Dejemos de lado a los navarros miembros de grupos armados muertos en enfrentamientos con la Policía, por explosión de sus propios artefactos y asesinados o “desaparecidos” por los GAL u otros grupos parapoliciales. Nos queda Miguel Iturbide, de 17 años, zugarramurdiarra, acribillado por la Guardia Civil en 1967. Javier Escalada, estudiante pamplonés fallecido en 1970 a consecuencia de las torturas recibidas en la comisaría de nuestra capital. Manuel Andueza, de Bera, muerto en un control también en 1970. Ricardo García y Aniano Jiménez, asesinados por la extrema derecha en Montejurra en 1976. Santiago Navas y José Javier Nuin, a quienes disparó mortalmente un guardia civil de paisano en Doneztebe. José Luis Cano, muerto en 1977 por la Policía Armada en la Bajada de Javier. Germán Rodríguez, abatido por la Policía en Pamplona durante los Sanfermines de 1978. Gladys del Estal, muerta en Tudela en 1979, en una manifestación contra el polígono de tiro de las Bardenas. Mikel Arregi, concejal de Lakuntza, acribillado el mismo año en un control. Mikel Zabaltza, de Orbaitzeta, detenido por la Guardia Civil en 1985 y que apareció muerto en Endarlatsa (Bera) con señales de haber sido torturado. Angel Berroeta, panadero, asesinado por un policía nacional y el hijo de éste, dentro del ambiente de histerismo propiciado por la derecha política y mediática -UPN incluido- en los días posteriores al atentado del 11-M en Madrid. Bastante más espacio necesitaría para glosar a aquellas personas a las que un porrazo o un pelotazo policial o un paso por comisaría o por la casa cuartel les truncó la vida. Todos ellos son víctimas de los que pasa la ley que aprobó el otro día el Parlamento foral. Es verdad que al mundo aber tzale le queda mucho mea culpa por hacer por su insensibilidad ante todos los que han sufrido en sus carnes la violencia de ETA. Su frialdad, sin embargo, parece un dechado de solidaridad comparado con el despiadado desprecio que el constitucionalismo manifiesta hacia las víctimas inocentes del “otro lado”.
