El 27 de octubre de 2017 se declaró la independencia de Cataluña. Conviene recordar esta obviedad para diluir cualquier duda en torno al acto que surgió del Parlamento aquella tarde. No tiene ninguna relevancia jurídica que la declaración no se publicara en el Diario Oficial de la Generalitat, ni siquiera que sus promotores negaran en alguna sede que no hicieron lo que en realidad hicieron. Desde la perspectiva del derecho internacional público la República catalana ya es un sujeto independiente que puede ser reconocido por cualquier otro Estado.
¿Por qué, pues, los diversos gobiernos no expidieron notas de reconocimiento ni se intercambiaron embajadores? Pues porque no se cumplieron los requisitos materiales para la constitución de un nuevo Estado: no se evidenció la soberanía de un aparato de gobierno sobre un determinado territorio y una determinada población y porque el gesto que habría comportado este control y esta reafirmación por parte de las autoridades catalanas, lo que habría sido la oposición física a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, habría significado el estallido de un conflicto de alta intensidad que ni la clase política ni la sociedad catalana, en mi opinión con prudencia y acierto, estaban dispuestas a asumir.
La amenaza de violencia extrema y la falta de apoyos internacionales para resistir esta embestida es lo que frustró la constitución de un nuevo Estado. Pero, en otro sentido, es lo que puso las bases para reforzar la legitimidad de la causa catalana en una próxima fase del proceso de secesión. El ciclo que se inicia el 1 de octubre de 2017 (y, de hecho, unos días antes, el 20 de septiembre) no sólo confirma la consolidación de la reivindicación catalana en términos democráticos sino que también evidencia que el Estado español está dispuesto a violar los derechos fundamentales de una parte de su población para preservar la unidad nacional. La renuncia del Parlamento y del Consejo Ejecutivo, así como también, a pesar de lo que ahora desde algunos sectores se quiera sostener, de las organizaciones de la sociedad civil y de los CDR, a defender la soberanía apenas proclamada, permitió evitar una agresión brutal, pero la vulneración de derechos fundamentales por razones políticas ya se había producido de forma masiva el 1 de octubre y se repitió a partir de entonces con el procesamiento de más de un millar de encausados incluidos los encarcelamientos de una parte de los dirigentes políticos y de los presidentes de la ANC y Òmnium, así como la persecución penal que obliga a otros miembros del gobierno catalán y representantes de la ciudadanía a exiliarse.
El 27 de octubre, pues, marca el punto de inflexión en el que, a pesar de confirmarse que la República catalana no nacerá de la fuerza de los hechos, la causa catalana gana dimensión como lucha democrática y como lucha por los derechos fundamentales de su población. Y es este el camino que hay que recorrer.
Ciertamente, no ha habido ningún Estado que un año después de los hechos haya reconocido la República catalana y no es previsible que ningún Estado lo haga en un plazo breve. Pero es realista pensar que sí podemos obtener las complicidades de algunas democracias liberales que nos abran la puerta para llevar las denuncias de violaciones de derechos ante las instancias internacionales y que vayan perfilando el caso catalán como un caso de derecho a la autodeterminación. Este debería ser el objetivo prioritario del independentismo en una acción diplomática que sólo se puede desarrollar por un ente al margen del derecho español: el Consejo de la República.
En paralelo a esto, el proyecto conjunto que debe integrar el liderazgo político y la sociedad civil en el interior del país debe centrarse en mantener en Cataluña una situación insostenible para el espacio supuestamente liberal democrático que representan España y la Unión Europea. Con un apoyo masivo y sostenido a la independencia en las sucesivas elecciones ordinarias que se celebren en Cataluña, y con la reiteración de las violaciones de derechos por parte del aparato estatal español, surgirá una nueva oportunidad para reclamar definitivamente ante el mundo la justicia de nuestra libertad.
EL PUNT-AVUI
