De preservar la pena de muerte para los arquitectos se habla en una película de Rohmer – «Il faut supprimer la peine de mort, sauf contre les architectes»- que no trata de crímenes arquitectónicos, sino de crímenes políticos cometidos con la cooperación necesaria de un arquitecto. El argumento de El árbol, el alcalde y la mediateca parece español: un arribista de la política se propone trepar deprisa con el encargo de un edificio multiusos que traiga al pueblo turistas. Para perpetrar su crimen precisa de diversos colaboradores necesarios, desde los que conceden fondos públicos con que financiar el proyecto a los que lo aprueban, pasando por un arquitecto. En España, donde los constructores tanto han engrasado la maquinaria de los partidos y donde la burbuja inmobiliaria se infló hasta explotar, tenemos el portentoso crimen político del aeropuerto de Ciudad Real, nueva Cinecittà desierta donde Almodóvar ha rodado en una paz sepulcral. Aquí quedan el circuito de Los Arcos, el Reyno Arena y demás crímenes por los que nadie responderá políticamente. Hay crímenes políticos con arquitecto al fondo de muchas clases. Ahí está el Valle de los Caídos, horror con tumba de dictador incluida, que los correligionarios de la condesa de Murillo, Esperanza Aguirre, vuelven a abrir como atracción turística, so pretexto de que con la crisis no se puede hundir: hay que hacer caja como sea. En la plaza de Conde de Rodezno se conserva sin ningún pretexto, amén de la memoria del conde, un horror semejante con más generales golpistas en la cripta. Pese a ese conservacionismo, la celeridad con que el alcalde de Pamplona ha mandado derruir la centenaria cárcel de Pamplona rebate de plano la afirmación de Aguirre según la que, los arquitectos pasan y sus crímenes perduran. No siempre. No aquí. No bajo el mando de Barcina, su alcalde y demás correligionarios. Cuando la excavadora llegue a Donapea veremos de nuevo lo deprisa que se puede acabar con el «crimen», con la obra de un arquitecto.
