LA nueva Ley General de lo Audiovisual está en vigor desde el comienzo de este mes de mayo. Trata de reordenar el panorama radiofónico. Para Euskalerria Irratia la ley trae cierta dosis de incertidumbre por cuanto se halla en situación involuntariamente irregular.
Es una cuestión fácil de solucionar. El Gobierno Foral debe culminar el procedimiento de evaluación del concurso de licencias del año 98. Un concurso cuyo resultado está consolidado en parte (la primera mitad), y anulado parcialmente por irregularidades. La puntuación provisional del concurso la encabeza Euskalerria Irratia. Sirva el ejemplo de la carrera ciclista: tras las etapas que se han recorrido válidamente, la suma de puntos otorgados por la mesa y validados por los jueces coloca en el primer puesto a Euskalerria Irratia. Pero la carrera no ha acabado. Faltan por disputar las etapas que han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra a causa de las irregularidades cometidas por el Gobierno de UPN.
Los jueces ordenan al Gobierno que culmine. Es razonable, es justo, es sencillo.
El problema es que UPN se niega a hacerlo. Se niega a ordenar que llegue a término una carrera que va ganando Euskalerria Irratia..
Desde la emisora hemos reclamado el derecho de emisión mediante solicitudes, concursos, recursos, propuestas, comparecencias… La respuesta es, sistemáticamente, la denegación.
No se conoce a UPN ninguna iniciativa para dar solución al asunto. Ni una, ni media. Todo son negativas. Negativas que aplica también a resoluciones, recomendaciones y sugerencias de parlamentos, consejos asesores y sentencias judiciales.
UPN dice NO
25 de febrero de 2010. Parlamento de Navarra. Sesión plenaria. El consejero Caballero dice que no cumplirá la sentencia que anula -por segunda vez- la actuación del Gobierno «por haber infringido las normas esenciales del procedimiento». De manera similar a la que un director general suplantó a la Mesa de Contratación en el 98, esta vez una empresa de consultoría ha realizado la labor que correspondía a la Mesa, lo que vicia de nulidad la resolución del Gobierno.
La sentencia, conocida a comienzos de febrero pasado, es una tercera oportunidad. Dice que es responsabilidad exclusiva de la Administración Foral y le ordena terminar el procedimiento en curso. Ya quisiera cualquiera que, tras cometer irregularidad, sin castigo ni penalización, se le concediera una nueva oportunidad. Es lo que ocurre en este caso. Pero UPN ni siquiera así aprovecha la ocasión. Se revuelve contra los jueces (…actuación desgraciada de los tribunales de justicia ..) y dice no.
Algún día entraremos en el detalle de cómo desecharon informes confeccionados por especialistas imparciales nombrados por el juez, y encargaron la elaboración de un informe a un consulting manifiestamente incompetente para evaluar proyectos de comunicación social. A cambio de algo menos de 30.000 euros, la consultora hizo su trabajo, descaradamente parcial, aberrante.
17 de marzo de 2010. Parlamento de Navarra. El consejero Catalán dice que no convocará concurso para adjudicar las frecuencias que el Gobierno de UPN tiene desde hace cuatro años fuera de circulación. Seguirán guardadas en el cajón, aún sabiendo que hay necesidad perentoria de ellas.
Añade el consejero que no gestionará en Madrid la obtención de más frecuencias. Podrían servir para paliar algunas de las necesidades comunicativas más acuciantes. No lo van a hacer. Renuncian.
Otra vía posible para resolver la cuestión sería cumplir el mandato parlamentario de retirar la concesión a las emisoras que, siendo adjudicatarias, no cumplen las condiciones. En esa misma sesión Catalán dijo no. Queda ocluida esa vía.
El Gobierno Foral debe culminar el procedimiento de evaluación del concurso de licencias del año 98
¿Por qué percibe el euskara como amenaza de la que defenderse en lugar de apreciarlo, valorarlo, fomentarlo?
25 de marzo de 2010. Parlamento de Navarra. El portavoz Casado Oliver anuncia el voto contrario de UPN a la propuesta socialista de elaboración de un plan para el sector audiovisual que aborda la cuestión abriendo el plano, desde una perspectiva más general. Ni general, ni particular, UPN dice no (y pierde la votación, ya que la moción resultó aprobada y debería cumplirla).
Estas negativas se unen a las que anteriormente el Gobierno Foral ha dado a resoluciones del Parlamento (diciembre de 2005, marzo de 2009), recomendaciones del comité de expertos del Consejo de Europa (dos informes: 2002 y 2008), a las sugerencias del Ararteko (febrero de 2008, febrero de 2010) o a los escritos que Euskaltzaindia ha dirigido al presidente del Gobierno.
De la actitud de UPN se derivan varias y graves consecuencias:
1º. Mantiene inconcluso un procedimiento administrativo abierto desde 1998. Seguramente porque sabe que la aplicación rigurosa de los criterios del pliego de concurso conllevaría la concesión a quien considera desafecto.
2º. Incumple un Tratado Internacional que obliga a todas las administraciones públicas: la Carta Europea de Lenguas Regionales, con el agravante de que los expertos que se ocupan de la evaluación han recomendado a las autoridades navarras el cumplimento. Lo han hecho dos veces.
3º. Deja sin protección ni seguridad jurídica a una entidad que necesita el reconocimiento formal de su derecho. Deniega la regularización, niega un derecho básico, el de la seguridad jurídica, derecho a no estar al pairo de las vicisitudes. Es la negación de uno de los fundamentos de la democracia. Es un deber del gobernante dar protección jurídica.
4º. Obstaculiza seriamente el desarrollo de un servicio de comunicación en euskara.
Es insólito. UPN no quiere, no puede o no sabe resolver.
No nos gusta hablar de intolerancia ni de segregacionismo. Constatamos que se trata de una actitud muy alejada de lo razonable, muy apartada de lo democrático. ¿No es un caso de uso sectario del poder?
Por otra parte, ¿qué gana UPN? ¿O qué cree que gana? ¿Por qué percibe el euskara como amenaza de la que defenderse, en lugar de apreciarlo, de valorarlo, de fomentarlo?
La nueva Ley Audiovisual abre incógnitas que desde Euskalerria Irratia abordaremos con la fortaleza de sabernos arropados. Estamos protegidos, entre otros, por la mayoría del Congreso de Diputados, que ha resuelto (moción de Nafarroa Bai pactada con el grupo socialista, Madrid, 16 de marzo de 2010) que se tenga en consideración y se revisen los casos reconocidos por instancia judicial de las emisoras radiofónicas que se hallan en situación involuntaria de irregularidad.
Ése es el caso de Euskalerria Irratia. En Madrid lo saben. La moción tuvo 184 votos a favor. En contra sólo cuatro; uno de ellos de UPN. También ahí, también entonces, UPN dijo no.
En Euskalerria Irratia continuaremos exponiendo nuestros argumentos con la mayor sensatez posible. Seguimos reclamando el reconocimiento del derecho de emisión. Animamos a toda la buena gente navarra a que inste a los dirigentes de UPN a acatar el mandato judicial y a ordenar que se culmine la valoración y puntuación conforme a los pliegos del concurso.
Día a día ejercemos el derecho a la comunicación en euskara. Y con firmeza y serenidad, durante unas horas reclamaremos en la calle el reconocimiento de ese mismo derecho, en la convocatoria para este próximo sábado, día 15.
