Benjamin Ferencz, de 95 años, fiscal en los juicios de Núremberg al régimen nazi -el último fiscal vivo de aquel proceso internacional-, advierte contra la impunidad universal. Advierte, de hecho, contra la ley del Gobierno del PP, apoyada sumisamente por UPN, que elimina del ordenamiento jurídico español la Justicia Universal. Esta ley supone una violación de las obligaciones internacionales del Estado español en la persecución del crimen organizado -varios jueces ya han advertido de su escandalosa inconstitucionalidad-, y consagra vías de escape para muchos responsables de graves delitos y vulneraciones de derechos humanos. Una reforma legal que viene a sustituir el principio democrático de una justicia universal contra los delitos de lesa humanidad por una vía abierta a la impunidad universal y que limita la capacidad de actuación de la justicia española por intereses económicos o por presiones políticas. También obvia principios fundamentales de la legislación internacional que aseguran la no prescripción de delitos como el genocidio, las desapariciones forzadas o los crímenes contra la humanidad. Otro paso atrás en el ámbito de la justicia, las libertades y los derechos políticos, civiles y sociales. La memoria viva de Núremberg para sonrojar la actual devaluación de la democracia.
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