Contra los reiterados epítetos de “fenicios”, “semitas” o, directamente, de “judíos”, era más perspicaz don Miguel de Unamuno cuando, hace un siglo, apostrofaba a los catalanes: “Levantinos, os pierde la estética”. Pese a tantos tópicos y chistes sobre los catalanes y la pela, los agravios que una gran parte de nuestra sociedad ha ido acumulando con respecto al sistema de poder español son, muy mayoritariamente, de carácter simbólico, o moral, o —dicho a la manera de Unamuno— estético; no se sitúan en el terreno del dinero, sino en los ámbitos del reconocimiento, del respeto, de la dignidad.
Verbigracia, ¿quién se acuerda hoy de cuántos millones de más supuso para la Generalitat el Pacto del Majestic de 1996? En cambio, ningún catalanista ha olvidado el menosprecio de Aznar cuando se negó a discutir sobre “las chapas de los coches” e impuso un sistema de matrículas automovilísticas rigurosamente uniformista que —por cierto— sigue en vigor a día de hoy. ¿Y qué queda, en la memoria colectiva, del trabajado acuerdo de financiación autonómica de julio de 2009? Desde luego, mucho menos que de la promesa incumplida de Rodríguez Zapatero: “Aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”.
Sí, claro que el contexto económico ha actuado como coadyuvante, pero el nuevo paisaje sociopolítico catalán que comenzó a dibujarse en 2010 e hizo eclosión en 2012 no es hijo de la crisis, sino de la humillación. La humillación de ver cómo el fruto de un proceso legislativo impecablemente democrático y respetuoso con todos los trámites legales era escarnecido primero y mutilado después. La humillación de constatar que, desde Madrid, un puñado de jueces de marcado sesgo ideológico pueden poner en peligro políticas lingüísticas acreditadas por la experiencia y avaladas por una inmensa mayoría institucional y social. Esa clase de humillaciones.
Pero el Gobierno de Rajoy sigue convencido de que todo es un problema de dinero. Y, aprovechando la dramática asfixia financiera de la Generalitat —asfixia agravada por los incumplimientos y las tergiversaciones de la Administración central en la materia— cree poder apagar el incendio soberanista catalán con la manguera de las facilidades crediticias y la flexibilización del déficit. EL PAÍS lo resumía en un titular el pasado sábado: “El PP exige a Mas que rompa con ERC a cambio de cesiones del Gobierno”.
No tengo ni idea de si el presidente Mas cederá a la coacción y cambiará de aliados. Sí estoy seguro, empero, de que un chantaje tan ostensible no hace más que aumentar el sentimiento de humillación y, por tanto, el anhelo de divorcio de muchísimos catalanes. Ese millón y pico que salieron a la calle el último 11 de septiembre, aquel 59 % de los votantes que, el pasado 25-N, apostaron claramente por el derecho a decidir, ¿cómo van a reaccionar ante un intento tan grosero de torcer su voluntad democrática y de desvirtuar los programas con los que CiU y ERC conquistaron el primer y el segundo puesto en el escrutinio de hace apenas cuatro meses? Repitámoslo una vez más, porque siguen sin entenderlo: no es desactivando a Artur Mas, ni siquiera a Convergència, como el Estado español resolverá eso que gustan de llamar “el desafío catalán”. Sería preciso restañar antes muchas heridas; y ni la sal del chantaje ni las amenazas de informes policiales son los mejores cicatrizantes…
En fin, es bien cierto que no hay que olvidar el principio de Hillary (“nadie debe indisponerse con su banquero”), formulado por la secretaria de Estado Clinton refiriéndose a las relaciones entre Estados Unidos y China. Sólo que, para Cataluña, el gobierno de España con su Fondo de Liquidez Autonómica es un banquero bastante peculiar. Mientras —hasta donde sabemos— Pequín no compra deuda estadounidense con dinero previamente detraído de los contribuyentes norteamericanos, el ministro Montoro presta a la Generalitat (con un considerable interés) millones de euros que son sólo una parte del drenaje o expolio fiscal del que es objeto Cataluña desde hace décadas. ¿Y, encima, deberíamos estarle agradecidos?
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/04/catalunya/1365101917_417966.html
