¿Qué hacen unos demócratas como vosotros en una corrupción como ésta? Es la ineludible pregunta a presentar a los defensores españoles del actual estado que ellos denominan de derecho. ¿Es creíble que puedan ser respetuosos con los derechos individuales –garantistas- quienes no cuidan de los caudales públicos? Cuando finalmente el cieno del fondo de unas aparentemente aguas limpias sale a superficie y muestra la realidad de la suciedad que contiene, quienes afirman la limpieza del ordenamiento jurídico vigente, exclaman que la corrupción se limita a unas personas determinadas.
Tras la repetición continuada de tantos escándalos de corrupción, hoy en día escandalizarse está de más. Para desgracia de los implicados carece de sentido cargar las tintas sobre la corrupción que ha afectado a los contrarios. Esta corrupción constituye un hecho tan generalizado, con tantos implicados y con una calidad de los mismos por su condición de personas clave en la trama de las organizaciones políticas y sindicales, que envuelve al conjunto de las mismas y, en definitiva, al propio sistema. En esta materia se evidencia que la identidad del poder político español no ha cambiado en absoluto. A las élites españolas nunca les ha sido suficiente para satisfacer su apetito de enriquecimiento el poder y el gobierno de un sistema político liberal, como el que ha venido funcionando en Europa occidental durante dos siglos. Han sentido la necesidad de recurrir a métodos lícitos –legales y en condiciones de igualdad jurídica con rivales semejantes- junto a los ilícitos; denominados ilegales, porque sus beneficiarios se aprovechan de su posición en las instituciones, para echar mano de los recursos públicos, que de acuerdo con la ideología pertenecen a todos. Lo cierto es que solamente pertenecen a los poderosos.
Han pasado ya casi cuatro decenios desde la desaparición del dictador Franco. El sistema político instaurado posteriormente ha gozado de un crédito sin igual por parte de Europa de cara a una transformación en profundidad, no ya de las formulas de gobierno institucionales, sino de las mismas bases humanas y sociales que configuran el Estado español. Europa tiene razones para concluir que su apuesta ha fracasado. España no ha aprendido a comportarse con las formas modernas características de los países avanzados. Corrupción y autoritarismo identifican a sociedades y estados de épocas pasadas. Son los rasgos que arrastra España desde el fondo de su historia, los que la separaban de su matriz europea e hicieron peligrar la pertenencia de este territorio al mundo avanzado.
Pienso que la realidad de la corrupción marca a España de manera indeleble. Es en definitiva reflejo del carácter con el que se constituyó como Imperio y Estado la propia España, factor éste que le ha llevado a primar la espoliación sobre cualquier otra actividad productiva. La espoliación fue en el pasado la prerrogativa de nobleza y clero. Hoy con formas sociales de apariencia moderna –clases medias, trabajadores, políticos profesionales- el espolio tiene lugar desde la posición de privilegio político o social del individuo. Esta realidad representa un serio obstáculo de cara al futuro de España, por incentivar el chanchullo y la imposición de quien se encuentra en posición de ventaja y perjudicar la actividad productiva.
Hay razones para pensar que no existe remedio por la intrínseca condición del mismo Estado español. Erradicar la corrupción no tendría que suponer mayor dificultad en principio. Sería suficiente con la convicción de que son imprescindibles formas de actuación que reconozcan la igualdad del rival en los terrenos de la política y de cualquier actividad social. Igualdad jurídica, se entiende, y disposición a atenerse a reglas de juego pertinentes, que ofrezcan desde el punto de vista legal las mismas oportunidades, aunque se defienda el derecho absoluto de la propiedad. ¡Jamás será aceptado un planteamiento similar por los españoles! Quien tiene el poder tendrá capacidad omnímoda para su utilización y las estructuras del sistema institucional le permitirán zafarse de responsabilidad.
Las élites sociales imponen el sistema, los políticos aspiran a ser reconocidos como parte del mismo. La legislación anticorrupción es papel mojado, porque el cuerpo judicial asume este planteamiento. Aquí radica la gravedad del drama español. En el antiguo sistema foral navarro era conditio sine qua non para ejercer cargos públicos el otorgar una fuerte fianza, que podía suponer la totalidad de la hacienda del implicado. Se afirmaba en el condicionado … “por si llegase a ser condenado”… Se suponía que quien manejaba fondos públicos estaba en condiciones de prevaricar y la colectividad tenía derecho a tomar sus precauciones. Como quien dice, era sospechoso mientras no se demostrara lo contrario. En el actual sistema español lo primero que se oye, cuando aparecen indicios de corrupción es la presunción de inocencia, presunción que se niega a quienes se acusa de delitos políticos.
