Los miembros del Gobierno Puigdemont llegando a la sede de la Audiencia Nacional / SUSANA VERA / REUTERS
La sala de apelaciones del Tribunal Supremo confirmó ayer el procesamiento de los veinticinco líderes independentistas incluidos en la causa que instruye el juez Pablo Llarena sin cuestionar el delito de rebelión, lo que permite a partir de ahora suspender del cargo a los que aún son diputados. De esta manera, la justicia española culmina la ignominia de un proceso contra líderes políticos y civiles independentistas que los tribunales europeos ya han desacreditado. Los magistrados del Supremo no han tenido el valor de contradecir a su compañero, aunque, si se lee entre líneas el auto, admiten que la sentencia les puede condenar por otros delitos. Entre cometer una injusticia y dejar en ridículo a Llarena han elegido la primera opción.
El siguiente paso de Llarena será pedir la suspensión de los procesados que son diputados, es decir, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Toni Comín, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sánchez. De nuevo serán conculcados sus derechos políticos, y por extensión los de los ciudadanos que les han votado, que son cerca de dos millones. El objetivo, tal y como ya dijo la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es “descabezar” el movimiento independentista, dejando fuera de las instituciones a sus principales líderes. Según este modo de ver las cosas, el movimiento soberanista es un suflé animado por unos políticos sin escrúpulos, y por tanto si se les saca de circulación se acaba el problema. ¡Qué grave error! ¿No han entendido todavía las causas de fondo? ¿No son conscientes de que con esta causa judicial el único que están haciendo es demostrar, por la vía de los hechos, los argumentos a favor de la independencia? ¿No ven que los políticos encarcelados y exiliados, si son condenados, acumularán más crédito y autoridad moral? El problema que ahora creen que conjuran se les devolverá multiplicado en el futuro.
Pero si el proceso judicial es injusto e incluso inhumano para los presos y exiliados, también son desastrosos sus efectos para la imagen internacional de España. De hecho, con la insistencia en juzgar a los líderes catalanes por el delito de rebelión, y aún más si hay una condena, se habrá producido el desmembramiento definitivo de la esfera judicial española respecto de la europea. Entre el aislamiento y la integración en una tradición jurídica sólida y fundamentada en una larga tradición democrática habrá optado por este tipo de autarquía judicial que condena a España a ser una excepción, un sospechoso habitual con el que, por ejemplo, no se pueden aprobar las extradiciones de manera automática porque no se cumplen los requisitos mínimos. El mito de la España moderna y homologable quedará de nuevo en cuestión por culpa de un sistema judicial ultraconservador, que actúa como sustituto del poder político y con un espíritu de revancha evidente. Algo se hizo mal en la Transición para haber terminado de esta manera.
Y cuando el Tribunal de Estrasburgo desmonte la causa al igual que lo han hecho los jueces alemanes, ¿quién asumirá las responsabilidades? ¿Quién resarcirá las víctimas? ¿Quién podrá decir entonces que España es un estado de derecho sin mácula? España, una vez más, ha decidido ponerse al lado erróneo de la historia.
ARA
