nombres de Felipe González y José Bono así como el de Josep Antoni Duran i Lleida, fiel servidor de los intereses de España en Cataluña.

 

Fijémonos, por otra parte, que inmediatamente después de proclamarse republicanos de toda la vida, Navarro, Rubalcaba y Duran han pasado a cantar las excelencias de la monarquía española y la necesidad de mantenerla -mediante pequeñas operaciones dermoestéticas- «Tengo convicciones republicanas», decía Navarro; «Tengo profundas raíces republicanas», decía Rubalcaba; «Soy dirigente de un partido que nació republicano», decía Duran. Y a continuación Navarro dice que «necesitamos un nuevo rey», Rubalcaba añade que «no romperemos el consenso» que consagra a los borbones y Duran loa al «nuevo rey», porque «nos visita a menudo». La operación se llama «monarquía federal». Es decir, hacer ver que todo cambia para que todo siga igual. El artefacto que se sacan del sombrero, por lo tanto, no tiene otro objetivo que perpetuar la unidad de España como principio místicoreligioso y garantizar el mantenimiento en el poder de sus ufanos guardianes.

 

Cabe señalar también que, más allá del analfabetismo democrático de un Estado que en pleno siglo XXI necesita una monarquía reinstaurada en las postrimerías del siglo XX para mantener su estabilidad, es obvio que tanto la abdicación de Juan Carlos como las golosinas para embaucar a los catalanes que traerá Felipe VI bajo el brazo forman parte de la operación orquestada para neutralizar la consulta. Dado que no la pueden evitar, estarían gestando una contraconsulta. Es decir, la posibilidad de convocar a la gente a las urnas con películas que hablarían de regeneración democrática, de modelo de Estado, de Tercera Vía, de cambio territorial, de reforma constitucional, de estructura federal, de encaje de Cataluña en España, de mejora del autogobierno catalán o de revisión del sistema de financiación con la intención de manipular el resultado de la consulta por la independencia del 9 de noviembre. En definitiva, estaríamos hablando de una contra programación muy parecida a la que hacen las cadenas televisivas para «robarse» espectadores: «si tú programas ‘Los diez mandamientos’, yo programo ‘Ben Hur’, y si tú programas ‘Ben Hur’, yo programo ‘Rey de reyes'». La única diferencia es que no debería coincidir el mismo día. Bastaría que la contraconsulta estuviera en el horizonte, a fin de condicionar psicológicamente a Cataluña. Si España delinquió impunemente para manipular las elecciones catalanas del 2012, ¿por qué razón se debería inhibir ante la convocatoria infinitamente más trascendente del 9 de noviembre?

 

Hará falta, pues, la firmeza impertérrita de la Asamblea Nacional Catalana, de Òmnium Cultural, de CiU, ERC, de IVC y de la CUP. Una firmeza que no se vio en absoluto en 2012, cuando algunos partidos aprovecharon las mentiras provenientes de Madrid para herirse vergonzosamente entre sí. Se acerca la hora de la verdad, y todo retorno a las políticas posibilistas de Jordi Pujol, que él mismo ya ha dado por muertas y enterradas -y que ahora propugna el Partido Socialista-, supondría una profunda e irreparable decepción en miles y miles de catalanes. Por consiguiente, si las formaciones soberanistas tienen un mínimo de dignidad y no quieren cavar su fosa dañando nuestro futuro nacional, es de suponer que permanecerán unidas ante la mascarada española que se acerca y que defenderán los intereses de Cataluña. Unos intereses que -esto también lo tendrán que decir muy alto y muy claro- sólo pueden ser defendidos desde la plena libertad y con los atributos propios de un Estado independiente.

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