El domingo 1 de junio de 2014, agentes de la policía local de Madrid detenían a una persona que circulaba en moto sin casco y no había respetado un semáforo. Dio positivo en el control de alcoholemia, con una tasa de 1,12, cuando el máximo permitido es de 0,50 gramos por litro en sangre. El ciudadano en cuestión era el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López, nombrado a propuesta del Partido Popular. Días más tarde, López renunció al TC, pero no se fue a casa, sino que fue a ocupar una plaza de magistrado de la Audiencia Nacional, aquel tribunal de excepción que sobrevivió al franquismo, cuando recibía el nombre de Tribunal de Orden Público. Allí fue apartado del caso Gurtel por sus vínculos con el PP, pero siguió juzgando casos, como el del rapero Valtònyc, a quien condenó a más de tres años de prisión, condena que sólo pudo evitar marchando al exilio.
Todo ello podría parecer una anécdota, pero es un ejemplo de cómo funciona la justicia en España, uno de los tres poderes del Estado que menos depuró su pasado franquista. Esta justicia es la que mantiene como rehenes a los políticos y activistas que hicieron posible el referéndum del 1 de octubre. Imaginemos cómo será el juicio previsto para este otoño. Imaginemos a los presos políticos trasladados de nuevo a España, y trasladados en furgoneta cada día en los juzgados para ser sometidos a un proceso humillante, vejatorio y basado en falsedades y mentiras. Una situación repugnante que durará semanas, meses.
Tengamos en cuenta que después de los juicios y las previsibles condenas -que serán políticas, pensadas como un escarmiento al millón largo de catalanes que volvieron a llenar el calles el 11 de septiembre- la justicia española tiene a su alcance estratagemas judiciales para retener las causas en el Tribunal Constitucional e impedir o al menos retrasar lo máximo posible- el acceso a la justicia europea, la única instancia que puede hacer justicia de verdad con los rehenes catalanes. No lo olvidemos.
EL PUNT-AVUI
