¿Es cosa de ahora?

Quien no conoce su historia se ve abocado a repetir los errores del pasado. Si la voluntad de los Austrias fue utilizar la fuerza de las coronas de Castilla y Aragón para construir un imperio europeo, la relación con Cataluña se convierte en una negociación permanente con el rey, a través de las Cortes, para conseguir derechos y libertades para unas instituciones, Consejo de Ciento y Generalitat, más democráticas en la época que el absolutismo de la corona, a cambio de aportaciones económicas para pagar su guerra en Europa. La prioridad de Cataluña, el Mediterráneo, es olvidada progresivamente por la importancia del ingreso económico que las colonias de América suponían para un Estado en permanente quiebra. La situación se mantiene los siglos XVI y XVII.

En 1588 se publican las Constituciones y otros derechos de Cataluña que recopilan por primera vez las leyes y los derechos consolidados del Principado. Es obvia la voluntad de hacer explícitos estos derechos que, como dice Josep Fontana, serviría “para el reforzamiento de las instituciones ante la ofensiva real encaminada a controlarlas cuando estaban en pleno crecimiento…”.

La guerra de los segadores y el Corpus de Sangre de 1640 es una reacción contra la carga económica y social que supone la guerra contra Francia de un Estado que no tiene medios para mantenerla. La revuelta va dirigida contra los representantes de la corona en el Principado. El origen está en la política del Conde Duque de Olivares que a 1624 escribe a Felipe IV: “El negocio más importante de su monarquía es hacerse rey de España… que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla…”. Cataluña se convierte, en este período caótico, parte de Francia de 1640 a 1652…

El retorno de Cataluña a la corona de España implica el filtro de los candidatos a la Generalitat y al Consejo de Ciento por el rey, poder contra el que se sublevan estas instituciones que han pasado a ser sospechosas de lealtad al rey y a su gobierno. La desconfianza mutua crece. La muerte de Carlos II y su testamento que entregaba la corona española a un Borbón lleva a una doble guerra, la europea de Inglaterra y Holanda contra Francia y la española, de Castilla contra Cataluña. Cataluña pierde sus aliados cuando Carlos III se convierte en emperador de Austria y el interés por España desaparece. La derrota de los catalanes se produce con la entrada del ejército francoespañol en Barcelona en Septiembre de 1714.

El decreto de Nueva Planta elimina derechos y leyes catalanas y establece una desconfianza “de esta incorregible gente” como expresa el superintendente del Principado, Patiño, en 1715: “El genio de los naturales es amante de la libertad… Son apasionados a su patria, con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón y solamente hablan en su lengua nativa.” El Consejo de Castella actuó contra “el orgulloso espíritu que revive y domina en el corazón de los catalanes para restituirse a la libertad de los antiguos fueros… el clero la nobleza y el pueblo de Cataluña piensan todos del mismo modo”.

Dice Josep Fontana, “respecto de Cataluña, el papel del absolutismo no ha residido en su eficacia, sino en su impotencia”. A lo largo del siglo XVIII el crecimiento de la población en Cataluña, el incremento de la producción agrícola y el inicio de la actividad industrial consolidan una mejora de las condiciones económicas del Principado a pesar del freno que suponía el Decreto de Nueva Planta.

La práctica de Felipe V y de sus sucesores de vender cargos públicos redujo la eficacia de la organización real mientras que las instituciones ciudadanas creadas en Cataluña, la Junta de Comercio de 1758 y la Academia de Ciencias de 1764, muestran una Cataluña viva que se convierte en un ejemplo para España.

El contraste entre el constitucionalismo catalán y el absolutismo castellano es sustituido progresivamente por la oposición de una sociedad agraria tradicional castellana contra el inicio de la industrialización y el comercio en Cataluña. Un informe de la Audiencia de Cataluña de 1785 denunciaba los riesgos para la estabilidad del Estado, del enriquecimiento burgués y el crecimiento del proletariado urbano.

De nuevo la guerra contra Francia de 1793 requería fondos para financiarla. Se propone la creación de una Junta de la Provincia de Barcelona para organizarlo y canalizarlo. Se deniega, el dinero sí, pero una institución ciudadana, no.

¿Quién puede pensar que las reivindicaciones de Cataluña son cosas de ahora, inventadas por el Sr. Mas que crea un problema inexistente, si es visible una política con base ciudadana que se inicia hace quinientos años y se mantiene constante a lo largo del tiempo?

EL PUNT-AVUI